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Méritos y cuestionamientos al comandante del Ejército

Gobierno respalda su labor en la institución. Procuraduría, ONG y prensa internacional lo cuestionan. Ponencia aprueba su ascenso a general. La próxima semana, el Senado en pleno decide si lo promueve. La historia de un oficial en el centro de la polémica.

Agencia Period… Mar, 28/05/2019 - 11:43

Por estos días, el mayor general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, actual comandante del Ejército Nacional vive en disyuntiva, mientras que en el Congreso se tramita su ascenso a general y el gobierno le ha ratificado su respaldo, ONG, la Procuraduría y la prensa internacional lo tienen en el ojo del huracán, señalado de promover los denominados falsos positivos. Una situación que el oficial niega categóricamente, al tiempo que sus acusadores se ratifican en las denuncias.

Oriundo de Ubaté, Cundinamarca, el mayor general Martínez tiene una trayectoria superior a los 40 años de carrera en las Fuerzas Militares. En 1981 se graduó como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. Ocho años después, se recibió en esa misma institución como profesional en Ciencias Militares.

En lo militar, su experiencia es larga. Fue subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y brigadier general hasta su actual grado. Una formación que complementó con estudios en administración de empresas y logística, así como estudios de posgrado en defensa y seguridad nacional de la cual obtuvo una especialización en gerencia de recursos humanos y una maestría.

Su hoja de vida muestra también que fue lancero, instructor en áreas de equitación, operaciones sicológicas, perfeccionamiento de armas de caballería y de derechos humanos.

Con el paso del tiempo y mientras obtenía varios títulos académicos recorrió un amplio trasegar en las Fuerzas Militares. Fue jefe del Departamento Ejército y pasó por la Escuela de Armas y Servicios. Pero quizás uno de los retos más significativos que ha tenido en su carrera, fue asumir como comandante del Batallón de Contraguerrilla número 39, en momentos en que el país atravesaba por difíciles circunstancias de orden público.

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De esta manera, continuó su ascenso en la institución. Luego se desempeñó como comandante del Batallón Fuerzas Especiales Rurales, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado número 2 y director de Instrucción y Entrenamiento del Ejército. Posteriormente asumió como comandante de la Brigada Móvil número 7, de donde pasó a director de Blindados y la jefatura Logística de la institución.

Trayectoria que acompañó en misiones diplomáticas al desempeñarse como agregado militar ante el gobierno de Estados Unidos, comisionado de estudios a Río de Janeiro, España, Perú, Corea, Chile y Hungría. Experiencias militares y académicas que derivaron en múltiples condecoraciones y reconocimientos.

En la última década vendrían retos mayores que le generaron al interior del Ejército, amigos y detractores. Fue designado jefe de Inteligencia y Contrainteligencia. Una labor que lo preparó para lo que sería ingresar a las grandes ligas castrenses.

Asumió entonces, como comandante de la Cuarta Brigada y después fue comandante de la Quinta División. Vendría luego su ascenso para dirigir la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Un ciclo que cerró como inspector general del Ejército Nacional.

No obstante, en momentos en que el país estaba a la expectativa, y en círculos políticos y castrenses se manifestaba el asombro por la decisión del presidente Iván Duque, de mantener la cúpula militar que acompañó al gobierno anterior, cuatro meses después de posesionado, el 11 de diciembre, anunció los cambios en las Fuerzas Militares y de Policía.

Así las cosas, asumió como comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Luis Fernando Navarro, en la Policía, el mayor general Óscar Atehortúa, en la Armada el almirante Evelio Ramírez, en la FAC, el mayor general Ramses Rueda y en el Ejército el mayor general Nicacio Martínez.

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Pero desde el mismo día de su designación comenzaron los cuestionamientos. En concreto, se informó que cuando estuvo a cargo de la dirección de Inteligencia del Ejército en el año 2014, se conoció de una información que daba cuenta de presuntas anomalías al interior de la Central de Inteligencia que dirigió.

A este hecho, se sumaron denuncias en el sentido de supuestos líos en la contratación de la Cuarta Brigada en el departamento de Antioquia. Estos hechos, fueron descartados por el gobierno, que destacó desde ese momento la trayectoria del oficial y ratificó que no existían investigaciones formales en su contra.

Pocos días después, asumió su cargo con un gran golpe. El 21 de diciembre de 2018, fue dado de baja en el departamento de Nariño, Walter Patricio Arizála alias ‘Guacho’. Un hecho, que le permitió al mayor general Martínez enviarle un mensaje implícito al gobierno y a sus detractores en el sentido que su designación fue acertada.

Con el viento a su favor en lo militar comenzó el nuevo año. En la segunda semana de enero, el oficial hizo un anuncio, “hemos decidido crear una Fuerza de Tarea Conjunta con más de 4.000 hombres para trabajar por la seguridad del Bajo Cauca en Antioquia”.

