Tras la operación de agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y funcionarios de la Fiscalía, que derivó en la captura de Carlos Julián Bermeo Casas, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y otras cuatro personas, se abre otro frente hasta ahora desconocido. La posibilidad de que los cinco implicados tengan que responder penalmente en Estados Unidos por obstrucción a la justicia.
Un funcionario diplomático en Estados Unidos, informó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que ya se comenzaron a efectuar gestiones en el país del norte para que los capturados no solo respondan en Colombia si no también ante la justicia norteamericana. El punto radica en que lo que se estaría buscando es que respondan de manera independiente al caso por narcotráfico que se adelanta contra, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich'. Se trata de un proceso que cursa en la Corte del Distrito Sur de New York.
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De esta manera, Carlos Bermeo, Luis Alberto Gil, Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano, quienes están encartados por el pago de US$500.000 dólares que salieron de una cuenta de la Fiscalía y que una parte fue entregada en dos hoteles del norte de Bogotá, tendrían que responder también en Estados Unidos porque el gobierno de ese país viene investigando desde junio de 2017 las actuaciones de Santrich, Marlon Marin, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, acusados por la producción y distribución de cerca de 10.000 kilogramos de cocaína hacia ese país.
En este sentido, según normas de la justicia norteamericana y algunos abogados expertos en extradición, al incidir en un caso en que se ha solicitado a Santrich y otros tres colombianos, el fiscal Bermeo y los demás procesados, pueden estar incursos en delitos federales que son castigados severamente en ese país.
El principal delito, que señalan los expertos, sería el delito federal de obstrucción a la justicia, que contenido en las normas del Código de Estados Unidos establece en la sección 1512 en su título 18 el soborno de un testigo, una victima o un informante. En este mismo aparte judicial pero en las secciones 2 y 3238 se podría enmarcar otros cargos por coautoría y aquellos cometidos fuera de todo distrito.
La norma jurídica, de acuerdo con los juristas que también se les podría aplicar a los indiciados es concierto para delinquir por obstruir la justicia, también contenido en el título 18 y secciones 1512, 3238 y 3531 específicamente. Para estos casos, la justicia norteamericana lo que determina es que conjuntamente y a sabiendas y de manera intencional podrían obstruir la justicia, influenciar o impedir un procesamiento judicial. En otras palabras, que como se ha conocido los 500.000 dólares negociados como soborno para hacer gestiones frente a la extradición de Santrich, presuntamente buscaban impedir la acción de una corte de New York.
En este contexto, y con base en el Acto Legislativo 01 de 1997 y el artículo 35 de la Constitución Política que señala que “la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana”, se estarían cumpliendo los requisitos de extradición que conceptúa la Corte Suprema de Justicia.
El asunto de las extradiciones de colombianos a Estados Unidos es dinámico. Entre 1999 a la fecha se han enviado a ese país cerca de 2.500 connacionales. Aunque, la gran mayoría han sido remitidos por el delito de tráfico de estupefacientes, hay antecedentes de varios casos por obstrucción a la justicia.
Para citar algunos de ellos, quizás los mas relevantes mediáticamente, fueron los de Freddy Mauricio Téllez Buitrago de 34 años de edad y quien pertenecía a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y Adriana Márquez de 33 años quien también trabajó en el ente acusador. En el año 2013 fueron enviados a New York para responder en un juzgado federal de Brooklyn, por obstrucción a la justicia como quiera que estaban vendiendo información secreta a narcotraficantes.
Situación parecida, sucedió con Wilson Daniel Peralta Bocachica quien en la noche del 20 de junio de 2013 limpió la sangre del taxi en el que un grupo de asaltantes asesinó al agente norteamericano James T Watson. Una historia que conmocionó al país y generó estupor en la DEA donde trabajaba porque al salir de un establecimiento en el parque de la 93 fue retenido por asaltantes que antes de ultimarlo le robaron sus pertenencias, lo torturaron con choques eléctricos y le provocaron lesiones con arma cortopunzante que produjeron su muerte por shock hipovolémico.
Según el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en ese momento mediante el cual se avaló la extradición de Peralta Bocachica, “aunque los hechos acaecieron en territorio colombiano, agrega, el fenómeno de la globalización ha originado el principio “territorialidad pasiva” acorde con el cual la normatividad de un país puede aplicarse a los delitos cometidos en el extranjero respecto de sus ciudadanos cuando se afecten sus intereses”.
Causa particular atención en este caso, y al compararlo con el caso del fiscal Bermeo, que según un abogado aunque Wilson Daniel Peralta no participó directamente en el asalto, tortura ni en el homicidio del agente Watson, por el hecho de haber lavado el vehículo que se utilizó para el crimen, fue extraditado al poco tiempo que una corte de Estados Unidos lo hubiera requerido.
Otro caso con conducta similar de obstrucción a las autoridades norteamericanas se registró en 2017 cuando fueron requeridos para extradición los esmeralderos Omar Rincón, Pedro Rincón y Horacio Triana. Igual suerte corrió hace Eduardo Méndez Bustos, abogado y actual presidente del equipo Unión Magdalena, quien purgó una condena en Estados Unidos y regresó a Colombia hace pocos años.
Lo cierto del tema, es que como pocas veces, la justicia de Estados Unidos sigue muy de cerca el caso Santrich, que ahora con el asunto del fiscal Bermeo fortalece su relevancia. Primero, el 9 de abril de 2018 con la solicitud de publicación a la Interpol de una circular roja del exguerrillero. Ese día con la captura por parte de la Fiscalía. Y después por la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que le solicitó a la Fiscalía todos los documentos relacionados con el trámite de extradición.
Situaciones que se dieron en el contexto de que por primera vez en un proceso de extradición, un tribunal, en este caso la JEP, solicitó al gobierno de Estados Unidos traslado de las pruebas en contra de Jesús Santrich. Después de varios meses se conoció que el gobierno nacional, no había utilizado los canales diplomáticos establecidos para este tipo de asuntos, si no el servicio de mensajería estatal 4-72. Justamente, horas antes de la captura del Fiscal Bermeo y otras cuatro personas, se conoció que Estados Unidos no enviaría las pruebas solicitadas por la JEP.
Así las cosas, al accidentado proceso de 'Santrich' que está en un limbo jurídico, se suma el nuevo escandalo de corrupción de un fiscal adscrito a la JEP, su pareja Ana Cristina Solarte Burbano, el ex senador y mentor del partido Opción Ciudadana, Luis Alberto Gil y sus hombres de confianza Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto Acero. Vasos comunicantes de un caso en donde por lo visto podría ser más fácil la extradición de estos últimos que la de Santrich, que ha resultado una papa caliente para todos.
