En una carrera de obstáculos se empieza a convertir la elección de fiscal general de la nación. La renuncia presentada por Néstor Humberto Martínez, el pasado 15 de mayo, derivada, según él, por la decisión de la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, de concederle a 'Jesús Santrich' la garantía de no extradición y en consecuencia ordenar su libertad, generó un tsunami en la Casa de Nariño.
La elección de la cabeza del ente acusador se adelantó 15 meses por cuenta de la renuncia de Martínez Neira a quien su periodo se le vencía el 1 de agosto de 2020. Con apenas nueve meses en la presidencia de la Republica, Iván Duque, y en medio de una avalancha de dificultades que han puesto en aprietos a su gobierno, se suma una decisión que por la coyuntura más parece ser un problema que una ventaja.
Y es que más se demoró Néstor Humberto Martínez en anunciar su dimisión al cargo, cuando ya se estaban gestado toda clase de reuniones, pactos, cábalas y presiones para ocupar uno de los cargos más deseados y de mayor poder del Estado. Lo curioso es que quienes ya ejercen un intenso lobby no hay ningún abogado penalista.
El presidente Iván Duque no la tiene fácil. Las relaciones entre las cortes y el gobierno no parecen atravesar por sus mejores días. Luego del episodio del aparente retiro de visas por parte del gobierno de Estados Unidos, interpretado por los magistrados como un mecanismo de presión, se sumó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, modificara su línea jurisprudencial que determinaba que el fuero constitucional se adquiría con la posesión del congresista y no con la elección. Sin embargo, el cambio de postura trajo como consecuencia que el alto tribunal decretara la libertad de 'Jesús Santrich'.
Con un elemento adicional; se hundieron las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, en la Corte Constitucional. Un hecho que en círculos políticos se calificó como un augurio de lo que será la elección de fiscal en la Corte Suprema de Justicia, un camino de espinas por recorrer.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó y contrastó la información con fuentes de la Corte Suprema de Justicia, partidos políticos; personas cercanas al presidente Iván Duque, y a los propios aspirantes quienes desde el momento en que se conoció la renuncia de Néstor Humberto Martínez, empezaron a buscar la bendición del primer mandatario y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La lista de aspirantes que están tendiendo puentes en su intento por llegar a la Fiscalía, la encabeza el exprocurador y hoy embajador ante la OEA, Alejandro Ordoñez. Considerado uno de los máximos representantes de la ideología del expresidente Álvaro Uribe y del Centro Democrático.
Aunque su deseo fue ser presidente de la República, a tal punto que cuando no fue elegido como precandidato presidencial por dicha colectividad, anunció públicamente que buscaría ser candidato por firmas y que propiciaría una consulta popular con candidatos de oposición del gobierno de Juan Manuel Santos.
Ordoñez Maldonado, es abogado de la Universidad Santo Tomás. Su experticia está en el derecho civil y administrativo, fue conjuez, magistrado en Tribunal Administrativo de Santander y en el año 2000 consejero de Estado. En el 2008, con el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos, fue elegido por el Senado como Procurador. En el 2012, logró su reelección en dicho cargo pero ternado por la Corte Suprema de Justicia.
Sectores del uribismo aún le reprochan la destitución de Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro; así como de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y los exdirectores de DAS, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado.
Sin embargo, sus mayores controversias fueron con miembros de la oposición. Es el caso de la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba, que luego revocó el Consejo de Estado. Debate similar generó con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le decretó medidas cautelares frente a la destitución proferida por Ordóñez. Otro de los fallos que le revocó el máximo tribunal de lo contencioso fue el proferido en contra de Alonso Salazar, exalcalde de Medellín.
Sus detractores ven con inquietud su aspiración. Siempre han cuestionado su ideología de ultraderecha, católica lefevrista y en contra de temas como los derechos de la comunidad LGBTI, indígenas, el aborto y la eutanasia.
La más reciente polémica fue su declaración ante la OEA en la que afirmó que la migración venezolana era una estrategia del socialismo para propagarse. A pesar de que el canciller, Carlos Homes lo desmintió, La vicepresidente Martha Lucía Ramirez, calificó estas palabras como un hecho menor.
