En 2018, la Amazonía colombiana perdió 156.722 hectáreas de selva por cuenta de la tala indiscriminada, según el programa MonitorinG of the Andean Amazon (MAAP). Este no es el único problema que afronta el departamento, uno de los pulmones del mundo. A la debacle ambiental de la región, se suman las dificultades sociales y económicas derivadas de las falencias en acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, infraestructura hospitalaria, salud y educación.
Sin embargo, el gobernador Víctor Hugo Moreno Bandeira parece tener otra perspectiva de las necesidades del Amazonas. Un asunto que lo puede poner en el ojo del huracán, porque recientemente solicitó autorización a la asamblea departamental, para efectuar un empréstito por $20.000 millones. El crédito se pagará comprometiendo el IVA y se cancelará con vigencias de los próximos 12 años. Según veedores y funcionarios de su administración, los recursos tienen como propósito, en su mayoría, arreglar ocho calles de la vía Vasquez Cobo, de la capital Leticia y un excedente menor destinado a mejorar redes de alcantarillado.
En contraste, un informe financiero conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, da cuenta de un significativo aumento de los gastos de funcionamiento de la administración departamental. Según el reporte, el incremento fue cercano al 30%, ya que pasaron de $14.541 millones en el 2018 a $21.103 milllones, presupuestados para el presente año.
El departamento del Amazonas es el más extenso del país, pero el menos poblado, con apenas 85.000 habitantes. Tiene dos municipios, Leticia, su capital, en donde viven la mitad de sus habitantes y Puerto Nariño con reducida población. Además posee nueve corregimientos. El impuesto de entrada para los foráneos es de $32.000, se destina al fomento del turismo y a mantenimiento vial. Pese a esta destinación económica es evidente que la vía principal que conduce a Tabatinga para pasar a Brasil por la frontera está en mal estado.
Las quejas de los habitantes del departamento son frecuentes y se replican en los turistas. La principal de ellas, es el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual califican de pésimo. Advierten que el agua no es potable y el servicio es intermitente. Su capital, puede durar varios días sin agua, a pesar de la riqueza hídrica del departamento y de tener el río más caudaloso del mundo. También reprochan la deficiente prestación de los servicios de salud y energía eléctrica. A esto se suma la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico.
Es así como algunas veedurías cuestionan porqué, el gobernador Víctor Hugo Moreno Bandeira, decidió endeudar al departamento por $20.000 millones, comprometiendo vigencias futuras por los próximos 12 años para realizar una obra que se considera no prioritaria.
Paradójicamente, el mandatario regional fue elegido en unas elecciones atípicas hace un año, luego que uno de sus antecesores, Manuel Carebilla fuera removido de su cargo y condenado por sus actuaciones cuando fue congresista al vender cargos públicos, designación de funcionarios y cobro de dineros a cambio, según lo comprobó, la Corte Suprema de Justicia.
El cuestionamiento al mandatario recae en el proyecto de ordenanza 012 expedida el pasado 27 de marzo. Fue suscrito por el secretario de planeación, quien fungió varios días como gobernador encargado, Victor Julio Segura Ruiz. Por medio de la iniciativa, la asamblea departamental autorizó al gobernador a contratar un empréstito, por $20.000 millones, para financiar en la capital, Leticia, la “optimización de redes de acueducto y alcantarillado y reposición de placas de concreto de la vía urbana Vásquez Cobo (carrera 10) entre las calles 11 y 18...” . Una autorización por ocho meses, cuyos recursos serán con cargo a la participación del IVA.
Otro documento que fundamenta el proyecto, consultado por esta Agencia, es la exposición de motivos efectuada por el gobernador a la duma departamental. El funcionario argumenta que los tributos de la administración crecieron frente al año 2017, en un 3%, hecho, que según el mandatario, permite un endeudamiento del departamento por 12 años. Y es que el recaudo en el año 2018 por concepto de los impuestos sobre registro, vehículos, cigarrillos nacionales y extranjeros, cervezas y licores nacionales y extranjeros fue de $7.468 millones y los ingresos corrientes de $101.963 millones.
En cuanto a los compromisos de menor inversión en el año 2018 fueron los sectores de energía, saneamiento básico, vivienda y transporte e infraestructura. Esto a pesar de que aún hay 64 zonas sin interconexión eléctrica, una cobertura de educación media del 34.7% en Leticia y el 19.8% en Puerto Nariño y un déficit de vivienda del 46.2% en la capital y del 59.2% en Puerto Nariño, según cifras de la Cámara de Comercio del Amazonas.
La iniciativa del gobernador tiene enardecidos a varios sectores y pasó de lo económico y técnico a lo político. Es tal el descontento que dejó el empréstito, que incluso el partido Mais, publicó una carta en la que reprochó y desautorizó el voto positivo del diputado de esa colectividad, Jesús Esteban Peña.
Al respecto, el comité ejecutivo de la misma colectividad denunció que el asambleista habría incurrido en una falta grave por ir en contra de la ideología del partido y advirtió que, “Mais está en contra de toda forma de corrupción, y espera los descargos de Jesús Esteban Peña, contrariando las directrices del movimiento, lo cual será objeto de revisión por los órganos de control y directivos”. Así mismo, en otro punto de la misiva afirmó que, “...el endeudamiento sobre vigencias futuras podría generar un perjuicio patrimonial para el departamento del Amazonas”.
Pero el Mais no es el único inconforme con el millonario endeudamiento. Voceros de veedurías ciudadanas han cuestionado incluso la legalidad del empréstito, pues aseguran que en virtud de la ley 819 de 2003 se establece que las asambleas y concejos deben abstenerse de autorizar en el último año de gobierno comprometer vigencias futuras.
A ello se suma que el proyecto no contempla ni los planos, ni los diseños del plan maestro de acueducto realizados por el viceministerio de agua y Findeter. También se reprocha que se hubieran pignorado estos recursos del IVA, pues no es un impuesto fijo, ni ascendente, que tiene variaciones de acuerdo a las regulaciones del gobierno nacional.
A Víctor Hugo Moreno Bandeira, gobernador del Amazonas le restan ocho meses de mandato. Pese a que esta Agencia le envió un cuestionario con varios interrogantes sobre el tema, se abstuvo de responder las preguntas.
El mandatario departamental tiene tradición política. Fue congresista del partido Liberal en el periodo 2010 – 2014. Ganó el mandato, a finales de abril del año pasado en unas elecciones atípicas para administrar por un período de 18 meses. Cifras de la Registraduría señalan que obtuvo una votación de 5.889 sufragios, que no superó el 20% del potencial electoral del Amazonas.
En perspectiva, varios sectores políticos del departamento, afirman que ya hay movimientos que indican que quiere postular como sucesor a su primo Erick Alejandro Peláez, quien buscaría el aval del mismo partido. El otro candidato que hasta el momento goza de la aceptación de los partidos Centro Democrático y Conservador es el médico, Jesús Galdino Cedeño. Se afirma que la nueva cita electoral de octubre, otro de los candidatos será el exalcalde de Leticia, Jhon Alex Benjumea, quien contaría con el respaldo de una buena parte de los indígenas que en dicho departamento representan el 42% de la población.
Es la historia de otro mandatario regional en entredicho, quien con el beneplácito de la asamblea departamental y adportas de dejar el cargo, compromete millonarios recursos por los próximos 12 años, de uno de los departamentos más alejados, con poca atención del nivel central y sumido en la pobreza y múltiples conflictos ambientales.
