El 30 de enero de 2009, el ministerio de Ambiente otorgó una licencia ambiental a la Promotora de la Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango SA ESP. De esta manera, se dio inicio a la construcción de la central generadora de energía más grande del país. Con ello, se empezaba a cumplir el anhelo de visionarios que cinco décadas antes habían concebido la megaobra. Sin embargo, lo que parecía un símbolo de alta ingeniería y modernización, se convirtió en lo que podría ser la catástrofe ambiental más grande de los últimos tiempos en Colombia.
Formalmente, los trámites para la aprobación de la licencia ambiental se iniciaron el 29 de diciembre de 1999. Ese día la empresa radicó un extenso documento con las características de la obra. Una década después, el 30 de enero de 2009, Martha Elena Camacho Bellucci en su condición de directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales Encargada, expidió una resolución de 59 páginas y en 38 artículos, mediante la cual otorgó la licencia ambiental.
En concreto, autorizó la licencia para las fases de construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico denominado “Pescadero-Ituango”. Una obra localizada en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, poblaciones ubicadas en el departamento de Antioquia.
La licencia entregada, también permitió la construcción de una presa localizada 600 metros arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca y su desviación temporal mediante dos túneles y sus vías de acceso. De igual manera, impuso a la sociedad una serie de obligaciones ambientales, protección a la fauna, de aprovechamiento, vertimiento de aguas, calidad del aire y ruido, excavaciones, con la condición de cumplir con un estudio de impacto ambiental.
Así las cosas, un año después, la Sociedad Hidroituango suscribió un contrato con Empresas Públicas de Medellín, EPM, para la construcción del proyecto. Un convenio en el que EPM se comprometió a efectuar las inversiones correspondientes y poner en funcionamiento la obra para transferirla de nuevo a la Sociedad, luego de 50 años de operación. De esta forma, se acordó que empezaría a funcionar a finales del 2018 con un compromiso de generar energía para garantizar la suficiencia del país, en momentos en que las reservas de petróleo son de 4.7 años y de gas 11.2 años.
Un megaproyecto que a la fecha le ha costado al país $5.4 billones de pesos y que requiere inversiones adicionales por otros $3.3 billones.
Un megaproyecto que a la fecha le ha costado al país 5.4 billones de pesos y que requiere inversiones adicionales por otros 3.3 billones. De hecho, se firmó un crédito hasta por 1.000 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para financiar una obra que busca generar 2.400 megavatios de energía y cuya presa tiene la capacidad de almacenar 20 millones de metros cúbicos de agua.
En el papel y en el terreno todo parecía ir bien. Desde el inicio de las obras el proyecto se promocionaba como el más revolucionario de los últimos tiempos en el país. “Hidroituango será la generadora más grande del país y una comercializadora de energía altamente competitiva en el mercado nacional e internacional”, señala la empresa en su visión de negocio. Sin embargo, tras la promocionada obra, empezaron a evidenciarse múltiples situaciones que dieron cuenta que la situación era otra.
El proyecto comenzó mal desde su misma concepción. Una revisión al expediente ambiental muestra que se expidió el Auto 432 del 6 de junio de 2001. Mediante este acto administrativo el subdirector de licencias del ministerio del Medio Ambiente inexplicablemente exoneró a la empresa dueña del proyecto de presentar un documento trascendental, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Un estudio clave para determinar la magnitud del proyecto y si el lugar en donde se pretendía ejecutar una obra de tal dimensión era la más idónea y la que menos impacto ambiental podía registrar.
En este sentido, se encontró que se subestimó la magnitud del proyecto porque no se evaluaron las condiciones reales de las dimensiones de la obra, en otras palabras, que para la expedición de la licencia ambiental no estaban los diseños definitivos para el proyecto ni sus características y efectos. Curiosamente se evidenció que entre el estudio de prefactibilidad que presentó Hidroituango, los informes técnicos que dieron origen al Auto de 2001 y la licencia ambiental del 2009 hay modificaciones sustanciales que no están soportadas técnicamente.
Para citar un ejemplo cambiaron las características técnicas del volumen de la presa. Mientras que en el estudio de prefactibilidad y los informes técnicos 163 y 427 de 2001 el volumen contemplado era de 4.45 millones de metros cúbicos, la licencia ambiental terminó autorizando 16.3 millones de metros cúbicos. De igual manera sucedió con la infraestructura en Ataguía, Preataguía, vertedero y obras de desviación cuyos valores se cambiaron sustancialmente dándole a la obra una capacidad que no tenía.
