Por: José María Daza - Quibdó
Con varias investigaciones penales y disciplinarias en su haber por manejo de recursos, el gobernador de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera culmina su mandato a final de año. Sin embargo, el funcionario busca un reemplazo cómodo. Se trata del candidato Ariel Palacios quien aparece como su más seguro sucesor. Para ello, el mandatario tiene alianza política con el partido Conservador y el representante a la Cámara, Nilton Córdoba, quien tiene una cuenta pendiente con la justicia, pues el exfiscal Luis Gustavo Moreno, al negociar un principio de oportunidad, acordó que delatará al congresista por el denominado ‘cartel de la toga’.
Apropiado de todos los males que aquejan al Chocó desde hace varias décadas, la disputa esta vez es por $300.000 millones que recibirá para gastarlos en 2020 el nuevo mandatario que sea elegido en los comicios de octubre. Un cheque al portador que tiene a la región en una batalla política a la que se sumaron Nigeria Renteria quien cuenta con el aval del partido Cambio Radical y Melesio Quinto, postulante de nuevo en representación del Centro Democrático.
Los candidatos pululan como las regalías y se están postulando para la gobernación además Luis Enrique Abadía, quien es respaldado por el exrepresentante a la cámara, José Bernardo Flórez. Otro candidato es Patrocinio Sánchez quien decidió recoger firmas fuera del departamento y obtuvo el aval del grupo Alianza Democrática Afrocolombiana, que conforma el exsenador Juan Carlos Martínez, entre otros y localmente se ha integrado a esta candidatura también el condenado exrepresentante a la cámara Edgar Ulises Torres.
Así las cosas, el nuevo gobernador del Chocó tendrá vínculos políticos con Juan Carlos Martínez, Ulises Torres, Niltón Córdoba o Astrid Sánchez Montes de Oca, políticos de la región condenados por la justicia o con procesos pendientes de resolver en la Corte Suprema de Justicia. “En el fondo, ellos son los responsables en las últimas décadas de la situación del departamento, siempre están en el poder con sus candidatos”, señaló un veedor ciudadano de la región.
En la alcaldía de Quibdó las cosas son similares. Los aspirantes hacen fórmula con el postulante a gobernador en el Chocó y sus aliados para tener mejores posibilidades de triunfo. En este contexto, el favorito para la gobernación Ariel Palacios tiene como fórmula a la alcaldía a Martín Sánchez, quien a su vez se ha conocido que tiene el apoyo del actual mandatario Isaías Chalá Ibarguen, imputado por la Fiscalía por tres presuntos delitos derivados del manejo de recursos y quien hace un mes recibió el premio al alcalde solidario.
Una contienda local a la que se sumaron Miguel Becerra Asprilla, expersonero de Quibdó quien buscó aval del Partido Conservador pero no lo obtuvo y ahora representa al Centro Democrático. Aspiran además Ari Piñeres por el partido de La U; Cesar García, quien consolidó alianza con el candidato a la gobernación Patrocinio Sánchez, cercano a los congresistas condenados por la denominada parapolítica, Juan Carlos Martínez y Edgar Ulises Torres.
Sin embargo, los candidatos a la alcaldia de Quibdó podrian aumentar porque Rodrigo Córdoba, Andrés Palacios, Harvys Rentería, Ricardo Moreno y Wagner Mosquera, están en diálogos con diferentes sectores y a la espera de alianzas. De esta manera, por ahora, los aspirantes a la Gobernación del Chocó y a la alcaldía de Quibdó serían 13.
Una administración local en la que no cesan los cuestionamientos de la justicia. Por ejemplo, al exalcaldesa Zulia Mena, tiene detención intramural, procesada por presuntos malos manejos en la legalización y compra de terrenos para la construcción de los escenarios. Además, 14 concejales y un diputado tienen medida de aseguramiento no privativo de la libertad, dentro del mismo caso conocido como de “volteo de tierras” al incluir dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, unos terrenos rurales que no llenan los requisitos, para convertirlos en urbanos, según el Juzgado primero penal municipal, que dictó esa medida a petición de la Fiscalía.
