El 2 de septiembre de 2016, cuando apenas llevaba un mes de posesionado en el cargo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entregó una comunicación confidencial de siete páginas al entonces ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño. En la misiva le advertía sobre la grave situación que se estaba presentando en materia de narcotráfico en Colombia y le solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes. Hoy, dos años después de la comunicación, el problema no solo no disminuyó, sino por el contrario, el país está inundado de coca, los traficantes reinventaron su negocio y lo hicieron más rentable.
La advertencia surgió pocas semanas antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Una radiografía que mostraba para ese momento un incremento de los cultivos ilícitos cercano al 40%. Afianzamiento del negocio en Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo, justamente en regiones establecidas dentro del acuerdo como de consolidación de este y de transición hacia una paz estable y duradera. Por eso, la carta del fiscal Martínez, detallaba claramente las fuentes de financiamiento y la criminalidad organizada en el país.
En este contexto se advirtió que existía un grave riesgo de que como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz empezara una nueva forma de perturbación del orden público en esos territorios debido a la lucha de otros actores armados ilegales por cooptar las zonas de normalización que para ese momento ya se evidenciaban.
De hecho, actualmente, cerca de 4.000 hombres de 29 grupos disidentes que operan en gran parte del país y en la zona limítrofe con Ecuador y la extensa frontera con Venezuela, de más de 2.000 kilómetros, están dedicados al negocio del narcotráfico, asociados con narcos puros del departamento del Valle del Cauca. Una actividad con organizaciones atomizadas, sin una estructura poderosa, que se divide las funciones a través de terceros, lo que hace más compleja la actividad y dificulta mayores avances de las autoridades.
Según registros de la Policía Antinarcóticos y de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, son organizaciones atomizadas, con subdivisiones que especializan su actividad en cultivos, producción, transporte, enlace en puertos, comercialización y venta del producto. Un cambio frente a la antigua modalidad del narcotráfico, que tenía un cartel o capo dominante cuya cadena de seis eslabones arrancaba desde los propios cultivos, pasando por la producción, distribución, comercialización, consumo, hasta llegar a lavado de activos.
Por esta razón, señalan los expertos de la Fiscalía, los denominan los narcos invisibles: “Ya no son tan evidentes, tienen unos verbos y un lenguaje rector para el manejo y producción del alcaloide. Insisto, por eso hablamos de las organizaciones atomizadas”. Sin embargo, no dejan de sonar como capos del negocio alias Otoniel o Wálter Arizala, alias Guacho, o cinco narcotraficantes del Valle del Cauca que están en la mira de las autoridades para su captura, de los cuales solo uno está en prisión, entregando información de los demás, quienes han manejado un bajo perfil y pasan desapercibidos para muchas autoridades e incluso en este negocio de la muerte.
A este “club” de discretos narcos, según información de las Fuerzas Militares, se suma también Luis Palomino, alias Juvenal, un disidente de la columna móvil Míller Perdomo, quien maneja cerca de cien hombres en actividades de narcotráfico en la región del Naya. O Ricardo Ayala, alias Cabuyo, quien en el nordeste antioqueño maneja armas y corredores de transporte para los narcotraficantes que exportan cocaína hacia Centroamérica vía Panamá. En materia de manejo de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, junto a una cuadrilla de ochenta hombres, Gonzalo Prado, alias Sábalo, es un disidente del frente 29 de las Farc que maneja cientos de hectáreas de hoja de coca en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas.
En la frontera con Venezuela el panorama no es mejor. Allí está Ernesto Orjuela, conocido con el alias de Giovanni Chuspas, disidente de los frentes 44 y 16 de las Farc y quien maneja el narcotráfico en el estado Amazonas de Venezuela. En esta misma frontera está ubicado Géner García, conocido como John 40, quien además, junto a un batallón de 150 hombresadministra negocios en los departamentos de Vichada y Vaupés. En lo que tiene que ver con la zona sur del país, especialmente el Putumayo y Caquetá, tiene la jefatura en el negocio de las drogas Édgar Mesías Salgado, alias Rodrigo Cadete, disidente del frente 62, unidad Manuel Marulanda Vélez. Operaciones dirigidas por Miguel Botache, alias Gentil Duarte, quien fuera integrante de la mesa de negociación de las Farc en los diálogos de paz. Otros actores del negocio son el ELN y los Caparrapos en el bajo Cauca.
