Caso Piedad Córdoba: Avances en la investigación de la Corte Suprema de Justicia

La investigación de la Corte Suprema de Justicia continúa avanzando en el caso de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la recepción de pagos ilícitos y la facilitación de contactos entre empresarios colombianos y el gobierno de Venezuela. 

Según informes judiciales, la congresista habría recibido más de un millón de dólares en el contexto de estas actividades, además de disfrutar de lujos y beneficios financieros significativos.

Documentos revelados por la revista Semana indican que entre 2009 y 2010, el empresario venezolano Carlo Balilla Battistini habría financiado diversos gastos en favor de Córdoba y su familia. 

Estos incluyen eventos, publicidad, y viajes, a cambio de la intermediación de la senadora en Venezuela, lo cual resultó en un incremento no justificado de su patrimonio y el de sus familiares más cercanos.

La Corte Suprema investiga también a 13 miembros de la familia de la senadora, quienes estarían implicados en transacciones por cerca de 3.000 millones de pesos. 

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Estos movimientos financieros, según la justicia, generaron ingresos no justificados para la familia de Córdoba, quienes carecían de actividades económicas identificables.

En el centro de la investigación figura también la empresa Led Media Colombia, presuntamente utilizada como fachada por Battistini y Nilton Polanco Lasso, director de la empresa, para canalizar los pagos a Córdoba. 

Esta empresa habría sido creada con el propósito específico de facilitar estos movimientos financieros, incluyendo gastos en eventos, vuelos privados y pagos en efectivo a la senadora, tanto directamente como a través de sus asesores.

Polanco Lasso afirmó que Córdoba recibió un millón de dólares de Battistini para interceder ante el gobierno de Hugo Chávez en nombre de empresarios colombianos, específicamente a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). 

Además, el presunto narcotraficante venezolano Walid Makled García, alias el Turco, declaró que Córdoba cobraba grandes sumas por organizar reuniones entre empresarios y el gobierno venezolano, recibiendo un porcentaje significativo de los contratos logrados como resultado de estas reuniones.
 

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