Cerca de 600 profesores advierten que si gobierno interviene Universidad Nacional no darán más clase

Aproximadamente 600 docentes de la Universidad Nacional han amenazado con no impartir clases en respuesta a una posible intervención gubernamental en la institución. 

Esta radical decisión surge en medio de un tenso ambiente político y académico tras la reciente elección de José Ismael Peña como rector, un proceso electoral que ha estado plagado de controversias y desacuerdos.

El pasado 21 de marzo de 2024, José Ismael Peña fue elegido como rector de la Universidad Nacional para el período 2024-2027. La elección, realizada por el Consejo Universitario, que incluye representación del Ministerio de Educación, concluyó con cinco votos a favor y tres en blanco. 

No obstante, este resultado no ha sido bien recibido por todos los sectores involucrados, incluyendo el propio Gobierno Nacional, algunos representantes estudiantiles y destacadas figuras de la comunidad universitaria, quienes han expresado su disconformidad con la legitimidad de Peña para ocupar dicho cargo.

La controversia escaló cuando el Gobierno Nacional designó a Juan David Correa como ministro de Educación ad hoc, ante la inhabilidad declarada por la ministra Aurora Vergara para presidir una sesión extraordinaria que buscaba reconsiderar la elección del director. 

Esta acción ha sido interpretada por muchos, incluido el mismo Peña, como una intrusión en la autonomía de la universidad, ya que se realizó sin una declaración judicial que respaldara dicha intervención.

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La situación se ha intensificado hasta llegar a provocar múltiples jornadas de protestas organizadas por la comunidad universitaria, que se opone firmemente a cualquier forma de intervención por parte del Gobierno. 

Además, el grupo "Libertarios por Colombia" ha iniciado una campaña en Change.org, solicitando 2.500 firmas para formalizar su rechazo a las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento de esta publicación, la petición ha recabado 1.505 firmas.

La campaña incluye una carta enviada a congresistas y líderes de la oposición, advirtiendo sobre las posibles "graves repercusiones para el futuro de la democracia" que podría acarrear una intervención directa en la universidad. 

Además, acusan al actual gobierno de intentar imponer un control ideológico y administrativo sobre el sistema educativo superior del país, a través de iniciativas que incluyen constituyentes piloto y lo que describen como una versión distorsionada de la democracia universitaria, con el fin de consolidar el poder de grupos políticos de extrema izquierda.

Finalmente, los profesores en desacuerdo han expresado su decisión de declararse en desobediencia civil y abstenerse de dictar clases si el Gobierno insiste en imponer un nuevo rector que atente contra la autonomía universitaria.

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