De nuevo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia intentan elegir presidente y vicepresidente del alto tribunal. Esta vez, los postulados son Álvaro Fernando García Restrepo de la Sala Civil y Jorge Luis Quiroz Alemán de la Sala Laboral. Ya son varias sesiones de Sala Plena en que los togados buscan seleccionar sin éxito y desde febrero a sus dos principales representantes. Los desacuerdos son evidentes. Entre tanto, varios procesos de elección determinantes para la administración de justicia se pueden afectar en medio de diferencias internas en las tres salas compuestas actualmente por 18 magistrados.
Según voceros de la Corte Suprema, este lunes hay una nueva sesión en donde se tratará de destrabar el proceso de elección. Argumentan que no se ha podido elegir a presidente y vicepresidente de la corporación porque “ninguno de los dos candidatos únicos ha obtenido los 16 votos reglamentarios”. Se trata de reemplazar en la cabeza de la institución al magistrado Jorge Luis Barceló su último presidente y quien salió hace varias semanas al cumplir su periodo de ocho años. También de buscar quién ocupe la vicepresidencia que tenía Álvaro Fernando García.
Ante esta situación, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, indagó sobre lo que está pasando en una institución considerada como la más importante en la administración de justicia, que parece no salvarse de la polarización que vive el país y salpicada en los últimos tiempos por actuaciones aisladas de algunos de sus funcionarios.
Los grupos de poder al interior de la institución están identificados. Varios magistrados y funcionarios, así lo reconocieron a esta Agencia. No obstante, precisaron que ello se debe, más que a posturas partidistas, al engranaje propio institucional en donde hay compromisos implícitos internos o de rotación, como las elecciones directivas.
El ajedrez electoral en la Corte se comenzó a jugar en febrero de este año, cuando su presidente José Luis Barceló, magistrado de la Sala Penal, culminó su periodo de un año al frente a la institución. Así las cosas, se esperaba que el nuevo presidente perteneciera a la Sala Civil. Por esta razón, el postulado fue el magistrado Álvaro Fernando García Restrepo. En cuanto a la vicepresidencia, se candidatizó al magistrado Jorge Luís Quiroz de la Sala de Casación Laboral.
Desde la primera votación hace unos meses se empezaron a evidenciar las diferencias. Pese a que parecía que los acuerdos internos se iban a respetar y la rotación de presidente por sala era cuestión de trámite, las cosas se empezaron a enredar. Primero, por el cambio de postura de algunos magistrados y segundo por las vacantes en la Corte que han hecho que la elección sea casi un asunto de milimetría en las votaciones.
La Corte Suprema de Justicia, está compuesta por 23 magistrados. Pero esta cifra se ha reducido a 18 y para lograr la elección de su presidente se necesitan 16 votos. La diferencia de cinco obedece a que desde el año pasado y en el actual no se ha definido el reemplazo de cuatro magistrados y otro está siendo procesado dentro del denominado ‘Cartel de la Toga’.
De la Sala de Casación Laboral, salieron por periodo cumplido los magistrados Luis Gabriel Miranda Buelvas y Jorge Mauricio Burgos Ruiz. En cuanto a la Sala Penal, por la misma razón, ya no están Fernando Alberto Castro Caballero y José Luis Barceló Camacho. Respecto del magistrado Gustavo Malo Fernández, salió del cargo y debe defenderse en juicio ante la propia Corte Suprema de Justicia. Con una votación de 40 votos, en diciembre del año pasado el Senado le quitó su investidura, al acoger un informe de la comisión instructora que concluyó que existen indicios que demostrarían que Malo pudo ser parte de una empresa criminal que modificaba decisiones judiciales a cambio de millonarios sobornos.
El alto tribunal programó para el próximo miércoles 15 de mayo el comienzo del juicio contra Malo, acusado por cinco delitos, decisión que coincidió con la advertencia de Luis Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, extraditado y recluido en una cárcel de Estados Unidos, en donde responde por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario, en el sentido de que el proceso por el denominado ‘Cartel de la Toga’, está al borde de la prescripción.
En este contexto, las votaciones se iniciaron con posturas diversas de los magistrados de las diferentes salas. En cuanto a la Sala de Casación Penal, en las reuniones para elegir, según comentó uno de los magistrados, sus cinco integrantes, siempre votaron en bloque de acuerdo con lo previsto, es decir, por Álvaro García presidente y Jorge Luis Quiroz vicepresidente.
Se conoció entonces, la postura de la Sala de Casación Civil, y según, una fuente al interior de la Corte, allí se evidenciaron diferencias. El asunto es que esta sala tiene dos grupos en su interior. Conformada por siete magistrados, parece estar dividida. Un primer grupo, es denominado como el grupo de los paisas. Está integrado por los magistrados Álvaro Fernando García, Ariel Salazar y Alonso Rico Puerta. El otro grupo, se afirma, que es liderado por Margarita Cabello Blanco, y a este pertenecen Aroldo Quiroz y ocasionalmente se integra el magistrado Luis Armando Tolosa. Otro funcionario destacó que el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, quien es el séptimo integrante de la sala, es considerado como independiente.
