Un particular derecho de petición enviado desde la Institución Correccional Rivers, en la ciudad de Winton, Carolina del Norte, Estados Unidos, llegó hasta el escritorio de diversas autoridades colombianas.
Se trata de una serie de solicitudes a la justicia de Colombia para que se insista ante la Corte Constitucional en la selección de una acción de tutela, negada en primera y segunda instancia en contra de La Nación, en cabeza del Presidente Iván Duque.
En la solicitud, firmada por 61 colombianos extraditados, entre ellos Joaquín Mario Valencia alias “el caballista” y Luis Gustavo Moreno, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y delator en el denominado Cartel de La Toga, exponen el principal temor que está agobiando a todos los colombianos que son enviados a comparecer ante la justicia americana, según ellos, por cuenta de la falta de un tratado de extradición, las cortes los piden por unos delitos pero allá están siendo juzgados y condenados por otros.
Luis Gustavo Moreno, apenas finalizaba su carrera de abogado en la Universidad Libre de Colombia, cuando el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana firmó la extradición de Joaquín Mario Valencia, alias “el caballista”.
Solicitado en el año 2003, a través de la Nota Diplomática 449, para que compareciera en la corte de Tampa, Estados Unidos, por cinco hechos. Tres narcos pesqueros incautados con cocaína en los años 1998, 2000 y 2005 denominados “Rebelde” y “Layney D”, un contenedor con 300 kilogramos de cocaína decomisado en Buenaventura en febrero de 2000 y una operación antidrogas en la ciudad de Nueva York que se prolongó hasta el año 2000. Estos hechos se tradujeron en la figura jurídica americana denominada actos predicados.
Desde la cárcel en Estados Unidos, donde ha permanecido más de 16 años asegurando que por los hechos que fue enviado a suelo americano tiene como demostrar su inocencia, asegura que su historia judicial se parte en dos cuando en febrero del año 2004, la Corte Suprema de Justicia conceptuó favorablemente su extradición.
No obstante, con una salvedad, “como quiera que en el cargo tercero que se le imputa a Joaquin Mario Valencia Trujillo hay “Actos Predicados” cometidos antes y “desde o alrededor de 1997”, se hace indispensable que el gobierno nacional condicione la extradición en el sentido de que este no vaya a ser juzgado por hechos cometidos antes de la vigencia del Acto Legislativo número 1 de 1997, que reformó el artículo 35 de la Constitución”.
Pese a ello, Valencia afirma que una semana antes de comenzar su juicio en Tampa, la Fiscalía de ese país radicó una acusación diferente, con nuevos hechos, incluso cometidos antes de 1997.
Su abogado en Estados Unidos impugnó la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Circuito 11, la violación de la denominada Regla de Especialidad, es decir, las condiciones impuestas por el Estado que entrega, en este caso Colombia, al requiriente, Estados Unidos.
Semanas después de su petición llegó la respuesta del máximo tribunal de la justicia americana y lo dejó frío. “La Regla de Especialidad solo aplica a extradiciones por medio de un tratado” y como el envío de Valencia Trujillo no está sustentado en un tratado si no en un acuerdo de cooperación, esta no aplica para su caso, aseguró el tribunal estadounidense.
Desde entonces, Valencia Trujillo ha dedicado los últimos siete años de su vida a interponer cuanto recurso jurídico existe. También le ha escrito a la Presidencia de la República, a las cortes y al Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtiendo, según él, que a los colombianos los envían por unos cargos pero cuando ya están en suelo americano los modifican porque no existe tratado que obligue a mantener las condiciones.
La persistencia jurídica del narcotraficante Valencia y sus abogados tuvo frutos. De hecho, logró que el gobierno nacional remitiera varias notas diplomáticas al gobierno americano, advirtiendo tal situación. La respuesta de la justicia norteamericana, a través de la comunicación oficial 2887, es que no le habían desconocido las condiciones a Valencia Trujillo.
Incluso, la queja llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Colombia que en noviembre de 2013, mediante un auto, requirió al gobierno nacional para que verificara si la justicia norteamericana había juzgado y condenado a Valencia por los hechos que motivaron su extradición y no por otros.
Así las cosas, se produjo una nueva nota diplomática, 14-004401: “revisado el expediente por parte de las autoridades colombianas se observó con gran preocupación que, no obstante los condicionamientos consagrados en la resolución ejecutiva por la cual se concedió la extradición (...) estos no fueron tenidos en cuenta en su totalidad por el fiscal del caso, ni por la Corte”.
Una vez más la respuesta es que no se había desconocido la Regla de la Especialidad. El gobierno colombiano a través del ministerio de Relacioens Exteriores y la Embajada de Colombia en Washington envió dos notas diplomáticas detallando los hechos y las presuntas transgresiones.
Al año siguiente, en el 2015 la sede diplomática envió tres notas más. Incluso, en una de ellas afirmó que la respuesta del gobierno americano no despejaba las inquietudes ni respondía de fondo a lo solicitado.
