Teresa Moya Suta ocupó durante 16 meses la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Durante ese tiempo se fugaron dos narcotraficantes y un jefe militar de la guerrilla del Eln. Fue declarada insubsistente por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y a pesar de que en su momento afirmó que puso en consideración del gobierno la permanencia en su cargo, hoy quiere regresar al cargo por vía de la justicia.
Sus pretensiones van más allá. La exfuncionaria solicita que el Estado le pague los salarios que dejó de percibir durante una década. Su caso es tramitado por el Consejo de Estado. Paradojicamente, una de las pruebas clave que presentó es el detallado relato de una testigo quien certificó que su salida obedeció a un plan fraguado por el subdirector de la época Carlos Barragán y el entonces viceministro de Justicia, Miguel Ceballos hoy alto comisionado para la paz.
Los detalles de las fugas están documentados. En octubre de 2009 de una cárcel en Arauca se fugó Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', jefe militar de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln. Por orden judicial fue trasladado de la cárcel de alta seguridad de Cómbita a una en Arauca.
Cuarenta y ocho horas después de este traslado por orden judicial para comparecer en audiencia y a plena luz del día, un comando armado se tomó el establecimiento de reclusión. Alias 'Pablito' estaba en el área de remisiones, es decir, cerca a la entrada principal.
“Encañonaron a la persona que estaba en la entrada de la cárcel, le hicieron abrir la puerta y mientras otros disparaban escondidos desde afuera, tres alcanzaron a entrar y se lo llevaron” esta fue la explicación que hizo pública la entonces directora del Inpec, Teresa Moya Suta.
Pero el consejo de seguridad que se realizó en esa ciudad y en la que participaron el CTI, Policia, Ejército y DAS puso contra las cuerdas la actuación del Inpec. Los funcionarios concluyeron que la fuga del jefe militar del Eln se realizó sin mayor complicación. Los delincuentes solo hicieron un disparo y la víctima fue el perro antiexplosivos que estaba en la entrada. Nadie opuso resistencia.
Los entonces comandantes de Policía y Ejército confirmaron que el Inpec no había solicitado apoyo en el traslado. Alias 'Pablito' quien al momento de la captura, el 6 de enero de 2007, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos afirmó que era el equivalente al ‘Mono Jojoy’ de las Farc, huyó hacia Venezuela. El gobierno ofreció una recompensa de $1.700 millones y la directora del Inpec, quedó pendiendo de un hilo.
Pasaron apenas cuatro meses cuando una nueva fuga sorprendió al país. En febrero de 2009, Dimar de Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’ hermano del narcotraficante y comandante del bloque Centauros de las AUC, Pedro Oliveiro Guerrero alias “Cuchillo” y Rahumir Rodríguez alias “Tribilin”, se fugaron de la penitenciaria La Picota. Los delincuentes trozaron sin mayores inconvenientes trozar el alambrado del penal.
La directora del Inpec, Teresa Moya, responsabilizó de la fuga a la guardia del penal. Afirmó que existían informes de inteligencia que advertían de un plan de fuga financiado por el paramilitar y narcotraficante “Cuchillo” para sacar a su hermano Dimar de Jesús de prisión.
En la información que entregó públicamente, Teresa Moya Suta también responsabilizó a la Fiscalía pues afirmó que por solicitud de esta entidad se traslado a los presos de un pabellón de alta seguridad al de Justicia y Paz que apenas era de mediana seguridad. El entonces director de la unidad, Luis González, ripostó afirmando que no era una orden sino una sugerencia porque el desmovilizado estaba colaborando enrtegando versiones libres.
Horas después, el 25 de febrero de 2010, Teresa Moya Suta le envió una carta al presidente de la época, Álvaro Uribe, en la cual le agradeció la confianza que tuvo en ella al designarla como directora del Inpec y puso a disposición del primer mandatario su cargo.
“Entiendo la gravedad de los hechos presentados el día de hoy en el establecimiento penitenciario y carcelario de Bogotá “La Picota”, cuya responsabilidad recae en los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec, no obstante me corresponde asumir la responsabilidad política. Por lo que debo a disposición de usted señor Presidente y del señor Ministro del Interior y de Justicia mi permanencia en el cargo” afirmó.
No obstante, su renuncia no fue tramitada y en cambio, al día siguiente se profirió el decreto 530 de 2010 mediante el cual se declaró insubsistente a Teresa Moya Suta como directora de Inpec y se encargó de dichas funciones al Coronel en retiro Carlos Alberto Barragàn.
Inconforme con que hubiera sido relevada del cargo, a través de la insubsistencia. Moya Suta demandó. Su abogado, es su esposo, Carlos Ariel Serrano Sánchez, quien cuatro meses antes de la fuga de los dos narcotraficantes de La Picota, fue denunciado públicamente por la guardia del Inpec porque Serrano, mientras su esposa Teresa Moya fungía como directora del Inpec, usó un carro de la entidad y escolta oficial e ingresó a La Picota a visitar al senador Alirio Villamizar. Por estos hechos fue denunciada ante la Procuraduría.
