Hace casi tres meses, Coomeva, una de las más grandes EPS del país tuvo una nueva oportunidad empresarial para salir adelante. La Superintendencia Nacional de Salud aprobó un plan de ajuste y recuperación financiera que presentó la Entidad Promotora de Salud, EPS. Hoy, las metas que tiene que cumplir la compañía, para salvarse, son meteóricas. La revisión de algunos indicadores dan cuenta que las cosas no van tan bien como se pensaba. Sin embargo, sus administradores, sostienen que le van a inyectar más recursos y que adelantan un plan de recuperación para garantizar la atención médica a sus 2.1 millones de afiliados.
La idea empresarial de crear una entidad administradora de servicios de salud nació en agosto de 1995, como un negocio adicional de una cooperativa integrada especialmente por médicos y profesionales del Valle del Cauca. Con la expectativa que generó la Ley 100 de 1993, Coomeva empezó a crecer, inicialmente en el occidente del país y poco a poco se convirtió en una importante entidad a nivel nacional. Sus negocios fundamentados a partir de aportes de sus afiliados creció al punto de ampliarse a diversas actividades como préstamos, medicina prepagada y administración del Plan Obligatorio de Salud, POS, en el régimen contributivo.
Durante dos décadas, las cosas marcharon aceptablemente para Coomeva. Sin embargo, la crisis propia del sector salud derivada en el pago retrasado de obligaciones por parte del liquidado Fosyga, decisiones de algunos jueces que derivaron en altos costos por procedimientos no contemplados en el POS, dificultades en la atención a los pacientes, altos costos administrativos y la inferencia de varios congresistas en la administración de la EPS, empezaron a generar un hueco financiero y asistencial que hoy tiene consecuencias.
Así las cosas, vinieron las malas noticias. El 4 de noviembre de 2016, la misma Superintendencia Nacional de Salud, impuso medida preventiva de vigilancia a Coomeva, por seis meses. Una decisión que se prorrogó hasta el 18 de mayo de 2018. En concreto, el organismo de control determinó 48 hallazgos en cuanto a deficiente prestación de servicios de salud, deficiencias operativas y riesgo financiero. Lo más curioso del asunto es que meses antes la EPS se había comprometido a desarrollar acciones dentro de un plan de mejoramiento derivado de la sentencia T-760 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, que no se cumplió.
Algunos detalles reflejaron la difícil situación de la EPS. Por ejemplo, los saldos de sus cuentas bancarias presentaba una restricción del 80% por concepto de embargos. Su capital mínimo y patrimonio adecuado era deficitario. El incremento de tutelas y quejas creció exponencialmente. También se detectó que realizaba cobro no pertinente de copagos y cuotas moderadoras a los afiliados, frecuente negación de servicios de salud, tiempos que superaban los cinco días en la dispensación de medicamentos ambulatorios, millonarias deudas con las IPS y una cobertura en 216 municipios de los cuales en 113 prestaba servicios de baja, media y alta complejidad.
Con esta radiografía, el caso de Coomeva pasó a ser crónico. Riesgo financiero, en salud y operativo se volvió una fórmula deficitaria en su operación. En este contexto, entre el 4 de diciembre de 2017 y el 7 de diciembre de 2018, se registraron 21 comunicaciones e informes entre la EPS y las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud con el propósito de sacar de cuidados intensivos a la Entidad Promotora de Salud.
Luego de un año de cruce de documentos, la Superintendencia de Salud tomo la determinación de aprobar un plan de ajuste y recuperación financiera que le presentó Coomeva. Con unos compromisos que por los antecedentes no resultan fáciles de cumplir, pero que buscan la salvación para una de las entidades de mayor tradición en el mercado. Según cifras oficiales a diciembre de 2017 la empresa registró una suficiencia en su patrimonio técnico cercana al billón de pesos. En cuanto a sus utilidades en 2017 fueron de -25.499 millones y en 2018 de -8.277 millones.
