Seis niñas han muerto en 2024 por agresión de familiares y otros 1.700 menores fueron violentados

Ante hechos en los que niñas y niños han sido víctimas de variadas formas de agresión, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que cesen las violencias en su contra. 

Sus derechos gozan de protección constitucional reforzada, por lo que es deber de la sociedad, la familia y el Estado, en el marco de la corresponsabilidad, velar para que les sean garantizados, más aún cuando se trata del derecho a la vida. La violencia no puede seguir cobrando la vida de la niñez, aseguró la entidad.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, un caso en la capital del país sucedido días atrás se suma a cinco más de niñas y adolescentes que murieron agredidas presuntamente por un familiar, entre enero y marzo del 2024, en el territorio colombiano.

No son casos aislados, es una realidad en la que niñas, niños y adolescentes (NNA) pierden diariamente sus vidas en diferentes hechos de violencia, perpetrados incluso por su círculo más cercano. 

Por día ingresaron, en el mismo periodo relacionado, aproximadamente 19 NNA a Medicina Legal para que les realizaran valoraciones por violencia intrafamiliar, es decir, alrededor de 1700 menores de edad.

La protección de la niñez y adolescencia está en crisis, cada día son más los hechos que vulneran su derecho a la vida. Los menores de edad deben crecer en entornos seguros y protectores, donde su integridad sea respetada. 

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El 48% de los casos de violencia sexual, igualmente en los tres primeros meses del año, dio cuenta de que el presunto agresor fue un familiar.

De igual forma, en el primer trimestre de la presente vigencia, de acuerdo con Medicina Legal, fueron realizados 4100 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes, lo cual afecta directamente derechos como la integridad, la salud física y mental, el desarrollo integral, entre otros.  

Las violencias en contra de la niñez y adolescencia dejan cicatrices profundas y duraderas en las víctimas. Frenarlas es imperativo, no solo por el interés superior y prevalencia de los derechos de la infancia, sino por el impacto que ese tipo de hechos tiene en las dinámicas de la sociedad colombiana.
 
Las instituciones garantes de derechos de la niñez y adolescencia en el país deben reforzar medidas y políticas institucionales, acciones oportunas, rápidas y articuladas de prevención y protección. 

“Es una obligación del Estado detener las violencias contra tan especial población y propender por garantizar entornos seguros en los que sus derechos sean garantizados integralmente”, puntualizó la entidad en un comunicado.
 

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