Construcción del Estadio Manuel Murillo Toro: condenan a dos exfuncionarios de la alcaldía de Ibagué

Luego de suscribir preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, y aceptar su responsabilidad en los actos de corrupción detectados en la contratación de las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, los exasesores de la Alcaldía de Ibagué, Orlando Arciniegas Lagos; y del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), Leonardo Alexander Valero González, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Un juez penal de conocimiento los sentenció a 42 meses y 34 meses de prisión respectivamente, al tiempo que les negó cualquier beneficio.

Simultáneamente, el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, recibió aval judicial. El exfuncionario reconoció su participación en los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos; al tiempo que ofreció excusas públicas por comprometer los recursos públicos destinados al sector deporte.

En ese sentido será condenado a 60 meses de prisión. La sentencia se conocerá el 24 de febrero de 2025.

La investigación

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Tolima, estableció que el comité técnico, asesor y evaluador encargado de estudiar las propuestas recibidas para ejecutar las obras de ampliación, adecuación y remodelación del escenario deportivo, y asumir la respectiva interventoría, realizó diferentes maniobras ilícitas para beneficiar a un oferente en agosto de 2014.

En ese sentido, fueron confeccionados los pliegos a la medida de un contratista específico. Ante errores e inconsistencias que lo descalificaban se le permitió corregir, presentar documentación falsa y seguir participando en el proceso contractual hasta que fue seleccionado para quedarse con un proyecto que superó los 13.308 millones de pesos.

Posteriormente, en la etapa de ejecución, fueron avaladas prórrogas que no cumplieron con la debida planeación. De esta manera se otorgaron plazos de 30 días para mejoras, impermeabilización y pintura de las graderías.

Las pruebas obtenidas indican que del mencionado comité técnico, asesor y evaluador hicieron parte Valero González y Arciniegas Lagos, quien previamente pactó una dádiva del 10% del valor total de la contratación para garantizar el direccionamiento y otras actuaciones irregulares.

De los dineros comprometidos en las coimas, el 6% correspondió al alcalde y el 4% a los demás servidores públicos involucrados.

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