Seis meses después de terminar su carrera judicial de más de tres décadas, luego de ser destituido e inhabilitado por once años al ordenar interceptaciones cuestionadas en el caso Gürtel, entramado de corrupción entre partidos políticos, Baltasar Garzón, el juez español que saltó a la fama mundial el 16 de octubre de 1998 tras ordenar la captura y prisión del exdictador chileno Augusto Pinochet, creó ILocad -Internacional Legal Office for Cooperation and Development.
Es un bufete de abogados que nació en junio de 2012 y que en sus primeros cinco años logró facturar 14 millones de Euros, según cifras del Registro Mercantíl de España. Un monto significativo al que hay que adicionarle lo obtenido el año pasado y el actual.
Tanto el abogado como su exitosa firma se publicitan a través de sus medios digitales como defensores de la promoción de los derechos humanos, las causas imposibles y su experticio en tribunales internacionales.
Paradójicamente, Baltasar Garzón, hoy es el defensor de Alex Nain Saab Moran, un colombiano multimillonario, señalado de haber amasado una fortuna a costa del hambre de los venezolanos, entre otros, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Claps, mecanismo oficial reglamentado en ese país para distribuir alimentos a los ciudadanos.
Además, según el indicment de la justicia de Estados Unidos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados de ocho cargos en el Distrito Sur de Florida por lavado de activos en transferencias de cerca de US$350 millones que ingresaron al sistema financiero de ese país provenientes de negocios diversos en Venezuela para la construcción de viviendas de bajos ingresos, entre otras actividades.
El jurista español apenas se recuperaba de Covid-19 cuando se vio abocado a asumir una defensa por la que algunos medios internacionales han detallado, pagó alrededor de US$4 millones.
Saab es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, el gobernante venezolano de izquierda que una parte del mundo califica como régimen dictatorial. De hecho, gobiernos de 54 países y tres estamentos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo no reconocen su legitimidad, a cambio proclaman a Juan Guaidó como presidente encargado.
En este contexto, la estrategia de defensa de Ia firma ILocad está enfocada en demostrar que la captura, solicitud de extradición y proceso judicial de Estados Unidos en contra de Saab es un asunto político y no jurídico. Y con un argumento adicional, la República de Cabo Verde reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. De ahí la permanencia de Alejandro Correa Ortega como embajador de ese país en Cabo Verde y Senegal.
El pasado 12 de junio, cuando Saab fue capturado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral en la isla de Sal, Correa advirtió que el empresario colombiano era un “enviado especial” de Venezuela con inmunidad diplomática y por ello su proceso era una violación al derecho internacional, de soberanía y no de injerencia en asuntos internos de otro país.
A su vez la firma ILocad en un comunicado advirtió: “Muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”.
Una circunstancia que marcó el derrotero jurídico de Garzón y su equipo; acudirá a todos los tratados, convenciones y protocolos de Derechos Humanos firmados y ratificados por la República de Cabo Verde.
Este país insular anclado en el Océano Atlántico y ubicado en el extremo occidental de África, desde la instauración del sistema multipartidista y semipresidencialista de 1991, es considerada la nación más democrática de África y la número 23 en el mundo, según The Economist que publica periódicamente el índice de democracia internacional.
Una condición que va de la mano con su postura en derechos humanos. La República de Cabo Verde ha firmado y ratificado once instrumentos internacionales de garantía y protección de derechos humanos.
Precisamente, este entramado normativo, parece ser el as bajo la manga del exjuez español Baltazar Garzón y su firma ILocad para evitar la extradición de Saab a territorio estadounidense.
Una baraja de opciones del derecho con cartas como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Contra La Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros instrumentos de derechos humanos.
A través de José Manuel Pinto Monteiro, quien dirige el equipo de Garzón en Cabo Verde, reiteró a la prensa internacional que llevará a cabo el proceso impugnando la detención preventiva con el propósito de extradición decretada por las autoridades de ese país, ante ese tribunal con sede en La Haya (Países Bajos), además de la ONU y la Unión Africana.
No es un tema menor si se tiene en cuenta que ILocad se autodefine como un despacho de abogados moderno, novedoso y distinto que, “crece en torno a la figura de Baltazar Garzón, una persona que ha sido juez instructor y que por ello dispone de una visión estratégica de la defensa”.
Así mismo, la firma promociona sus servicios jurídicos y defensa en las áreas penal, civil, mercantil y administrativo, “(...) así como asuntos relacionados con reclamaciones en organismos de derechos humanos y tribunales internacionales, resolución de conflictos y arbitrajes, coordinando así defensas complejas que suponen actuaciones en varios países y diferentes instancias”.
De esta manera, uno de los experticios del exjuez Garzón son los tribunales internacionales. Un hecho que se desprende de su experiencia y de sus posturas.
En 1988 fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España. Allí fue uno de los seis jueces de instrucción de casos sobre terrorismo, narcotráfico, delincuencia económica y financiera organizada, crimen organizado, lavado de activos, extradiciones y crímenes de genocidio y lesa humanidad.
Dos décadas después de trascendentes juicios y sentencias en su país y cuando ya empezaban a soplar los primeros vientos que derivaron en la explusión de su cargo, fue designado en mayo de 2010 como consultor por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya.
Al año siguiente integró el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Luego fue consultor externo de la Misión del Proceso de Paz de la OEA en Colombia, que derivó en un acuerdo con las Farc.
