Universidad del Tolima evalúa impacto económico tras daños causados por encapuchados

La Universidad del Tolima avanza en la revisión de los daños materiales ocasionados por un grupo de personas encapuchadas durante recientes actos violentos en sus instalaciones.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, las pérdidas superan los 400 millones de pesos, cifra que podría aumentar a medida que se consolide la evaluación de las afectaciones.

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la institución encabeza el proceso de valoración y cálculo de los costos de reparación. Hasta el momento, se ha identificado que la destrucción del sistema de control de acceso representa una pérdida de aproximadamente 340 millones de pesos. A esto se suman otros perjuicios en infraestructura que aún están en proceso de cuantificación.

Los daños se concentraron en la entrada principal de la sede central de Santa Helena, donde fueron afectados seis torniquetes de acceso peatonal, sensores para la movilidad de vehículos y personas con discapacidad, dos talanqueras con sus respectivos sensores y varias cámaras de videovigilancia. Además, se reportaron afectaciones en la edificación de la Rectoría y en una oficina de la Facultad de Ciencias de la Educación.

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El vicerrector Administrativo y Financiero, Mario Ricardo López, señaló que las pérdidas económicas incluyen no solo la reposición de los dispositivos dañados, sino también los costos asociados a materiales, mano de obra y reparaciones en distintas áreas del campus. Según López, la cifra total de daños ya supera los 400 millones de pesos.

Ante estos hechos, la universidad ha expresado su rechazo, argumentando que una institución dedicada a la educación, el arte y la cultura no debe ser utilizada como escenario para este tipo de acciones.

También miembros de la comunidad universitaria, entre ellos estudiantes, docentes y egresados, han manifestado su desacuerdo con los actos de violencia registrados.

El profesor de planta y directivo universitario reiteró su condena a los daños causados, subrayando que afectan el patrimonio público y perjudican directamente a la comunidad académica y a la sociedad en general.

La institución lleva a cabo los trámites necesarios para formalizar la denuncia de estos hechos ante las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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