La carta del fiscal Martínez también mostraba preocupación por los resultados de la política de erradicación manual de cultivos ilícitos. De hecho, precisó que el 14 de mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes, aprobó la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual mediante tres estrategias: erradicación manual voluntaria en conjunto con comunidades, erradicación manual forzosa con Grupos Móviles de Erradicación (GME) y erradicación manual forzosa realizada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
Sin embargo, esa política fracasó. A septiembre de 2016 se registraron 345 movilizaciones por protestas y bloqueo de la población campesina. Aparecieron nuevas minas antipersona y munición sin explotar en las zonas de erradicación. A ello se sumó la exposición de personal a las acciones armadas de grupos ilegales y a las enfermedades tropicales, así como la dramática disminución de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), que pasaron de 900 a 200. Por eso se le comunicó al ministro Londoño que la erradicación manual se volvió imposible y que era necesario imponer el orden legal.
Pero mientras los problemas con los campesinos de regiones cocaleras aumentaban y los narcos seguían en atomización, el país crecía en producción de coca. Según cifras de la Policía Nacional, en 2014 se incautaron 90 toneladas de cocaína, en el 2015 se confiscaron 168 toneladas y en 2016 se superaron las 170 toneladas. Y aunque la estadística más reciente da cuenta de que entre 2017 y 2018 se han incautado más de 85 toneladas, parece una cifra menor frente a las 1.400 toneladas de droga que se exportaron.
Un panorama que preocupa, porque según datos del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Policía Nacional, por ejemplo, en el año 2015 la producción de cocaína volvió a los niveles promedio de comienzos de este siglo, estimados en 646 toneladas. De hecho, actualmente los departamentos con mayor producción de coca son Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, para un total de 220.000 hectáreas, según cifras del gobierno de Estados Unidos.
En la carta del fiscal en su momento se solicitó evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. Para ello solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en sesiones posteriores poca atención le prestó a la advertencia de Néstor Humberto Martínez, con consecuencias que hoy saltan a la vista. Con un detalle adicional, denunciado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de agosto, cuando el secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, recordó la importancia del Consejo y denunció que el gobierno anterior lo debilitó.
La grave situación del narcotráfico en Colombia también fue evidenciado el mes anterior por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en su informe “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos” de 2017. El documento resalta que los cultivos de coca llegaron a una cifra histórica, que en departamentos como Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca el incremento fue del 64 %, que el 80 % de la coca se encuentra en las mismas zonas en que ha estado en los últimos 10 años y que actualmente los cultivos producen 33 % más hoja que en 2012. Con un dato final y es que el 33 % de los cultivos de hoja de coca se ubican en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 34 % en áreas que en 2014 eran bosque.
Pero, más allá de lo que está sucediendo en materia de narcotráfico, la mayor preocupación es la forma como se están invirtiendo los dineros de la bonanza de los narcotraficantes. Según un informe del Ministerio de Hacienda, las inversiones de la ilícita actividad se están mimetizando en criptomonedas, en propiedades en Pasto y Popayán, la utilización de figuras como encargos fiduciarios y lo tradicional, como vehículos de alta gama, juegos de suerte y azar y proyectos inmobiliarios. A este factor se suma el lavado de activos a través del contrabando con importaciones de China y negocios de minería ilegal.
Ante la encrucijada que ha generado el poder desbordado del narcotráfico, hay situaciones por resolver. Se estima que de la actividad viven alrededor de 100.000 personas, que el principal esquema de exportación de la droga en Colombia está en los puertos de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla. También hay preocupación por el “liderazgo” que ha adquirido la banda criminal Clan del Golfo. A ello se suma que la producción de cada kilo vale US$4.000 en Colombia, pero al llegar a Estados Unidos supera los US$60.000. Si se trata de Rusia, vale US$100.000 o en Australia US$200.000.