Con base en estas cifras se aprobó un plan de ajuste y recuperación financiera hasta el año 2024 que fue estudiado por la Supersalud, pero que en concepto de economistas, contadores y médicos expertos en gerencia de salud resulta difícil de cumplir. Por ejemplo, para este año, según el plan financiero conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, este año, Coomeva EPS afirma que tendrá utilidades por $61.023 millones. Para los años siguientes dicha utilidad se incrementa año a año hasta llegar en 2024 a una utilidad de $116.650 millones.
Estas cifras, son las que generan mayor inquietud para los expertos. Esencialmente, porque en años anteriores la EPS no ha cumplido a cabalidad con los planes financieros presentados a la superintendencia. De igual manera, porque en los últimos años ha presentado un ejercicio financiero con millonarias pérdidas. A ello se suma, que desde hace varios meses, se limitó su capacidad de afiliación, tiene menos usuarios y ha sido sancionada por los organismos de control.
En cuanto a crecimiento de usuarios, la perspectiva presentada por la EPS mediante estudios técnicos es optimista. Al cierre del año 2018, proyectó una población neta de 2’937.265 afiliados. Sin embargo, el cruce del más reciente reporte de la Superintendencia de Salud da cuenta que a enero de 2019, el número de afiliados a la EPS es de $2’137.889 en el régimen contributivo.
Un ambicioso plan que contempla crecimiento en los 111 municipios en los que Coomeva EPS opera. Con estrategias como consultorios empresariales, centro de soluciones virtuales, ampliación de horarios de atención en IPS, posicionamiento de marca y nuevas políticas para retención y fidelización de afiliados. De esta forma, en 2019 busca un crecimiento de 137.512 afiliados y para los años siguientes crecimiento anual de más de 150.000 afiliados hasta llegar a 186.871 en 2014.
Otras alternativas son la reducción de costos, disminución la siniestralidad, optimización de los ingresos derivados de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, capitalización de la entidad y mejoramiento de sus inversiones. En el tema de salud, el plan de ajuste indica un mejor desarrollo del modelo de atención, optimización de los indicadores, programas de promoción y prevención, de educación al usuario y gestiones de medicamentos y farmacovigilancia.
Con respeto a las quejas de los usuarios, también la EPS se comprometió a reducirlas significativamente. No obstante, los informes consolidados más recientes, como el del pasado mes de enero señalan que de nuevo se incrementaron. De las 27.958 que se presentaron en el primer mes del año, Coomeva ocupa el segundo lugar con 4.589 y una reducción de afiliados que pasó a 2’091.593 en el régimen contributivo.
A ello se suma, que el pasado primero de febrero, la Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso administrativo que tiene al borde del cierre los servicios de Coomeva en los departamentos de Meta, Cauca y Magdalena. La medida obedece a que el organismo de control encontró para ese momento que la EPS no garantiza la prestación del servicio en esos departamentos. Se trata de una actuación de revocatoria parcial de autorización de funcionamiento, mediante la cual se busca detallar e investigar las quejas que han presentado cientos de usuarios.
En contraste, la EPS señaló que: “Estamos formulando el plan de fortalecimiento institucional, que consiste en que el gobierno nos quite la responsabilidad de los recobros hacia delante y que nos pague lo que nos debe, cerca de un billón de pesos”. La EPS informó además que viene buscando inversionistas nacionales e internacionales y que al respecto se tienen seis alternativas que se están manejando con acuerdos de confidencialidad.
“La premisa es que las deudas deben ser pagadas con plata que vamos a recibir del gobierno, con lo que pongan los inversionistas y con lo que pongamos nosotros. Atención: no estamos vendiendo. En las soluciones que diseñamos la prioridad es seguir prestando servicios. Con una empresa fortalecida, con estados financieros más robustos y proyecciones de crecimiento. El asunto es que hay un grave problema de iliquidez en el sistema de salud. Alarmante. El ministro Carrasquilla ha planteado que se emitan bonos. Eso nos serviría, porque se podrían convertir en plata líquida y que el gobierno pague directamente a las IPS. Ese planteamiento es lo que han llamado “Ley de punto final”. El gobierno está comprometido, pero va muy lento. El tiempo pasa, la deuda crece y cada vez es mayor la exigencia de servicios, medicamentos y procedimientos”, señaló Coomeva.
