Por: Lorena Beltrán
Según Medicina Legal, entre el 2015 y 2016 se registraron 43 muertes en medio de cirugías estéticas, 35 víctimas fueron mujeres. Eso quiere decir que, en ese mismo periodo, aumentaron un 130% las muertes asociadas a este tipo de procedimientos.
Yo pude haber sido la número 36, y aunque con deformidades y serias lesiones en mis senos, salí con vida del quirófano para contar mi historia, una que se repite silenciosamente a diario en Colombia.
En el año 2014 me sometí a una reducción mamaria por inconformidades con mi salud y mi apariencia física, llegué al consultorio del cirujano Francisco Sales Puccini, por recomendación de una colega. Contrario al imaginario de “eso le pasa por meterse a un garaje”, el consultorio del médico estaba ubicado en un exclusivo sector de especialistas en el norte de Bogotá.
Al ingresar a consulta encontré paredes tapizadas en títulos académicos que lo acreditaban como especialista en cirugía plástica. Entre esos cartones, estaba su título de cirujano plástico emitido por la Universidad Veiga de Almeida, hoy ampliamente cuestionado por la Fiscalía General de la Nación.
A los pocos días del procedimiento, uno de mis pezones se desprendía de la sutura y tomaba un color oscuro, tenía heridas que no cerraban, además, una evidente diferencia de tamaño entre un seno y otro. Me pidió que volviera unos meses después para corregir el resultado, regresé a su quirófano en el 2015 y el remedio fue peor que la enfermedad
Durante al menos un año viví con mis lesiones en silencio, hasta que fiel a mi oficio como periodista, empecé a indagar sobre su título como especialista en una Universidad de Brasil, que ni siquiera tenía Facultad de Medicina.
Durante al menos un año viví con mis lesiones en silencio, hasta que fiel a mi oficio como periodista, empecé a indagar sobre su título como especialista en una Universidad de Brasil, que ni siquiera tenía Facultad de Medicina.
Descubrí que un grupo de médicos que no lograron pasar a esta especialización en universidades reconocidas en Colombia, decidieron tomar unos cursos cortos de estética en Brasil –que ni siquiera son válidos para operar allá- y regresaron aquí para convalidarlos ante el Ministerio de Educación Nacional.
Mientras que otros ciudadanos han padecido trámites engorrosos de hasta ocho meses para alcanzar dicha convalidación, el Ministerio agilizó la diligencia de este grupo de galenos en apenas 13 días.
Cuando la entonces ministra de Educación, Gina Parody, aseguraba que no era irregular convalidar cursos de menos de un mes como especialidades médicas formales, la Fiscalía General de la Nación encontró incongruencias en las acreditaciones de al menos 40 médicos, por lo que realizó imputación de cargos a seis de ellos, por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento en octubre del 2017.
Un año después, Francisco Sales Puccini, su hermano Carlos Sales Puccini, Juan Pablo Robles, Óscar Sandoval, Jorge Nempeque y Ronald Ramos Daza, se preparan para enfrentar el juicio que iniciará en menos de un mes. Su defensa está a cargo del abogado Jaime Granados, quien amenazó con iniciar acciones legales en mi contra después de hacer pública mi denuncia.
Si bien todos los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa, utilizar mecanismos jurídicos para presionar a víctimas y periodistas en beneficio del cliente, se convierte en un intento de censura. Noticias Uno, El Espectador y Publimetro, por mencionar algunos medios, han respondido con más investigaciones ante dichas presiones judiciales.
En mi caso, que no trabajo para un medio de comunicación, instauré una tutela que fue fallada a mi favor, ya que a Sales Puccini no le bastó con desfigurarme los senos, sino que divulgó mi historia clínica sin permiso, argumentando una supuesta defensa, atropellando nuevamente mis derechos como paciente.
En mi caso, que no trabajo para un medio de comunicación, instauré una tutela que fue fallada a mi favor, ya que a Sales Puccini no le bastó con desfigurarme los senos, sino que divulgó mi historia clínica sin permiso, argumentando una supuesta defensa, atropellando nuevamente mis derechos como paciente.
Los intereses de un grupo de víctimas de los médicos que irán a juicio, donde me incluyo, son representados por los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate. Mientras tanto, adelanto un proceso civil de responsabilidad médica contra Sales Puccini, gracias al apoyo desinteresado de los abogados David Sotomonte y Maximiliano Rodríguez.
Por ahora, una exfuncionaria del Ministerio de Educación confesó haber recibido sobornos de más de 20 millones de pesos para convalidar los títulos de otros médicos que estudiaron cirugía plástica en Brasil, Perú y Argentina. Fue condenada a 7 años de prisión, mientras que los médicos a los que benefició con dicho trámite irregular, continúan libres.
Si bien a cuatro de ellos les suspendieron definitivamente sus títulos, actualmente continúan operando, como es el caso del cirujano Cristian Borrero en Pereira. No hay un seguimiento de las autoridades al cumplimiento de dicha medida, por lo que los pacientes que acuden a estos servicios, son víctimas potenciales.
Algo similar ocurre con los 6 médicos que irán a juicio en este mes de noviembre, entre ellos Sales Puccini y Juan Pablo Robles, pues, aunque la juez les prohibió operar hasta que culmine el juicio, continúan ofreciendo procedimientos en redes sociales. Las pacientes llegan a sus quirófanos y allí se enteran que las operará otro médico. De esta forma continúan lucrándose del negocio, pero lavádose las manos para no agravar su situación jurídica.
Los intereses de algunos congresistas que han hecho maromas para dilatar la aprobación del proyecto de ley que busca reglamentar los procedimientos estéticos, hundieron por cuarta vez dicha iniciativa, dejándonos nuevamente sin una legislación clara frente al tema.
Los intereses de algunos congresistas que han hecho maromas para dilatar la aprobación del proyecto de ley que busca reglamentar los procedimientos estéticos, hundieron por cuarta vez dicha iniciativa, dejándonos nuevamente sin una legislación clara frente al tema.
Como lo han querido señalar algunos, no se trata de impulsar una ley que favorezca un gremio de cirujanos y perjudique a quienes no pertenecen a él: lo que exigimos los pacientes es que un médico general con cursos de verano, no pueda practicar cirugías estéticas creyendo que esto corresponde a un entrenamiento médico formal.
Y aunque los casos más conocidos sobre malas cirugías plásticas provienen de médicos no idóneos sin formación suficiente, también existen denuncias contra galenos que, teniendo todos sus títulos formales, han sido negligentes frente a la atención a sus pacientes.
En este punto el papel de las sociedades científicas, como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica –SCCP, ha sido nulo. Si bien dicho gremio no puede cumplir las funciones de un ente regulador o jurídico, debería hacer un llamado a la reflexión ética, a la autocrítica, como un acto mínimo de responsabilidad con los pacientes.
Las muertes en medio de procedimientos estéticos inseguros no cesan, y se normalizan día a día culpando a la ‘vanidad’ de quien se opera y no a la falta de control del Estado, de legislación del Congreso y desde luego, de prevención del propio paciente.