Un fiscal contra el narcotráfico señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) que la mayor preocupación frente a la actividad es que si bien se están impactando las organizaciones, el gran problema es que el negocio se está financiando desde afuera, lo que significa que está circulando más dinero mediante diversos mecanismos. De hecho, señala que en algunos casos de México, Estados Unidos y Europa hay viajes de intercambio entre los narcos para garantizar las operaciones.
“La mayor dificultad para los narcotraficantes es sacar la droga del país, porque una vez llegan a puertos como Amberes en Bélgica, Miami, Nueva York o Texas en Estados Unidos, es prácticamente imposible detectar los cargamentos, por la automatización de los puertos, que no permite detallar entre millones de contenedores cuáles van cargados con cocaína”, puntualiza el fiscal.
Con otro asunto más preocupante y es que actualmente la Fiscalía General de la Nación, a través de la delegada para el narcotráfico, está manejando 2.550 casos representativos de narcotráfico, para los cuales tiene dispuestos 41 fiscales de una planta total del ente acusador de 5.200 de este tipo de servidores. No obstante, cada fiscal está manejando cerca de 60 casos contra grandes organizaciones de narcotraficantes y se les ha dado prioridad a 150 casos.
Pese a la reducida nómina de fiscales especializados en el tema, en los últimos meses se han dado importantes golpes a los narcotraficantes. Por ejemplo, se detectó la historia del narcobús con destino a Ecuador, el caso del denominado narcojet, la incautación de 14 toneladas en Carepa y Chigorodó (Antioquia) y el decomiso reciente de 4 toneladas en el departamento del Huila, para citar algunos casos.
En cuanto a rutas, los puntos más difíciles de controlar son la frontera con Venezuela, por su extensión de más de 2.000 kilómetros; en el Pacífico, Buenaventura y Tumaco; la zona de Urabá y el golfo de Morrosquillo, así como el sur del país, ante la imposibilidad de controlar la navegación fluvial.
Pese a que se cuenta con la colaboración de agencias de Estados Unidos como la DEA, HCI, ICE y el FBI, y en Europa la NCA de Inglaterra, la Policía Nacional de España y las autoridades francesas, principalmente, el problema sigue siendo complejo y por eso se plantean nuevas soluciones, como control a los insumos químicos –de hecho, hay 729 de estas sustancias relacionadas con la elaboración de drogas–, el manejo de la gasolina, fumigación con glifosato, aumento de penas y mayor inversión social en las regiones productoras de coca.
No obstante, el fiscal Néstor Humberto Martínez, así como lo hizo hace dos años al advertir lo que estaba pasando en materia de narcotráfico, ya tiene una nueva estrategia de lucha contra ese flagelo. Son cuatro puntos que pueden contribuir a la reducción del negocio en todas sus etapas. El primero de ellos es la desarticulación, impacto y disrupción de organizaciones criminales con alcance nacional y transnacional dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.
Esta iniciativa plantea combatir a los Grupos Armados Organizados, (GAO) y a los Grupos Delincuenciales Organizados, (GDO), estos últimos considerados como narcos puros. Se trata de enfrentar a las organizaciones de narcotraficantes que contaminan contenedores en puertos, a quienes trafican en lanchas rápidas y a los que usan correos humanos en aeropuertos. La estrategia también busca combatir a quienes abastecen a empresas de microtráfico y a los que usan a estas mismas organizaciones que tienen alto impacto local o regional.
A ello se sumará una articulación interinstitucional para contrarrestar el tráfico ilegal de sustancias químicas y desarticular redes dedicadas a este propósito. También se busca contrarrestar a los financiadores de cultivos ilícitos. Y como cuarto punto, apoyo y estímulo de investigaciones técnico-científicas que afecten el cultivos de hoja de coca y la producción de sustancias psicoactivas.
El narcotráfico, como ha sucedido en las últimas décadas, sigue siendo el gran lastre de la sociedad colombiana. Una actividad que muta como un monstruo de mil cabezas. Víctimas, consumidores, productores, gobiernos y autoridades, pese a los esfuerzos, no logran encontrar la fórmula para acabar con un problema que a todas luces parece eterno e imposible de solucionar.
