El próximo 21 de marzo se inicia una nueva legislatura. El Plan de Desarrollo y las objeciones a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, que efectuó el presidente Iván Duque, junto con otros proyectos, serán las principales iniciativas a discutir en el Congreso. Sin embargo, dentro del amplio grupo de propuestas, se encamina una que tiene como propósito establecer un régimen especial para otorgarle la nacionalidad colombiana a más de medio millón de ciudadanos venezolanos que estuvieran establecidos en Colombia a 31 de diciembre de 2018.
La iniciativa fue radicada desde el pasado 22 de febrero en la secretaría general del Senado de la República, y numerada con el proyecto de ley 230. En cuatro artículos, la iniciativa modifica la ley mediante la cual se estableció la normatividad para adquirir la nacionalidad colombiana. En concreto, incorpora un literal en el que se establece que los venezolanos que estuvieran avencidados en Colombia, a 31 de diciembre pasado, se les otorgue la calidad de connacionales.
El proyecto señala que mediante esta reforma se va a facilitar la adquisición de la nacionalidad a los inmigrantes venezolanos y precisa que se estableció esa fecha con el propósito de evitar que la promulgación de la nueva ley desencadene una masiva migración de personas que actualmente no se encuentran en el país. También precisa que el término avecindados, se utiliza como una denominación jurídica establecida en el Código Civil colombiano.
En sus artículos 2 y 3, adicionalmente se explica que el régimen propuesto será excepcional y transitorio en razón a que para obtener los beneficios, los venezolanos deben presentar la solicitud desde el año siguiente al día de entrada en vigencia de la ley. La iniciativa ordena, al gobierno nacional que reglamente el régimen especial para la adquisición de la nacionalidad de los venezolanos en un plazo corto en atención a las difíciles circunstancias de esa población en el país y porque el término que el proyecto establece para que los migrantes presenten sus solicitudes es de apenas un año.
Las motivaciones del senador, Andrés García, autor del proyecto, tienen un entorno aceptable en el Congreso de la República y las cifras parecen darle la razón. Una crisis que empezó a gestarse el 20 de mayo de 2018 con la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2015. Comicios que no fueron reconocidos por más de cien países, incluyendo organizaciones como el Grupo de Lima, el G-7, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.
Con un antecedente político y es que desde 2015, la Asamblea Nacional Constituyente nombró 13 miembros principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, sin cumplir los requisitos constitucionales correspondientes. Luego de las designaciones, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, asumió las competencias de la Asamblea Nacional en momentos en que la oposición a Maduro había alcanzado la mayoría absoluta de los escaños en el legislativo.
Un contexto político que derivó en graves afectaciones económicas. Según la encuesta sobre condiciones de vida, Encovi, en 2018 más del 87% de los hogares venezolanos llegaron a indicadores inferiores al estándar de pobreza que establece el Banco Mundial. Otras cifras de ese estudio dan cuenta que el 67% de la población tiene en promedio 11.4 kilos por debajo de su peso ideal y el 76% de los hogares que tienen niños con población escolarizada entre los 3 y 17 años han manifestado que no asisten a clases por falta de comida.
En lo que tiene que ver con violencia, el proyecto de ley del senador, Andrés García, destaca que Venezuela, se ha convertido en el país más violento de América Latina. De hecho, en 2018 se registraron 23.047 muertes violentas, de las cuáles 7.523 se generaron por resistencia a la autoridad, para una tasa de 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Cifras de Human Rights Watch han llegado a la conclusión que Venezuela tiene la mayor crisis migratoria de América Latina de la historia reciente, con un estimativo de migración del país de más de tres millones de personas desde el 2014.
Aquí parte el problema para Colombia. El país se convirtió en el principal receptor de refugiados y es por ello que la iniciativa busca adecuar el régimen legal a estas circunstancias. Según cifras de Migración Colombia, 1’174.743 venezolanos se han refugiado en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2018, de los cuáles 695.496 tienen su situación migratoria definida, mientras que 479.247 no la tienen.