Adicionalmente, se encontró que en los estudios de factibilidad se contemplaron varias alternativas de diseño en un único sitio, sin embargo, no se sustentó el por qué de su ubicación sin tener en cuenta los enfoques social, ambiental y técnico.
Adicionalmente, se encontró que en los estudios de factibilidad se contemplaron varias alternativas de diseño en un único sitio, sin embargo, no se sustentó el por qué de su ubicación sin tener en cuenta los enfoques social, ambiental y técnico.
Pero las inconsistencias en las entidades ambientales fueron factor determinante para lo que actualmente está sucediendo. De hecho, la licencia que se aprobó en 2009 empezó a registrar modificaciones significativos. Registros de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA dan cuenta que desde esa fecha hasta el 26 de marzo de 2018 se han presentado 20 modificaciones de la referida licencia. En esencia, con el propósito de efectuar otras actividades, por seguimiento de las labores o para ampliar el plazo de la obra en cumplimiento de requerimientos ambientales.
Desde entonces quedó claro que la obra registraba dificultades. Por ejemplo, el primero de octubre de 2009 se aprobó la primera modificación que tuvo como propósito efectuar obras y realizar actividades en la materia. Trámites que requerían estudios complementarios en Corpourabá y la misma Anla.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó los documentos que sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, reposan en el ministerio de Ambiente, la Anla, EPM, la Contraloría General, Procuraduría, Corantioquia, Corpourabá y la sociedad Promotora de la Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango SA ESP.
Lo evidente, es que las dificultades de la obra no son de ahora. El 25 de agosto de 2012 técnicos efectuaron una visita a la obra con preocupantes hallazgos. Ese día detectaron que se había construido un túnel y tres depósitos sin autorización. Por ello, se recomendó suspender las actividades de operación del túnel y abrir investigación por la realización de actividades no autorizadas en la licencia ambiental. Incluso, para llegar a esta conclusión hubo un enfrentamiento entre operarios y funcionarios de la Anla a quienes no se les permitía el ingreso para verificar el estado del túnel, argumentando razones de seguridad. Llama la atención en este caso que la medida preventiva que había impuesto la Anla fue levantada por la propia entidad meses después y el proceso sancionatorio por esta causa solamente fue iniciado el 8 de abril de 2014, es decir 17 meses después.
Al año siguiente, entre los días 10 al 15 de abril, nuevamente se evidenciaron fallas en la obra. Esta vez se suspendió la operación del relleno efectuado sobre la quebrada Tenche, el tránsito de personal, vehículos y maquinaria, porque incumplía con lo acordado en la licencia ambiental y se volvió a presentar la misma situación. La medida preventiva fue levantada dos meses después y el proceso sancionatorio se inició casi un año después.
No se había iniciado el proceso sancionatorio cuando otra visita a la obra detectó nuevas inconsistencias. Esta vez, porque no estaba cumpliendo lo contemplado en la licencia ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos, así como el aumento del caudal de captación hídrico, situaciones registradas en el relleno sanitario Bolivia y la fuente hídrica río San Andrés.
En 2016, producto de una visita que hicieron los técnicos entre el 5 al 7 de octubre de 2015 y el 11 al 13 de noviembre de ese año, se detectó que con el desarrollo de las actividades constructivas en la vía a Puerto Valdivia-Presa, se estaba afectando la cobertura vegetal y el suelo en los taludes de la vía. Para ese momento se advirtió, lo que efectivamente sucedió a mediados de esta semana y es que con esta situación se estaba poniendo en riesgo la afectación del recurso hídrico en el río Cauca. La medida preventiva fue impuesta a comienzos de 2016 pero el proceso sancionatorio se inició siete meses después. Con un elemento adicional, la Anla a agosto de 2018, no había remitido a la Procuraduría dichas sanciones para que esta pudiera iniciar las indagaciones disciplinarias correspondientes. Como si fuera poco, estarían a punto de prescribir.
Una situación no advertida que se agrava por el entorno en donde se desarrolla la obra. De hecho, datos del Centro de Memoria Histórica, refieren que en la zona de Hidroituango y municipios aledaños se venía presentando una amplia conflictividad como quiera que durante las tres últimas décadas se han registrado al menos 80 masacres. Existen además cerca de 800 investigaciones en Fiscalía.
Una situación no advertida que se agrava por el entorno en donde se desarrolla la obra. De hecho, datos del Centro de Memoria Histórica, refieren que en la zona de Hidroituango y municipios aledaños se venía presentando una amplia conflictividad como quiera que durante las tres últimas décadas se han registrado al menos 80 masacres. Existen además cerca de 800 investigaciones en Fiscalía por desplazamiento forzado y según la Defensoría del Pueblo grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas confluyen en una zona que además es atravesada por más de once fallas geológicas que afectan el entorno de al menos 26.000 familias que viven en inmediaciones del río Cauca.