En esa misma época, Garzón asumió un nuevo compromiso internacional. Coordinó la veeduría internacional del proceso de reforma de la Función Judicial en Ecuador.
Por eso, no sorprende que uno de los temas que más publicita como su bandera personal y de su firma ILocad, es la promoción de la protección de los derechos humanos. Una postura desde la que parece desarrollar gran parte de sus estrategias de defensa con miras a los tribunales internacionales.
Es por ello que ILocad, luego de conocer que la justicia de Cabo Verde negó el recurso de habeas corpus, en favor de Alex Saab, cocina otra opción. Podría recurrir a la presentación de una causa en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conformada por once miembros para un periodo de seis años. En atención a lo dispuesto en la Carta Africana sobre derechos humanos, según normas internacionales consultadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Aunque para poder presentar una denuncia por violación de derechos humanos, como lo ha sugerido la firma de Garzón, en sus comunicados, que ha ocurrido con su defendido Álex Saab, se deben agotar los recursos judiciales internos, la comisión africana prevee que, “en determinados casos y en determinadas circunstancias, es posible acudir a instancias internacionales sin haber agotado los recursos judiciales internos, pudiendo citarse, entre otras excepciones” .
Una de esas excepciones es ante el Relator Especial de la ONU contra la Tortura. También cuando el proceso interno se muestre ineficaz o se prolongue sin justificación, resalta un abogado experto en derecho internacional consultado por esta Agencia.
Precisamente, en apartes de un comunicado de ILocad advierte que, “en caso de ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político”, por lo que, “se podrían producir daños a la integridad física y psíquica”, argumentos que serían la antesala para acudir a un tribunal internacional de protección de derechos humanos.
En el comunicado el bufete también advirtió que Estados Unidos mantiene una batalla diplomática contra Venezuela. “Consideramos que esta acción judicial responde a una persecución política de los intereses del poder ejecutivo en su lucha diplomática contra Venezuela. Una batalla que se ha implementado a través de la justicia con acciones judiciales contra venezolanos que se han convertido en un brazo más de la diplomacia norteamericana”.
De esta manera Garzón ha defendido otras causas como la de Mariam Zerouti, una ciudadana marroquí que inició una controversia judicial con sus hijos quienes se llevaron a su marido enfermo a Mauritania.
Pero no todo es probono. De hecho, ha sido cuestionado por la prensa local de su país por asesorar negocios jurídicos que están al otro extremo de su imagen.
Una de sus primeras asesorías después de ser expulsado de la Audiencia Nacional fue al banco DPA en Andorra. El caso se trató de un aparente blanqueo de capitales. La justicia de ese país había decidió bloquear US$200 millones que tenía en esa entidad financiera Diego Salazar, un venezolano, familiar del ministro del petróleo Rafael Ramirez, en la época en que el primer mandatario era Hugo Chavez.
Sin embargo, en el año 2015 el BPA fue intervenido por decisión del gobierno del principado de Andorra, luego de que Estados Unidos iniciara una investigación contra la entidad por lavado de activos del gobierno venezolano e integrantes de la mafia rusa y china.
El kardex de negocios del exjuez tiene otra tapa gris. Una de sus asesorías más polémicas fue la de Ricardo Costa, el otrora secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Señalado por la justicia española como el hombre clave en el caso Gürtel. En enero de 2019, Costa decidió colaborar con la justicia. Un hecho que en España le adjudican a Garzón.
Lo curioso del asunto es que precisamente por este caso fue expulsado de la Rama Judicial de España, Baltasar Garzón. Fue el juez instructor del caso Gürtel y tras seis años de su salida se hizo público por los medios españoles que resultó asesorando a uno de los integrantes de ese entramado de corrupción que sacudió al Partido Popular y a todo un país.
Ni que decir de otra defensa controvertida del jurista. Asumió como abogado de Julián Assange, fundador de Wikileaks, en un proceso ante el tribunal del Reino Unido sobre una solicitud de extradición a Estados Unidos.
Otro de los casos que quedó en salmuera fue la defensa de Sandro Roselli, el exdirigente del Barcelona Fútbol Club. Aunque Garzón ofreció ser su abogado para tramitar su libertad condicional, semanas después un juez instructor decidió iniciar el juicio en contra del exdirigente detenido en mayo de 2017, así que las actuaciones de Garzón como defensor nunca se materializaron.
El debate por las actuaciones del ahora abogado de Saab, siempre son vistas con lupa. El exhombre fuerte de la justicia española además fue objeto de investigación por parte del juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción de España.
Al respecto, la prensa local informó que Ángel Pérez Maura, contrató los servicios de Garzón como abogado porque estaba siendo investigado por supuestamente ofrecerle US$30 millones al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para que le fuera adjudicada a su empresa la construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Quetzal.
Sin embargo, la justicia de España investiga presuntos pagos de Pérez-Maura al comisario José Manuel Villarejo y de este a Garzón.
El polémico exjuez y abogado del colombiano Alex Saab, como hombre público internacional siempre está en el ojo del huracán. Sus defensores aseguran que su saluda de la rama judicial española y posteriores investigaciones hacen parte de una retalización por las decisiones judiciales que tomó en más de 30 años impartiendo justicia contra ETA, narcotraficantes, genocidas y corruptos.
Sus detractores aumentaron desde que dio el paso a litigante y lo ubican como defensor de causas políticas, partidario de la izquierda y no le perdonan que esté recogiendo frutos de personajes vinculados a un mundo que él repudiaba y juzgó con severidad.
