El pasado 7 de febrero, se cumplieron los primeros seis meses de gobierno del presidente Iván Duque. Un semestre, en el cual las expectativas giraban entorno a cómo iba a plantear la política de seguridad que hizo popular a su mentor, Álvaro Uribe. Un periodo significativo en donde los indicadores, resultados operacionales y hechos del sector demuestran que aunque se han presentado avances con la nueva dinámica de la tropa que está en el terreno, se espera que mejore en reducción de homicidios, hurtos, producción de droga, extorsión, erradicación de cultivos y desarticulación de los Grupos Armados Organizados, GAO, que actualmente son la principal amenaza del país.
Según registros del ministerio de Defensa, cuando se inició el gobierno del presidente Iván Duque, los indicadores mostraban que el incremento de homicidios llegaba a un 6%. Así las cosas, en los últimos doce meses, la tasa de muertes llegó a 25.8 por cada 100.000 habitantes. Las cifras indican que en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 7 de febrero de 2019 se registraron 1.211 asesinatos, una cifra menor a la del mismo periodo en 2018, cuando se presentaron 1.380 casos, es decir, una disminución del 12%.
Antioquia, lidera esta estadística, seguido por Valle, Bogotá, Cauca y el departamento del Atlántico. Cifras de la organización InSight Crimen a 2018, señalan que Colombia en materia homicidios está a nivel de México y Brasil. Los indicadores reflejan que el país registró un leve repunte de la violencia como quiera que el año pasado se presentaron 12.311 homicidios, cifra superior a 2017 cuando se registraron 11.381.
Un panorama preocupante que evidencia que seguimos siendo un país violento. En el caso de las lesiones personales pasaron en el mismo periodo de 15.215, a 10.704, registrándose una disminución del 30%.
Un panorama preocupante que evidencia que seguimos siendo un país violento. En el caso de las lesiones personales pasaron en el mismo periodo de 15.215, a 10.704, registrándose una disminución del 30%.
Otro de los delitos de mayor impacto en la población y que aumenta la percepción de inseguridad es el hurto en diversas sus modalidades. En todas se registra una disminución, según las cifras oficiales. Hurto a personas, residencias, comercio, automotores y motocicletas siguen afectando a los ciudadanos. El de mayor incidencia es el hurto a personas, seguido por hurto a residencias y robo de motocicletas.
En cuanto a la delincuencia organizada, la transición del gobierno Santos a Duque muestra el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con diversas acciones a nivel nacional. También, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Pelusos y los Puntilleros, efectuando operaciones a nivel nacional. Con un agravante y es que en la actualidad su estrategia de atomización se caracteriza por un incremento en el número de hombres, consolidando su accionar a través de las milicias urbanas.
A ello se suma, la identificación de 19 bandas criminales, que operan en varias ciudades del país. Se trata de ejércitos privados, que tienen a su servicio más de 1000 hombres en conjunto y que se dedican al crimen en todas sus modalidades, desde tráfico de estupefacientes hasta oficinas de cobro y extorsión.
A ello se suma, la identificación de 19 bandas criminales, que operan en varias ciudades del país. Se trata de ejércitos privados, que tienen a su servicio más de mil hombres en conjunto y que se dedican al crimen en todas sus modalidades, desde tráfico de estupefacientes hasta oficinas de cobro y extorsión.
En materia de cultivos ilícitos, el gobierno Duque tiene un reto mayúsculo. El departamento de Nariño, por ejemplo, se consolidó como el primer productor de hoja de coca en el país, llegando hasta 40.000 hectáreas en el último tiempo. De igual manera, otras regiones del país como el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, siguen siendo los puntos críticos, no solo en materia de sembrados ilegales sino como eje de operaciones de los denominados GAO.
Pero las preocupaciones en materia de seguridad siguen afectando a los ciudadanos, como quiera que delitos como la extorsión y el secuestro, que se creía que habían desaparecido, han retornado con indicadores que inquietan. Así las cosas, en el caso de la extorsión en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 7 de febrero, se presentaron 427 eventos. Una cifra que contrasta con los 697 que se registraron en el mismo periodo de 2018. Un indicador que aunque positivo para el gobierno porque implica una reducción del 39%, es altamente preocupante por el subregistro y porque la cifra sigue siendo alta.