“El día 9 de septiembre de este año, ingresó en un vehículo oficial del Inpec, el esposo de la directora general del Inpec, el señor abogado Carlos Ariel Serrano Sánchez, y el vehículo iba conducido también por un guardián del Inpec a visitar al senador interno Alirio Villamizar” indicaron los funcionarios.
En contraste, Carlos Ariel Serrano, actuando como apoderado judicial de su esposa Teresa Moya Suta, demandó el decreto mediante el cual se declaró insubsistente como directora del Inpec. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho acaba de llegar para conocimiento del Consejo de Estado.
Además del reintegro en el cargo, solicito el pago de la totalidad de salarios, primas técnicas, de navidad, de medio año, de dirección anual y prima de dirección semestral, bonificaciones, cesantías y todas las prestaciones sociales dejadas de percibir desde entonces y hasta la fecha. Para la época, Moya tenía una asignación salarial de $7’029.046 como asignación básica y de $3’514.523 por prima técnica.
También recibía $2’460.166 por bonificación por servicios prestados, $3’617.030 por prima de servicios, $3’767.740 por prima de vacaciones, $468.603 por prima de recreación, $7’849.457 por prima de navidad. Bonificación de dirección año por $28’116.184 y bonificación de dirección semestre de $14’057.092
En la demanda, se reitera que la reclusión de los dos narcotraficantes que se fugaron en dicho pabellón se realizó por solicitud de la Fiscalía. Insiste además que Teresa Moya no era la responsable de la custodia de los internos si no que esta función es propia del cuerpo de custodia y vigilancia.
Otro argumento es que el entonces viceministro de Justicia y del Derecho, Miguel Ceballos, le pidió a Teresa Moya que modificara el escrito que le había enviado al presidente de la Republica y que a cambio la nombrarían en una posición fuera del país. “Ella se negó a cumplir tal orden por considerar que no existía motivo legal para ello”.
Moya Suta y su abogado señalan también que el decreto mediante el cual fue declarada insubsistente se expidió mientras estaba vigente la ley de garantías electorales porque estaba próxima la eleccion de congresistas y de presidente de la República.
Aunque se solicitó el testimonio de varios funcionarios del Ministerio de Justicia y del Inpec, en el proceso sólo reposa uno del 26 de marzo de 2015. Gladys Ines Pacheco García, asesora de Teresa Moya en la dirección del Inpec, aseguró a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la salida del cargo de la directora se debió a un plan en su contra.
“Me consta que se orquestó entre Miguel Ceballos, viceministro de Justicia de la época y Carlos Barragán, Coronel de la Policía retirado, quien fungía como subdirector del Inpec, la remoción del cargo como directora de la Dra Teresa, porque cuando ella estaba en vacaciones en diciembre y enero, preciso ella retorna de vacaciones a principios de febrero de 2010 durante el periodo de las vacaciones de la Dra Teresa la presencia del Dr Ceballos en el Inpec era reiterativa en la oficina de Carlos Barragán quien había quedado como director encargado”. Aseguró la ex contratista Pacheco en su declaración.
En su momento se conoció que Teresa Moya Suta llegó al cargo gracias a la entonces senadora, Carlina Rodríguez Rodríguez, una destacada política y oradora cundinamarquesa oriunda del municipio de Choachí y quien se convirtió en una aliada clave del gobierno en la Comisión Primera del Senado.
Gracias a su destreza y su experticio allí, logró ser una de las consentidas del gobierno nacional. Entre otras entidades, concretamente en el Inpec, logró la designación de Rubiel Sabogal, ex alcalde de Gutierrez Cundinamarca como director regional central de la entidad, de María Aurora Pescador como directora jurídica y hasta del Coronel Carlos Barragán como subdirector. De esta misma manera habría llegado Moya a ocupar este cargo.
Su hoja de vida se ajustaba a los requisitos del cargo. Moya era abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho Administrativo. Su experiencia laboral también era reconocida como quiera que fue asesora jurídica de la Secretaría General de la Policía entre 1992 y 1993.
Luego, pasó a ser asesora jurídica de la División de Negocios Judiciales del Ministerio de Defensa. Entre 1996 y 1999 fue Juez 77 de Instrucción Penal Militar y de ahí fue designada Juez 1148 de Instrucción Penal Militar adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá hasta el año 2008, cuando, según fuentes, señalaron a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, una amiga en común con la senadora Carlina Rodríguez, fue quien le entregó la hoja de vida a la congresista.
Teresa Moya Suta reemplazó en el cargo al general (r) Eduardo Morales quien fue relevado luego del episodio de unos computadores y las memorias usb de los dirigentes de las Autodefensas Unidad de Colombia, AUC, que días después fueron extraditados a Estados Unidos.
Duró muy poco al frente de la entidad, que en veintisiete años ha tenido más de una treintena de directores, quienes en su gran mayoría han sido relevados luego de episodios que han sacudido el pais como fugas o hechos de corrupción, como recientemente sucedió con la exsenadora Aida Merlano.
Sus pretensiones fueron denegadas en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, gracias a un recurso de apelación su caso llegó al Consejo de Estado quien tendrá la última palabra para reintegrarla o no al cargo de directora del Inpec.
