Rafael Manuel Uribe Noguera, el arquitecto de 40 años, integrante de una acaudalada familia bogotana y quien el 4 de diciembre de 2016, secuestró, violó y asesinó a Yuliana Samboní, una pequeña de apenas siete años de edad, purga su pena en la cárcel de máxima seguridad, La Tramacúa en Valledupar.
Está recluido en el pabellón especial, piso dos, celda 10. Allí cumple su sentencia, en compañía de otros condenados, también por delitos atroces. En esa prisión, la más estricta del país y a su vez la de mayores cuestionamientos, hay 1.460 personas privadas de la libertad.
Noguera se resiste a la incomodidad y permanece molesto con el tratamiento penitenciario. Por ello, desde hace varios meses viene tramitando ante un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, diversos beneficios y derechos, con los que considera puede mejorar su vida en prisión.
La solicitud es variada. Se trata de un listado de 12 peticiones que van desde rebaja de pena hasta colchón ortopédico para dormir mejor. El interno Uribe Noguera busca también, mayor seguridad en el penal, descuentos adicionales de condena y que un juez lo visite una vez al mes.
También requiere pedagogía sobre sus deberes y derechos, suministro de ventiladores, resolución de horas de trabajo para descuento y una explicación de como funciona el sistema.
De igual forma, Rafael Uribe está exigiendo un proyecto editorial, es decir, escribir un libro, servicio de salud a través de la eps, Salud Total, así como pintura de su celda, arreglo y aseo de su jardín. A ello se suma, su petición para hacer deporte y renovar su espíritu.
Condenado a 58 años de prisión por el crimen de la menor, permanecerá cuatro meses menos en prisión, gracias a la elaboración de manillas y artesanías. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, le acaba de conceder una nueva redención por estudio y trabajo de dos meses, un día y 12 horas.
En contraste, sus hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera también recibieron una buena noticia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, confirmó el fallo absolutorio emitido por el juez 46 penal del circuito de Bogotá el pasado mes de septiembre cuando los exoneró de los delitos de encubrimiento y destrucción de elementos materiales probatorios en favor de su hermano, Rafael.
Ante la determinación, la Fiscalía estudia si acude al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, en un último intento de demostrar su teoría del caso. Sin embargo, es casi un hecho que Francisco y Catalina pueden respirar tranquilos y recuperar la vida que llevaron hasta que su hermano Rafael cometió el crimen que por poco los arrastra al mismo foso.
Al respecto, Francisco Uribe Noguera, advirtió que “no existen delitos de sangre (…), se confirma lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día, y es que colaboramos con las autoridades”. En este contexto, no están obligados a reparar porque la responsabilidad penal es individual, un hecho que le corresponde, según lo manifestó a su hermano Rafael, de quien expresó no tenía bienes. Aunque tampoco existe una ley que les prohíba solidarizarse con los Samboní.
Sin embargo, no todos los protagonistas de esa historia han recibido buenas noticias. A 617 km de Bogotá, en una modesta casa anclada en la vereda Bolívar del municipio El Tambo, Cauca, vive Juvencio Samboní, padre de Yuliana Samboní, junto a su esposa Nelly y sus dos pequeños hijos. Con tres décadas a cuestas de arduo trabajo, se regresó de Bogotá, vive de 30 gallinas que le regalaron, está desempleado porque la gente en su región cree que se ganó una millonaria indemnización y no le dan empleo.
Así pasan los días de los Samboní, intentando seguir sus vidas pero con el espíritu roto por la tragedia que les cambió la vida. Evocan su presencia en un pequeño rincón de la casa, adornado con sus fotografías e iluminado con una vela en un intento de ponerle luz a sus vidas.
Esta época es más difícil para ellos. Hace pocos días, el pasado 4 de diciembre, se cumplió el tercer año desde que Rafael Uribe Noguera le arrebató la vida a la pequeña y con ella, un pedazo de la de los Samboní quienes migraron de Milagros, Cauca, a la capital de la República en el año 2016, buscando el progreso que nunca llegó.
Decidieron empezar una nueva vida en el barrio Bosque Calderón, pues allí se han asentado más de un centenar de familias caucanas que conforman una hermandad, una de las colonias más numerosas en la capital.
Durante ochenta años, este barrio de calles sin pavimentar y casas construidas de propia mano por centenares de familias desplazadas por la violencia o la pobreza, se ha edificado entre los cerros orientales y la Avenida Circunvalar. Es considerado un lugar de asentamiento irregular o infravivienda, es decir un barrio ilegal al no estar dentro de la normatividad de ordenamiento territorial. En 2017 el alcalde Enrique Peñalosa prometió legalizarlo, luego de delimitar la quebrada Las Delicias, pero a pocos días de culminar su mandato esto no ocurrió.