Finalmente a mediados de julio de 2016, respondió. “(...) Los Estados Unidos desean resaltar que la Regla de la Especialidad aplica a los delitos autorizados para extradición, no a la evidencia específica que pueda presentar el país solicitante en un juicio para demostrar esos delitos”. También le advirtió al gobierno nacional que la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 estableció que Valencia no tenía posición para que el extraditado invoque la Regla de Especialidad y que esté no tenía capacidad legal para ello.
Sin más caminos que el de la acción de tutela, Valencia Trujillo, a través de sus familiares instauró una acción de tutela en contra el estado colombiano por considerar que el gobierno nacional permitió que se le acusara y condenara por hechos diferentes al indicment. El Tribunal Superior de Bogotá le negó el amparo por improcedente.
El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que en este caso y desde el 2010 elevó múltiples notas diplomáticas, que el gobierno americano respondió que no había trasgredido nada y que Valencia Trujillo tenía otros recursos judiciales en ese país. Apeló, conoció la Corte Suprema quien confirmó la sentencia y ahora busca por todos los medios que la Corte Constitucional revise su caso.
“Esa es la historia mía pero la que padecen y padecerán muchos más colombianos si aceptamos la posición del magistrado”, Valencia se refiere a la manifestación del Tribunal de Bogotá que en el fallo afirmó, “es claro para esta Sala que todas las notas diplomáticas y quejas elaboradas por el gobierno colombiano han sido infructuosas y no han sido acatadas por el (sic) autoridades judiciales de ese país por lo que una nueva manifestación del Ejecutivo no haría diferencia y no variaría el resultado de las sentencias ya proferidas”.
Alarmado por la respuesta, Valencia Trujillo le informó lo sucedido a los demás colombianos que comparten con él penitenciaria. Los alertó que no hagan cuentas alegres pues al no existir un tratado de extradición las cortes en Estados Unidos no están obligadas a respetar las condiciones y los hechos y pruebas que motivan la solicitud de comparecencia.
De esta manera, por una misma causa y preocupación terminaron unidos Joaquín Mario Valencia Trujillo alias “el caballista” y Luis Gustavo Moreno Rivera. El primero, el más popular criador de caballos de paso, propietario del criadero “La Luisa” en Jamundí, Valle señalado en su momento como el sucesor de los capos Fabio Ochoa Vásquez y los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela. El segundo el otrora hombre poderoso de la justicia, pieza angular del denominado Cartel de la Toga, el caso judicial de tráfico de fallos al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tiene contra las cuerdas a tres exmagistrados y una veintena de senadores y representantes a la Cámara.
Pero ellos no son los únicos. En esta causa también la suscribieron otros 59 narcotraficantes condenados. Entre ellos, Alfredo Mosquera Murillo, pedido en extradición el 14 de junio de 2013 por una Corte del Distrito de Columbia por el envío de más de 400 kilogramos de cocaína a territorio americano, a través de la embarcación Mistby.
Con cargos similares esta Raúl Arturo Fernández, jefe del “baby cartel”, Marlos Valencia Portocarrero alias “Ketty” socio de ‘los Comba’, famoso porque en enero de 2011 cuando fue recapturado al salir de la penitenciaria de alta seguridad de Cómbita, le vociferó a los del CTI, “ahórrense sus maricadas. Si me van a guardar, guárdenmen”.
A este grupo se suman Ramiro López Imitola, extraditado en el año 2003 por el envío de más de 200 millones de dólares en heroína y quien según las autoridades enviaba correos humanos con heroina en el estómago, al menos 60 veces al mes. Lo propio sucede con Giovanni Molina Arredondo, sindicado de ser el jefe de una banda que enviaba droga a los Estados Unidos, a través de La Guajira.
Otro de los que suscribe el derecho de petición es José Samir Rentería Cuero, alias “Morfi”, capturado en el año 2012 y señalado por la Fiscalía y el FBI como el “icono de la exportacion de cocaína”. A través de semisumergibles enriqueció las arcas de las Farc, Los Rastrojos y su organización de la que era líder. Fue socio de Neftalí Umensa, alias Mincho, cabecilla del frente 30 de las Farc. También se le relacionó con el Cartel del Norte Del Valle, “Los Comba” y el Cartel de Sinaloa. Las autoridades advirtieron que sería el responsable de el envío de al menos 17 toneladas de cocaína.
También aparece Jimmy Abraham Navarro, capturado con fines de extradición en el año 2011 por traficar con estupefacientes desde el Urabá; Gustavo Figueroa Bedoya, alias “el gordo” o “doctor Meneses” extraditado en el año 2006 señalado como integrante del Cartel del Norte Del Valle y pedido por una Corte de Nueva York por el envío de tres toneladas de cocaína; Yolian Torres Waitoto, alias “Popeye” extraditado en el año 2017; Alejandro Tascón Rodríguez extraditado en el año 2011; Vicente Salazar Guapi, capturado en el año 2007 luego de quemar y junio una lancha en la que transportaba cocaína.
La lista es extensa, los narcos condenados insisten a través de sus voceros que seguiràn insistiendo para que no les cambien las reglas de juego una vez son extraditados a Estados Unidos. Ahora, unidos con el abogado y exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, tienen una nueva arma jurídica con la cual pelear.