Pero más allá de la rapiña política por el departamento y la ciudad, las cosas no mejoran en la región y sigue padeciendo los rigores de la pobreza y la violencia. Con sus 30 municipios levantados en medio de dos mares, en un territorio húmedo, selvático, con preciosos escenarios turísticos y maravillosa gente, que en su mayoría no tienen los servicios públicos básicos.
Solo 17 municipios están interconectados al Sistema Nacional de la Energía Eléctrica, a los demás les llega a determinadas horas la luz a través de plantas diésel, que el gobierno nacional subsidia con este combustible. Actualmente, municipios como Juradó y Nuquí, en el extremo norte del Pacífico colombiano sufren en muchas ocasiones largos períodos sin que funcionen tales plantas generadoras de energía, a pesar de que a Nuquí le construyeron una generadora a través de caída de agua, que casi nunca ha funcionado.
En el más húmedo, lluvioso y con mejores afluentes del país, paradójicamente el agua y sus acueductos son otras de sus graves falencias. Si la capital del departamento, Quibdó, a pesar de la inversión que se realizó en el gobierno de Juan Manuel Santos, le instalaron tubería y lo inauguraron dos veces, pero el acueducto no funciona en esas zonas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó a fines de 2018 frente a 2017, un incremento de 10 puntos en la cobertura del servicio de acueducto en la capital del Chocó, al pasar del 34% en el 2017 al 43.3% en 2018. Lo extraño es que en los últimos años se ha anunciado que la gobernación a través de recursos de regalías contratan, con la cuestionada empresa Aguas del Chocó, la construcción de acueductos. Pero algunos reportes dan cuenta que de los contratados, no hay siquiera un 30% funcionando. “Acueductos como los del Bajo Baudó o Juradó no funcionan, totalmente, habiéndose recibido esas obras “a satisfacción”, denuncia un habitante de la región.
En materia vial el asunto no es menos incierto. Varios funcionarios han gestionado recursos de las regalías pero las obras quedan inconclusas. Un documento del ministerio de Transporte señala que la vía que de Istmina lleva a Condoto, fue adjudicada a unos contratistas de la Costa Atlántica, pagando kilómetro de vía sencilla pavimentada en material de concreto, a más de $4.000 millones. Pero no fue terminada y el contratista se llevó su maquinaria. Otra vía, Yuto a Lloró, igualmente, está a media construcción.
Otro aditamento que refleja la situación del Chocó y sus principales municipios, incluida la capital, es el desempleo. Con el 21,6%, en el trimestre enero - marzo del presente año, el doble del indicador promedio de empleos formales del país. Según el DANE el año 2107 cerró con una tasa de desempleo del 14,2% lo que muestra el crecimiento desaforado de este indicador al aumentar en un año y tres meses un 52,11%, para mencionar solamente la capital del departamento.
A este factor se suma el mototaxismo como alternativa al desempleo. Cada día entran más motocicletas a funcionar en este esquema. Los únicos beneficiados son los distribuidores de esos vehículos. De no ser por ese medio y en razón a que no hay un sistema de transporte organizado, este servicio amortigua tanto la necesidad de la movilidad como del desempleo en Quibdó, que estaría en un 60 o 70%. Según información de las autoridades de tránsito de Istmina, cerca de 2.000 personas actúan en este medio en esa zona.
Un indicador que se ha incrementado, coadyuvado con la persecución a la minería “ilegal”, en la que clasificaron a los artesanos y buscadores de oro para el sustento de sus familias con supuestos comerciantes que se han lucrado de la explotación de metales preciosos a gran escala, situación que afectó la economía del departamento.
El Informe del Banco de la República, Boletín Económico Regional, Zona Occidente, señala que la producción de oro, en 2017, en el Chocó se contrajo en el 42,6% frente a 2016, debido, entre otros, a las restricciones y exigencias legales del gobierno nacional, al pretender combatir la explotación ilegal, pero impactando al minero artesanal, que busca su sustento mediante el sistema de barequeo.
Una situación que ha generado fuerte impacto en el empleo y el desplazamiento de los habitantes de la región. Municipios, como Quibdó, Tadó e Istmina los más grandes del departamento, son receptores de los desplazados de las zonas rurales además de departamentos vecinos, lo cual incrementa la oferta de mano de obra no calificada en medio de un conflicto que no cesa.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo señala, en su último informe, que en este departamento los grupos armados ilegales han confinado cerca de 11.350 personas de 54 comunidades en lo corrido de 2019 en los municipios de Bojayá, Carmen de Atrato y Carmen del Darién, Juradó, Medio Baudó y Río Quito.