Según las autoridades, expertos en derechos humanos y especialistas en inmigración, los venezolanos en Colombia, tienen una situación jurídica inestable. Se destaca que entre los 695.496 venezolanos que Migración Colombia denomina ‘regulares’, apenas 73.352 tienen visa o cédula de extranjería, al tiempo que 87.494 permanecen dentro del plazo que la ley otorga para estar en el país. De igual manera, según cifras del organismo migratorio, 535.650 venezolanos tienen un Permiso Especial de Permanencia, PEP, que se entrega por 90 días prorrogables hasta dos años.
Ante esta situación, es evidente la readecuación institucional que ha efectuado el gobierno colombiano. Para citar un caso, el ministerio de Educación amplió su capacidad con el propósito de garantizar programas formativos para los niños venezolanos. A enero de 2019 se matricularon 33.000 niños procedentes de Venezuela en los colegios públicos que ofrecen cursos en los niveles preescolar, básica y media.
En lo que tiene que ver con la atención en salud, la Corte Constitucional ha expedido jurisprudencia para que los venezolanos que no tengan situación migratoria definida puedan ser atendidos en urgencias en cualquier IPS del país y para acceder al Sistema General de Seguridad Social, de manera formal, con la presentación de un documento de identidad válido.
Por esta razón, el proyecto establece que la única solución de carácter definitivo que permitirá que esta población, que ya está en el territorio colombiano, tenga acceso a los múltiples programas sociales que está ofreciendo el gobierno es mediante la adquisición de la nacionalidad. Y advierte que analizando el problema en profundidad, el impacto sobre la salud de todos los colombianos, a largo plazo puede ser mayor tanto en términos fiscales como de salud pública, si el sistema de salud no atienden a los inmigrantes como atiende a los colombianos.
Otros estudios internacionales en que se sustenta la iniciativa, referencian el caso de Alemania que en los años noventa restringía el acceso a la salud de los refugiados y solamente les garantizaba la atención en urgencias. En este sentido, un reciente estudio encontró que si el Estado limita el acceso a la salud de los inmigrantes en un principio tendrá que asumir aún mayores después. El referente de Alemania que restringió los servicios, derivó años después un sobrecosto de 375.8 euros por refugiado.
Un caso que llama la atención también es el de David Ricardo un migrante irregular venezolano quien fue actor central de un fallo de la Corte Constitucional con respecto al tratamiento del VIH. Inicialmente, no tenía acceso a su tratamiento, interpuso tutela que se le negó en primera instancia por no tener su situación migratoria definida pero la propia corte tuteló sus derechos. Se argumenta que si hubiese tenido un tratamiento preventivo, los costos para el Estado no hubiesen sido tan altos como lo son actualmente, de allí que se reitere que lo mejor es otorgarle la nacionalidad. En otras palabras, para exigir el cumplimiento de deberes a los migrantes venezolanos hay que concederles derechos.
En términos de empleo, según un informe de Fedesarrollo, la migración de venezolanos puede tener un impacto positivo en el mercado laboral. Fundamenta su estudio que el porcentaje de población migrante menor a 13 años es el 27%, cifra que es superior al porcentaje de la población colombiano menor a 13 años del 23%, gracias a lo cual Colombia tendrá la posibilidad de prolongar su bono demográfico. Y un segundo efecto es el espíritu emprendedor de los inmigrantes que tiene un impacto en la economía, en la medida en que el Estado logre vincularlos a la economía formal, según ha precisado públicamente Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
El congresista Andrés García, justifica la iniciativa en que se debe establecer un régimen rápido y práctico para facilitar a los venezolanos la adquisición de la nacionalidad colombiana como la mejor manera de garantizar sus derechos humanos y que reciban los mismos derechos que otorga la Constitución Política. Destaca además que se busca dar fin a la situación de vulnerabilidad e inestabilidad que afecta a los venezolanos en Colombia y que por diversas circunstancias muchos inmigrantes no tienen la posibilidad de acceder de manera rápida a la ciudadanía colombiana, pero han optado por permanecer de manera indefinida en el país donde necesitan trabajar para sostener a sus familias.
En concreto, el proyecto busca integrar a los venezolanos de manera definitiva en la sociedad colombiana y establecer los incentivos para que puedan tomar decisiones de largo plazo en Colombia como invertir, ahorrar, educarse, establecer sus familias e integrarse de forma normal a la comunidad donde viven, resaltando que requieren la seguridad de su permanencia en el país lo que mejorará su situación y de paso podrán aportar en el futuro al progreso de Colombia.