Otro de los representantes del ala fuerte del uribismo que estaría moviéndose para lograr llegar a la cabeza del ente acusador es el exconsejero de Estado, Marco Antonio Velilla, quien se desempeña como presidente del Comité de Ética, transparencia y disciplina del partido Centro Democrático.
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, su experticio no está en el ámbito penal si no en el civil, comercial y administrativo. De hecho, tiene una maestría en derecho privado de la Universidad de París II, y otra en derecho económico de la Universidad Orleans-Francia.
En los últimos días ha estado en la mira por integrar la junta directiva de Hidroituango y por el rifirrafe que ha mantenido con el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutierrez, frente al tema Hidroituango.
Velilla, fue ternado en 2010 a la Fiscalía por el presidente Álvaro Uribe y en medio de polémica la Corte Suprema devolvió dicha terna, que integraban Margarita Cabello Blanco hoy ministra de Justicia y Jorge Anibal Gómez, abogado del exministro Andrés Felipe Arias.
Una vez finalizó su periodo como consejero de Estado, aspiró al cargo de contralor general apoyado por el Centro Democrático, logró nueve votos en la elección interna de la colectividad que finalmente decidió apoyar al presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.
En su momento, Velilla sonó como favorito para integrar la terna de fiscal ad-hoc en el proceso de Odebrecht. Es cuestionado por integrantes de la oposición por dos asuntos. El primero porque supuestamente dilató el proceso de nulidad de la elección como procurador de Alejandro Ordoñez y por la multa que le impuso el Tribunal de Cundinamarca, luego de no prosperar la demanda que interpuso en contra de la Corte Suprema de Justicia al considerar que se transgredieron sus derechos al devolver la terna enviada por el mandatario Uribe.
De otro lado está el candidato del expresidente Andrés Pastrana, Camilo Gómez, quien se estaría amparando en la vicepresidente Martha Lucía Ramírez para lograr entrar en la terna. Gómez Alzate, actualmente es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Recordado como alto comisionado para la paz, en reemplazo de Victor G Ricardo, en el gobierno de Andrés Pastrana, es una de las personas más cercanas al exmandatario. Fue su secretario privado en la alcaldía de Bogotá, cargo que repitió en la presidencia de Pastrana. En el 2008 aspiró como candidato de la Corte Suprema a la Procuraduría, pero perdió ante Alejandro Ordoñez quien arrasó en la votación en el Congreso.
En el 2016 estuvo en el centro de la polémica luego de que saliera a la luz pública el escándalo de los “Panamá Papers”. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que la filial de la firma Mossack Fonseca en Colombia había sido creada en el año 2009 bajo la directriz de Junger Mossack. Con un detalle adicional, que le otorgaron poder a Camilo Gómez Alzate para que conformará la filial en Colombia y así establecerse en el pais. Así mismo, Gómez se desempeñó como gerente y representante legal suplente de la filial, cargo que ocupó durante siete años. En su momento, el ex alto comisionado de paz, se defendió afirmando que su labor había sido exclusivamente jurídica y que su retiro no tuvo relación con el escándalo.
Dos nombres más se suman, según las fuentes consultadas, a los que están sacando toda su artillería para lograr ser ternados por el presidente Duque. Se trata de Alberto Yepes Barreiro, consejero de Estado de la Sección Quinta, a quien el próximo 7 de junio se le vence su periodo. Es abogadol de la universidad del Rosario, especialista en derecho procesal, constitucional y público y con maestría en el área.
En su experiencia se cuenta labores de docencia universitaria, abogado de la dirección jurídica de Nestlé y asesor y consultor de entidades públicas y privadas. Sin embargo, algunos sectores lo ubican como cercano al exfiscal Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal Jorge Perdomo, quienes en virtud de la compulsa de copias por el tema del ‘cartel de la toga’, realizada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se fueron de lanza en ristre en contra del uribismo.