Justamente, uno de los principales problemas que se han detectado por diversos organismos y que han sido parte de la difícil situación presentada en las últimas semanas, es que la empresa efectuaba algunas obras y luego solicitaba a la Anla la modificación de la licencia ambiental. Para citar uno de los varios casos detectados y que es considerado de mayor trascendencia fue la obstrucción definitiva del Sistema Auxiliar de Desviación cuyas fallas se hicieron evidentes en abril de 2018 porque se transformó en una obra principal que reemplazó los túneles de desviación del río Cauca. Lo particular del asunto es que la modificación se aprobó el 30 de septiembre de 2016 pero en realidad la obra se había iniciado en agosto de 2015.
Al respecto, un detalle adicional complica su estado actual. Resulta que la Anla no cuestionó que la sociedad cambiara el modelo de desviación del río Cauca de dos túneles a un túnel, éste último con una sección y una capacidad hidráulica menor al que estaba aprobado en la licencia.
Pero las advertencias en el sentido de que la obra presentaba deficiencias también fueron señaladas por autoridades locales y los representantes de 12 municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Al respecto, denunciaron que la sociedad y EPM impusieron decisiones sin consultar y concertar con los pobladores de la región. También que desconocieron los riesgos planteados por la población generados en su conocimiento empírico de la región, además aumento de accidentes sobre la vía, voladuras y detonaciones sin previo aviso, deforestación exhaustiva y migración de las especies de fauna a los centros poblado. De igual manera expresaron múltiples inconsistencias en la indemnización a las comunidades.
De la misma forma, 26 autoridades territoriales, entre alcaldes, secretarios de gobierno, planeación e infraestructura y personeros denunciaron que la obra había generado un caos en la zona en materia social, económica y ambiental. Pues se registraban desde migraciones masivas, pérdida del valor de sus viviendas, aumento en el precio de víveres y medicamentos por el desabastecimientos de estos ante el cierre de las vías de acceso. Y lo que es más preocupante, que la sociedad nunca les advirtió sobre la existencia de posibles riesgos y amenazas asociadas a una posible falla de la presa.
Lo demás hace referencia a fallas en consulta previa a las comunidades indígenas, modificaciones al plan de inversiones, la delimitación y definición de áreas de influencia del proyecto, el aprovechamiento forestal y el manejo de especies amenazadas. A ello se suma que a los organismos de control como Procuraduría y Fiscalía han sido compulsados 29 componentes disciplinarios y 8 penales.
a los organismos de control como Procuraduría y Fiscalía han sido compulsados 29 componentes disciplinarios y 8 penales.
Una responsabilidad que ha trascendido también al sector privado como quiera que se ha cuestionado la labor de la firma auditora Deloitte, contratada por el ministerio de Minas. Al respecto un documento oficial señala que: “la revisión realizada por la auditoría externa Deloitte contratada por Minminas, carece de rigurosidad y no presentó la información que correspondiera a la realidad del proyecto, especialmente frente al cumplimiento ambiental”. De la misma forma, se indaga la actuación de la firma Ingetec en cuanto a sus conceptos técnicos frente a la solicitud de modificación de la licencia ambiental para la construcción del sistema de desviación del río Cauca.
Frente a los cuestionamientos, Jorge Londoño, gerente de EPM, ha señalado públicamente que el proyecto no se va a frenar, que se está superando la contingencia, que van a efectuar las reposiciones de peces, que se está mitigando la afectación ambiental y que para la recuperación del proyecto faltan al menos dos años y medio. No obstante, en el corto plazo, los próximos días serán claves para determinar si lo sucedido en los últimos meses puede ser superado definitivamente con los ajustes que se han venido realizando por parte de la empresa o si se trata de paños de agua tibia.
La imagen más significativa de lo que está pasando con el proyecto fue la mortandad de peces ocasionada en el río Cauca, a mediados de la semana, también, la inestabilidad del terreno, son claras señales de que el hombre tiene una deuda con la naturaleza. Ya se estudia declarar emergencia ambiental. El megaproyecto de Hidroituango, el más importante en la historia del país tiene todavía un largo recorrido, muchas explicaciones que dar y múltiples asuntos por revelar.
Así se observa a esta hora el vertedero de agua de Hidroituango hacia el #RíoCauca pic.twitter.com/Ld7L49AMkP
— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) 9 de febrero de 2019