Simultáneamente, expuso lo que sería una nueva política de derechos humanos al interior de la tropa. En concreto, se fortalecería el entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Militares en el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Una gestión que complementó con nuevas estrategias y un ataque frontal al ELN. En este sentido, el mayor general Nicasio Martínez, denunció que se había detectado el incremento en un 15% de integrantes de ese grupo armado ilegal al tiempo que estuvieron dialogando de paz. De igual forma, destacó la reducción de los índices de criminalidad y la contundencia de los resultados operacionales.

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Una semana después de los anuncios se reactivaron los cuestionamientos contra el oficial. El 27 de febrero, Human Rigths Watch reveló un informe en el que advirtió que tenía pruebas suficientes que involucraban a nueve oficiales en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En el listado apareció, el general Martínez. El señalamiento de la ONG radicó en que cuando se desempeñó como segundo comandante de la Décima Brigada entre los años 2004 y 2006 se registraron 23 ejecuciones extrajudiciales, en las cuales estarían comprometidos soldados adscritos a esa Brigada.

A ello se adicionó, la revelación de un documento en donde se habría pagado $1.000.000 a un supuesto informante que permitió resultados en operaciones militares y la muerte de dos miembros de la otrora guerrilla de las Farc. No obstante, se demostró ante la justicia que estas personas eran dos civiles.

Entre tanto, vinieron nuevos resultados operacionales del Ejército. En marzo, se capturó a alias Elefante, miembro del ELN. Luego rescató a Sofía Vargas secuestrada en Norte de Santander. Después el oficial destacó 600 afectaciones a organizaciones ilegales y reducción del secuestro en un 24%.

De igual manera, Martínez informó de la baja de dos integrantes de la banda criminal Los Pelusos y operaciones en Norte de Santander, Tolima, Meta, Cauca, destrucción de laboratorios de coca, acciones contra la minería ilegal, así como el anuncio de  garantías de seguridad en Semana Santa.

Pero todo se volvió a complicar para el oficial. El 18 de mayo, el New York Times, divulgó el reportaje titulado, “las ordenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles”, según oficiales. Un artículo en donde se afirmó que el mayor general Nicacio Martínez le ordenó a las tropas duplicar, “la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en ordenes escritas y entrevistas con altos oficiales”.

De inmediato, el oficial Martínez, hizo público un documento con siete respuestas a los interrogantes planteados por el diario norteamericano, en donde en esencia descartó cualquier instrucción indebida o relación con los denominados falsos positivos.

Un asunto que se complicó porque el autor del reportaje tuvo que salir del país por amenazas. Las críticas contra el oficial crecieron. Llegó entonces una carta firmada por congresistas de Estados Unidos y dirigida al presidente Iván Duque, cuestionando el ascenso a general de Martínez.

Y de nuevo, la prensa internacional hizo otras denuncias. Esta vez la agencia de noticias, Associated Press, publicó el 25 de mayo presuntas evidencias sobre supuestos pagos que hizo el oficial a informantes que resultaron en cuentas de soldados condenados por los denominados falsos positivos.

El medio internacional, fundamentado en documentos de la Fiscalía, indicó que el entonces coronel Martínez firmó por lo menos siete pagos cuestionables, que nunca excedieron los 500 dólares y eran para supuestos informantes con nombres e identificaciones que no coincidían.

La semana pasada, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión independiente con el propósito de analizar las ordenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares. Integrada por los abogados Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez.

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Paradójicamente, en el Congreso de la República, ya se surtió trámite en la Comisión II del Senado con una ponencia positiva para el ascenso a general del comandante del Ejército. Según la ponencia del senador del Partido Liberal, Jaime Durán Barrera, “su formación personal, profesional y trayectoria como militar, que conforman el perfil del Mayor general Martínez Espinel, fortalecen la confianza en los Senadores de la República y que su ascenso permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y respeto a las instituciones y en especial de nuestra democracia”.

En diálogo con el parlamentario, el mayor general Martínez, le expresó que reafirma su compromiso y lealtad, demostrado a lo largo de su carrera militar y su deseo de continuar expresando con actos comprobables el respeto a las instituciones y los Derechos Humanos.

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No obstante, en las ultimas horas, la Procuraduría abrió indagación al comandante del Ejército Nicacio Martínez Espinel, con el propósito de establecer si hubo o no presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.

“Respetuoso de la competencia de la Procuraduría, estaré presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley. Nuestro Ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional”, señaló Martínez, al conocer el anunció del Ministerio Público. 

Su ascenso está pendiente. La próxima semana, en sesión plenaria del Senado, los congresistas votarán el asunto. Por lo pronto el oficial Martínez tiene el respaldo del presidente Iván Duque.

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