Con respecto al secuestro, otros registros de las autoridades, conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, reflejan que en el mismo periodo del 1 de enero al 7 de febrero se registraron 13 secuestros en el país. Un indicador que comparado con los 19 plagios que se registraron en el mismo periodo de 2018, muestran una reducción importante del 32%, pero con el accionar del ELN, las disidencias de las Farc y los Grupos Armados Organizados, GAO, prenden las alarmas. Al respecto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha explicado que no se puede permitir que se incrementen los secuestros y precisa que hay muchos secuestros que son de 2 o 3 horas y de inmediato se contabilizan en la estadística.
Quizás la mayor inconformidad del gobierno recae en la incautación de droga que parece ser aún insuficiente. Registros oficiales dan cuenta que la incautación de cocaína en lo que va corrido del año se ha reducido de manera importante.
Quizás la mayor inconformidad del gobierno recae en la incautación de droga que parece ser aún insuficiente. Registros oficiales dan cuenta que la incautación de cocaína en lo que va corrido del año se ha reducido de manera importante, pese a que un decomiso de 2.9 toneladas en el municipio de Livorno y otros cargamentos detectados en Estados Unidos, mejoraron en algo la estadística. No obstante, la meta de decomisos, esta en déficit del 3%.
No menos importante está resultando el crecimiento de los cultivos de marihuana. Si bien se pasó de decomisos de 21 a 29 toneladas, documentos del ministerio de Defensa, advierten que el incremento inusitado del negocio va a obligar al gobierno a tratar el asunto desde una nueva perspectiva. Un debate que se plantea en dos sentidos: la producción legal de cannabis medicinal en Colombia, y la legalización de la misma, en algunos países del mundo.
Una radiografía que muestra también la creciente problemática por el asesinato de líderes sociales. Según la clasificación del mismo ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, existen 21 grupos de líderes sociales, en su gran mayoría representados por las juntas de acción comunal que llegan a 64.000. Según el ministerio, el 63% de las muertes de líderes sociales proviene de los Grupos Armados Organizados.
Como respuesta a este complejo panorama, la decisión del gobierno Duque fue generar una serie de acciones cuyos resultados espera se vean reflejados en el corto plazo. Inicialmente, se diseñó el programa El que la hace la paga. Posteriormente llegó la versión 2.0 del referido programa, luego vino el Plan Diamante 1.0 que se transformó en el Plan Diamante 2.0.
Estas acciones generaron cuatro resultados concretos. Fueron dados de baja alias ‘Rodrigo Cadete’, alias ‘Guacho’, alias ‘Puntilla’, Humberto Mora, y alias ‘David’. Según cifras de las Fuerzas Militares, entre el pasado 7 de agosto y el 7 de febrero han sido capturadas cerca de 3.500 personas que hacían parte de cinco Grupos Armados Organizados y que tenían operaciones a nivel nacional.
Estas acciones generaron cuatro resultados concretos. Fueron dados de baja alias ‘Rodrigo Cadete’, alias ‘Guacho’, alias ‘Puntilla’, Humberto Mora, y alias ‘David’. Según cifras de las Fuerzas Militares, entre el pasado 7 de agosto y el 7 de febrero han sido capturadas cerca de 3.500 personas que hacían parte de cinco Grupos Armados Organizados y que tenían operaciones a nivel nacional.
En materia de homicidios afirma el gobierno, que en 364 municipios no se ha registrado un solo asesinato. En cuanto a la actividad militar, destaca que desde el año 2013 no había ninguna actividad en el Catatumbo. Por eso se llegó a la zona con la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra y se designó al general Diego Luis Villegas, quien, con un grupo de 5.300 hombres busca recuperar la región.