Pero una delgada línea separa este asentamiento irregular de los barrios más costosos de Bogotá. Justamente, en uno de esos barrios, entre el 2011 y el 2015, tres integrantes de la familia Uribe Noguera, Francisco, Rafael y su madre Madre Isabel Noguera, unieron sus talentos y capitales para construir los edificios de apartamentos Equus 64 y Equus 66, a través de la sociedad Lascaux SAS de propiedad de Francisco Uribe y Luis Alfredo Barragán Arango, ambos profesionales del derecho de la firma Brigard Urrutia.
Incluso Rafael Uribe Noguera no solo elaboró los planos si no también fue uno de los socios del lote donde se erigieron las edificaciones y en donde meses después eligió como escenario del crimen. Recientemente, los Uribe Noguera, liquidaron los bienes, disolvieron la sociedad y la familia Samboní no fuera reparada económicamente.
El primero de diciembre de 2017 finalizó el término contemplado en la ley para iniciar el incidente de reparación integral. La Ley 906 de 2004, en su artículo 106 establece que, “ la solicitud de reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio”.
Según el certificado de ejecutoria en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, este se estableció con fecha primero de noviembre de 2017. Es decir, que como ni los que tenían la facultad para solicitar la reparación integral, esto es la victima, el fiscal o el Ministerio Público manifestaron expresamente ante el juez la solicitud, esta ya caducó. En otras palabras, no se le puede exigir legalmente a Rafael Uribe Noguera que repare a la familia Samboní.
Su familia dice que no tiene bienes. Lo cierto es que este arquitecto no tenía inmuebles a su nombre, a pesar de que fue uno de los propietarios del lote donde se construyó el edificio Equus y trabajó en el diseño y elaboración de los planos de la constructora Lascaux de propiedad de Francisco, su hermano en un 50% de participación y representada legalmente por María Isabel, su progenitora. Por su parte, en el proceso de ejecución de penas de Rafael Uribe Noguera, existe un requerimiento del que aún no se ha pronunciado el despacho judicial.
Luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, trasladara de la penitenciaria La Picota en Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, María Lorena del Castillo, fiscal 10 especializada ofició a la oficina de reparto de esa ciudad. “Me permito solicitarles comedidamente informar si ha sido sometida a reparto la actuación de la referencia, en el marco de la cual el condenado Rafael Uribe Noguera, en virtud de su traslado a la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar”
A la fiscal, se le remitió un formato de visita personal de internos en el cual se establecía que la juez de ejecución de penas, Carol Licette Cubides formalizó las condiciones de reclusión de Uribe Noguera. El 14 de junio de 2018 se estableció en la casilla de pendientes, los cómputos de redención de pena de la cárcel La Picota y, “se anexa escrito de requerimiento y observaciones”. El formato es firmado por Rafael Uribe Noguera.
De su puño y letra, se encuentra el requerimiento que realizó Uribe Noguera al juez de garantías, desarrollado en doce puntos. Luego de la solicitud que quedó consignada en el formato, no existe prueba de una decisión de fondo de estos requerimientos.
Días después de aquella visita, la juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ofició a la Procuraduría, a la vicefiscalía que ella había asumido por reparto la vigilancia de la pena de Rafael Uribe Noguera, “por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado”
Luego de varios requerimientos a la oficina jurídica de la cárcel La Picota en Bogotá, por fin le fue remitido a la juez de Valledupar el proceso de Uribe Noguera.
Así las cosas, el pasado 25 de enero, se pronunció frente a la primera redención de pena, luego del análisis legal y jurisprudencial, le reconoció un mes 9 días y 12 horas. Lo anterior teniendo en cuenta cinco actas de La Picota y de la penitenciaria de Valledupar, en las que se calificó la conducta como buena, en un periodo entre el 7 de diciembre de 2016 y el 6 de septiembre de 2017.
La funcionaria judicial también calificó como ejemplar el comportamiento de Uribe Noguera, entre el 7 de septiembre y el 2 de mayo de 2018. A ello antecedió que también se certificó que entre el primero de agosto de 2017 y el 31 de octubre de 2017 el interno redimió pena estudiando el programa de inducción al tratamiento penitenciario.
Pero vinieron nuevos reconocimientos para Uribe Noguera. El 11 de marzo de 2019 se le aprobó una segunda redención de pena. Esta vez de un mes y 12 horas, pues el Inpec informó que había trabajado 488 horas en papel y que había iniciado labores en círculos de productividad artesanal.
Cuatro meses después, el juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar reconoció una tercera redención de dos meses, un día y 12 horas, por haber trabajado en la elaboración de artesanías durante 984 horas.
Lo cierto es que Rafael Uribe Noguera está concentrado en redimir su pena y mantener una conducta sobresaliente que le permita recobrar su libertad, no sin antes, en la permanente búsqueda de derechos y beneficios para una mejor estadia en prisión.