El otro aspirante es conocido porque en los últimos años se ha postulado a casi todos los cargos. Se trata de Wilson Ruiz Orejuela quien en el año 2008 aspiró a ser Defensor del Pueblo, pero se impuso Volmar Pérez. En el año 2012 fue elegido, por el Congreso, con 174 votos, como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, dignidad a la que renunció en momentos en que se tramitaba la reforma al equilibrio de poderes que eliminaba el organismo.
Luego aspiró a registrador, magistrado de la Corte Suprema, Procurador y recientemente a contralor, sin éxito. Recaló luego en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras. Aspiró a presidente del Partido Conservador pero el elegido fue Ómar Yepes.
Desde hace varios meses ronda al uribismo. Por eso su estrategia parece ser acercarse el senador Álvaro Uribe quien, en su cuenta de twitter, divulgó una de las columnas de Ruíz sobre la conveniencia de una asamblea constituyente.
Finalmente, está el grupo de candidatos considerados cercanos al presidente Iván Duque. El primero es Leonardo Espinosa Quintero, amigo personal de Andrés Duque, hermano del presidente y quien fue elegido el 16 de diciembre pasado por la Corte Suprema de Justicia como fiscal ad-doc de Odebrecht.
De Espinosa se tuvo noticias con la renuncia de Martínez Neira, pues con ello finalizaba la figura del Fiscal Adhoc. Sin embargo, en el informe que remitió a la Corte Suprema de Justicia, solicitó se investigara a los fiscales delegados Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, por supuestas omisiones en el caso en contra de Otto Bula y porque no se registró en debida forma las capturas en contra de directivos brasileños de Odebrecht. Al respecto, el fiscal Hernández ripostó a Espinosa indicando que los señalamientos en su contra son falsos y que le falta experiencia en asuntos penales.
También advirtió que en el proceso en contra de las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, encontró irregularidades y por lo tanto ordenó desarchivar la investigación. Sin embargo, sus detractores lo cuestionaron porque sólo tras conocerse que finalizó como fiscal ad-hoc, hizo esos anuncios, en lo que calificaron como una maroma para mostrar gestión en medios y lograr esta vez, ser elegido fiscal en propiedad.
Espinosa es abogado de la Universidad La Gran Colombia, profesor universitario, Doctor en Cuestiones Actuales del Derecho Español e Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio en Madrid, España. Actualmente, Es el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de donde es egresado el presidente Iván Duque.
Finalmente, se da por descontado que el primer mandatario terne a su mano derecha en aspectos legales. Se trata de Clara María González Zabala, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Es reconocida como una profesional destacada en derecho administrativo y electoral. Asesora de empresas en el sector público y privado, fue también árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. En lo académico directora de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, docente de la Universidad Sergio Arboleda y recientemente efectuó estudios complementarios en España.
Fue abogada de Iván Duque y Álvaro Uribe en procesos del pérdida de investidura en el Consejo de Estado. A ello se suma que trabajó en la campaña presidencial del entonces candidato Duque.
Tambíen fue cercana al fallecido industrial Fabio Echeverry y a su hijo Luis Guillermo. De línea turbayista, tuvo además cercanía con del expresidente Ernesto Samper y el exnegociador de paz, Humberto de la Calle. Dentro del uribismo y otros ámbitos se afirma que su designación como fiscal generaría tranquilidad, pues en su larga y exitosa carrera como litigante ha sido defensora de personajes de movimientos políticos de derecha y de izquierda. No obstante, su relación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es distante.
Dos nombres que suenan en los mentideros políticos, son los de José Félix Lafaurie y el excontralor Edgardo Maya Villazon. Sin embargo, el primero es ingeniero civil y el segundo está próximo a cumplir 68 años, lo que lo dejaría al borde de la edad de retiro forzoso, es decir, 70 años. Los requisitos para ser fiscal general de la nación son los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tener título de abogado y haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial, docente universitario o litigante. El alto tribunal debe elegir de una terna que le enviará el presidente Duque.
“Presentaremos a la Corte Suprema de Justicia la mejor terna que puede tener el país para Fiscal General de la Nación. Buscaremos personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha y comprometidas con la legalidad como un principio para todos los colombianos”, aseguró el presidente Iván Duque públicamente, el pasado 21 de mayo.