De esta manera, uno de los cuellos de botella para la elección de presidente y vicepresidente está en la Sala de Casación Civil, en razón a que como la elección es de 16 entre 18 votos, cualquier desacuerdo complica la designación.
En lo que tiene que ver con la Sala de Casación Laboral, se afirma al interior de la Corte, que es liderada por los magistrados Gerardo Botero Zuluaga y Rigoberto Echeverry Bueno quienes a su vez, son considerados cercanos al denominado grupo de los paisas. Los otros tres magistrados que la integran, Jorge Luis Quiroz es postulado a la vicepresidencia de la Corte y Fernando Castillo y Clara Cecilia Dueñas Quevedo, son definidos como independientes.
Este panorama que enfrentan los altos togados desde comienzos de año, ha afectado de nuevo, una elección clave para la administración de justicia. Pero el tema se enreda más porque la definición de las vacantes que existen en las tres salas, en su mayoría, desde el año pasado, se ha convertido en una titánica misión en donde actualmente 40 candidatos hacen campaña por cuatro puestos.
Además de avocar conocimiento de procesos, en única y segunda instancia, casación, revisión, tutela y extradición, con un equipo reducido de apoyo, los magistrados deben escuchar a los candidatos y sesionar en su elección. Así sucedió, el pasado 28 de marzo, cuando los togados en Sala Plena, escucharon a los aspirantes. Por ello, según argumenta un reconocido jurista, el hecho de que los magistrados tengan facultades para elegir se convierte en un arma de doble filo. “Primero porque les da poder, pero segundo porque los ocupa en labores adicionales a la esencia de su labor que es la administración de justicia”.
Según registros a diciembre de 2018, consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, a la Sala Civil se remitieron 7.344 expedientes. En cuanto a la Sala Laboral, la carga fue de 13.206. Y frente a la Sala Penal la cifra fue de 7.224. En concreto, la alta corporación judicial conoció el año anterior, en total, 27.774 actuaciones.
Y es que el tema electoral complica todo. Para citar solo un caso, de los cuatro cargos de magistrados que están pendientes de designar, el reemplazo de José Luis Barceló en la Sala de Casación Penal se volvió una papa caliente. Los 10 aspirantes, preseleccionados por el Consejo Superior de la Judicatura tienen quilates y algunos de ellos, cercanía directa con la Corte. Por ejemplo, hay magistrados auxiliares de actuales magistrados de la Corte, también magistrados titulares de tribunales de Bogotá, Manizales y hasta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, junto a académicos y litigantes. Por ello, definir a uno no será fácil. Una situación similar se presenta con los reemplazos de los magistrados Jorge Burgos, Luis Gabriel Miranda y Fernando Castro.
Pero el coletazo ya se empieza a reflejar en otras decisiones de la mayor trascendencia para la administración de justicia en Colombia. Por ejemplo, ya se inició la campaña para suceder a Juan Carlos Galindo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo periodo termina este año. Y ni que decir del premio mayor, la designación del reemplazo del fiscal Néstor Humberto Martínez quien también entró en el último año de su administración. Ya es conocido, que el presidente Iván Duque, empezó a deshojar la margarita para conformar una terna, la que seguramente estará encabezada por Clara María González, actual secretaria jurídica de la Presidencia de la República y con una alta opción que también sea integrada, en medio de un dilema jurídico, por el actual fiscal ad-hoc del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa.
También se inicia otro proceso electoral interesante, la designación de Auditor General de la República. Termina su periodo el próximo 3 de agosto, Carlos Hernán Rodríguez y le corresponde a la Corte Suprema elegir la terna de aspirantes, que pasará al Consejo de Estado para su elección definitiva.
Otras dudas persisten frente al entorno electoral que se cocina en la Corte Suprema de Justicia. No es claro aún si los tentáculos del denominado ‘Cartel de la Toga’, aún persisten. En varios sectores de la justicia, se analiza si el exmagistrado Leonidas Bustos, aún tiene poder en el alto tribunal y si su cercanía con el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Gloria Ortiz, actual presidente de la Corte Constitucional, incide en decisiones electorales en la Corte Suprema.
Existe expectativa también por lo que pueda suceder en el juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo. A ello hay que sumarle que el Consejo Superior de la Judicatura, ya le informó a la misma Corte que en octubre vence el periodo del magistrado de la Sala de Casación Civil, Ariel Salazar Ramírez, por lo tanto debe efectuar otro proceso de elección para su reemplazo.
Una vez más, las elecciones en la Corte Suprema de Justicia se vuelven determinantes y casi por encima de lo misional de la entidad. Con una generación de juristas destacados en la magistratura, es imperioso que se llegue a acuerdos técnicos y democráticos, que garantice agilidad en la justicia y una correcta aplicación de la misma, en momentos en que el país clama celeridad, eficiencia e imparcialidad en las decisiones judiciales.