Un modelo que se está replicando en el Bajo Cauca antioqueño, pero que ha generado desplazamiento de estas estructuras a siete municipios del departamento de Córdoba como Montelíbano, Planeta Rica, San José de Uré, Puerto Libertador, entre otros. De la misma manera, se envió al municipio San Jacinto de Urabá, en el departamento de Bolívar, la Fuerza de Tarea Aquiles.
En cuanto a erradicación de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa Guillermo Botero, ratifica que la única forma de evitar que sigan creciendo es volver a la fumigación aérea, así lo planteará en la audiencia pública del próximo 7 de marzo convocada por la Corte Constitucional. Su argumento principal es que si no hay fumigación aérea debe exponer la vida de los soldados y no está dispuesto a hacerlo.
Cifras del programa de radicación de minas antipersona, señalan que el año pasado siete soldados murieron y otros 70 terminaron mutilados. Según el funcionario, se recibieron 23 grupos de erradicadores del gobierno anterior, se pasó a 68 grupos y afirma que: “erradicamos más hectáreas de coca entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018 que entre el 1 de enero y el 6 de agosto de 2018”.
A estos hechos se suma que, un día antes de cumplirse los seis primeros meses del gobierno, el presidente Duque, lanzó su nueva Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. En esencia, se trata de la hoja de ruta para responder a las dificultades que se vienen presentando en la materia. Un documento que en los capítulos de amenazas, seguridad para la legalidad, ejes de transformación estratégica, principios y propósitos de la política y objetivos estratégicos, presenta las directrices a seguir en su mandato.
Sin embargo, ejecutar su nueva política de seguridad parece que no será una tarea fácil. En primer lugar, el presupuesto del ministerio de Defensa, aunque es el segundo después de educación con 33.5 billones de pesos, no parece suficiente. Algunos datos así lo demuestran. La nómina cuesta 15 billones, las pensiones 8 billones, las demandas cerca de 3 billones. Así las cosas para inversión y operación el presupuesto estimado es solo de 10 billones de pesos. A ello se suma, un costoso régimen de seguridad social que cobija a 437 mil miembros de la institución, pensionados y sus familias.
Otro asunto inquietante es que de la Policía Nacional, se van a retirar cerca de 16.000 integrantes de la institución. El asunto obedece a que una decisión del Consejo de Estado redujo de 25 a 20 años el tiempo del retiro del nivel ejecutivo. Ello derivó en una avalancha de solicitudes de salida de la Policía. De hecho, a la fecha se han retirado 5.700 pero la proyección es que en los próximos meses salgan otros 11.000. Por ello, se requiere la incorporación de 7.000 nuevos policías que le costaran al Estado, alrededor de 450.000 millones.
Al respecto, el ministro de Defensa, señaló: “en este momento estamos en el peor de los mundos porque tenemos que jubilar 5.700 personas con unos sueldos que oscilan entre el 75% y el 90% de la asignación que actualmente tienen y vincular a otras personas al 100%”. En otras palabras, se debe alistar más de 1 billón de pesos para tratar de equilibrar el número de policías.
Al respecto, el ministro de Defensa, señaló: “en este momento estamos en el peor de los mundos porque tenemos que jubilar 5.700 personas con unos sueldos que oscilan entre el 75% y el 90% de la asignación que actualmente tienen y vincular a otras personas al 100%”. En otras palabras, se debe alistar más de 1 billón de pesos para tratar de equilibrar el número de policías.
Los retos que se propone el gobierno para mejorar la deteriorada seguridad del país están dirigidos a proteger el agua y la biodiversidad, ampliar la denominada seguridad cooperativa a través de una red de 13 mil tenderos, pasar del control militar al control institucional, a través de programas sociales y a hacer disrupción del delito afectando las economías criminales para desarticular los grupos ilegales.
Aunque las primeras cifras favorecen al gobierno, es evidente que la seguridad en el país está deteriorada. Será entonces, un verdadero reto mejorar no solo las estadísticas, si no la percepción de seguridad de los ciudadanos quienes todos los días son victimas del crimen en sus diferentes modalidades.