Felipe Vernaza Pinzón, defensor delegado para la población en Movilidad Humana, señala que: “El panorama es muy difícil, porque la presencia de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln, que han llegado al territorio, han generado una dinámica de terror en la población étnica generando grandes situaciones de confinamiento. Estamos muy preocupados porque no se le ve una atención específica para tratar de controlar la presencia de estos grupos que generan constantemente confinamientos y amenazas a la sociedad civil.”
En contraste, la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH, graduó en 2018 a 1.337 estudiantes y en este año ya van graduados 304, según la Secretaria General de la institución, Carmen Asprilla. “En muchos casos, estos jóvenes profesionales salen a manejar una moto, porque no hay ofertas para emplearlos, no hay políticas estructurales de apoyo al emprendimiento y como no viene inversionista con capital a generar empleo por las mismas condiciones de violencia, de falta de vías que interconecten el país con esta zona, difícilmente logran un cargo para laborar. Algunos de estos muchachos, los que pueden, van a buscar horizontes a otras tierras, perdiéndose ese potencial productivo para el departamento”.
Y esa oferta de jóvenes sin empleo, sin posibilidades de sustento para ellos y sus familias, se convierte en la leña para el fuego de la violencia. Grupos Armados Organizados (GAO) enfocados en el manejo del narcotráfico y la extorsión, aprovechan de esa situación y han venido generando graves situaciones de violencia al recoger estos jóvenes para su beneficio. Hoy existen combos delincuenciales locales en algunas zonas de Quibdó, allí se marca una frontera invisible donde hay enfrentamientos ocasionales por la defensa o la toma de territorios para obtener recursos económicos mediante la extorsión.
Los pocos propietarios de negocios se han trasladado a otros departamentos ante los niveles de amenazas por extorsión, no aguantan la presión de varios grupos que a diario le piden el pago de “protección” y con una economía restringida precisamente por falta de capital que genere empleo, toman la decisión de irse de la zona, explicó un oficial de la Fuerza Pública.
Actualmente, según informes oficiales, los jóvenes ante la posibilidad de obtener recursos fáciles, para tener zapatos deportivos o ropa de marca, se venden a estos grupos ilegales, asumiendo todos los riesgos habidos, pero sabiendo que tienen un ingreso. La violencia genera desplazamiento y confinamiento de las comunidades afro e indígenas dada la vigencia de las autodefensas, hijas del paramilitarismo. “La reactivación de estos grupos que se han dedicado a tomar y recuperar tierras presionan y actúan violentamente con estas comunidades indefensas que reciben la visita de las autoridades, para la foto, se van y sigue la misma situación los violentos imponiendo su ley”, Indica un informe de la organización social del Chocó.
Obispos de Tadó – Istmina, Quibdó y Apartadó se han pronunciado en relación con la grave situación de orden público, especialmente con el reclutamiento de jóvenes para sus actividades. La misma Defensoría ha emitido varias alertas tempranas sobre el mismo tema y aun así, ese estado de violencia contra las comunidades continúa debido a la poca atención del gobierno nacional en esta materia.
Todo esto se refleja en cifras como el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) promedio en el Chocó. Según información del Departamento Nacional de Planeación, DNP, está en el orden promedio del 79,2%, con municipios, para ejemplarizar, como el Alto Baudó cuyo NBI es del orden del 100%. No hay carreteables, solo el río Baudó sirve de vía de desplazamiento, no hay energía, no hay acueducto, menos alcantarillado, la cobertura de la telefonía celular es mínima y las condiciones de vivienda son lamentables.
Adicionalmente, el Dane, en su informe sobre el aporte de las regiones al Producto Interno Bruto, PIB, señala que el Chocó tuvo un comportamiento negativo en su actividad económica en un -5,7% en 2018 comparado con 2017.
Es el panorama de lo que sucede en el Chocó actualmente, en el inicio de una nueva campaña en donde la clase política de siempre empieza a afrontar una enconada lucha interna por no perder el poder y los beneficios económicos que de allí se derivan.
