Por estos días, los valduparenses y miles de turistas, asisten a uno de los eventos más importantes del país, la 52 edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Un icónico certamen que concita lo mejor de las notas del acordeón y el mundo político. Pero en la trasescena de la cita musical aún quedan los rezagos de un conflicto penal y civil, en Valledupar, una ciudad que sufre los rigores de una ley de quiebras de la cual, si todo marcha bien, podrá superar hasta el año 2028.
El entuerto jurídico por la donación de un extenso terreno que hizo la ciudad de Valledupar a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para que celebrara el certamen, se inició hace más de dos décadas. En 1998, los concejales de Valledupar le otorgaron facultades al alcalde Jhonny Concepción Pérez Oñate, para celebrar un convenio.
De esta manera, el 6 de noviembre de 1998, el alcalde y la presidente de la fundación, Consuelo ‘La Cacica’ Araújo Noguera (q.e.p.d), suscribieron un acuerdo que consistía en la donación de 16 hectáreas de un lote denominado “La Esperanza”. Con un antecedente clave y es que en 1993, el concejo había declarado de utilidad pública y de interés social la adquisición del terreno con el propósito de convertirlo en el Parque Lineal de Hurtado. Amparado en ello, el alcalde ordenó la expropiación en contra la empresa titular del predio, Inversiones Rosalia.
Dos años después, el mismo mandatario y Araújo Noguera elevaron a escritura pública el lote en mención, pero ya no las 16 hectáreas iniciales, si no de la totalidad del terreno, 28 hectáreas. La transacción se hizo a título de dación en pago compensatoria a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Esta es una figura jurídica que contempla el Código Civil para aquellos casos en los que existe una deuda, no se cuenta con el dinero, pero se salda con un bien.
Sin embargo, el asunto no convenció a la oficina jurídica de la ciudad, que llamó la atención sobre presuntas inconsistencias. El predio entregado a la Fundación era de uso público, y según la ley su dominio era intrasferible e imprescriptible. Así mismo, llamó la atención que la ciudad no tenía deudas ni obligaciones con la fundación.
Posteriormente, dos meses después, en marzo de 2000, el mandatario local y la “Cacica” Araujo, suscribieron una nueva escritura. Esta vez para cancelar la anterior y dejar sin efecto tanto la extensión de 28 hectáreas como el modo de adquisición, es decir a título de dación de pago por compensación. Suscribieron entonces, un nuevo acuerdo en el que el municipio le entregaba a manera de aporte 16 hectáreas del mismo lote “La Esperanza”.
El asunto no termino ahí. El burgomaestre volvió a acudir al concejo en abril de ese mismo año. Esa vez, solicitó cambiar de uso público a fiscal el lote que ya hacía parte de los activos de la Fundación de la Leyenda Vallenata. Las dudas jurídicas no cesaron con el paso de los días, pues un mes después, el mandatario y Araújo Noguera, una vez más formalizaron el convenio mediante el cual se transfirió la propiedad, a modo de aporte. Esta vez se pactó que serían 23 hectáreas.
Finalmente, el 15 de agosto de 2000, las partes elevaron una nueva escritura. Cancelaron la que habían suscrito en el mes de marzo y en cambio protocolizaron el acuerdo que se definió para que el municipio entregara las hectáreas.
Pasaron ocho festivales, coronando a sus reyes vallenatos y un sinnúmero de ilustres visitantes. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2008, el abogado Evelio José Daza Daza, quien para esa época era conocido como el defensor del cantautor Diomedes Diaz, acusado de la muerte de Doris Adriana Niño, denunció penalmente al alcalde de Valledupar Johnny Concepción Pérez Oñate por haber realizado lo que en su concepto se trató de una donación ilícita de un lote de propiedad de la ciudad a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, para la construcción de un parque que se edificó con dineros del Estado.
También señaló el demandante que la Fundación se apropiaba de recursos oficiales al cobrar impuestos por la utilización de ese espacio. Además denunció que se recaudaba dinero cada vez que se autorizaba la celebración de un espectáculo público en ese lugar y este tampoco llegaba a las arcas púbicas.
Vendrían entonces acciones de la justicia. En 2011, la Fiscalía, vinculó a la investigación a Rodolfo Augusto Molina Araujo, representante legal de la Fundación, a Jhonny Concepción Pérez Oñate y a tres ex alcaldes más por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de confianza, fraude procesal y peculado por apropiación a favor de terceros. Un año después se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra el alcalde de Valledupar, Jhonny Pérez.
Adicionalmente, se ordenó el interrogatorio en contra de 14 ex concejales. También se vincularon al proceso a Olga María Rueda Rincón, notaria tercera de Valledupar, así mismo, a Juan Manuel Barraza, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Regalías y se solicitó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que se investigara a Juan Carlos Echeverry, entonces director de Planeación Nacional, como quiera que la Fiscalía consideraba inicialmente que estos últimos eran los responsables de entregar los recursos de las regalías a la Fundación y no a la ciudad.
Luego de varios años en los que se practicaron testimonios, se realizaron inspecciones judiciales a entidades como la Contraloría de Valledupar y la Contraloría General, a dos convenios de regalías, entre otros, la Fiscalía se inhibió de iniciar investigación en contra del ex ministro Echeverry. También desvinculó a trece exconcejales. Igualmente, en otros pronunciamientos posteriores frente al mismo proceso, el ente acusador precluyó en 2018 y 2019 la investigación por los demás delitos imputados, así como a otros procesados en el caso.
Al respecto, Oscar Sierra, abogado penalista quien defendió a algunos de los procesados, expresó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que, “el pasado 27 de marzo, la Fiscalía precluyó la investigación que adelantaba contra los alcaldes y concejales quienes mediante un acuerdo donaron el parque de la leyenda a favor de la fundación. Se determinó la inexistencia de actuar doloso por parte de los servidores y se encontró ajustado a la ley el uso de los recursos aportados por el Fondo Nacional de Regalías”.
Pero al tiempo que se definió el tema penal, casi de manera simultánea el litigio avanzó en materia administrativa. El Consejo de Estado falló en junio de 2018, una acción popular que interpuso en el 2010 la Procuraduria General de la Nación y ordenó devolver al municipio de Valledupar las 23 hectáreas que le había entregado a la fundación.
Desde entonces, la administración local, en cabeza del alcalde Augusto Ramírez, asumió el manejo del terreno. Para este festival se esperaba que suscribiera un contrato de arrendamiento con la fundación, en razón a que se trata de un bien público que puede generar nuevos ingresos a la ciudad. Sin embargo, aunque se anunció que se está efectuando un avalúo con la lonja de propiedad raíz local, la edición 52 del evento ya está en marcha en medio de un limbo jurídico por la ausencia temporal de un contrato entre Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.
Fueron más de dos décadas en que la ciudad no recibió recursos por un bien público. Paradójicamente, en octubre de 2014 ante una dificil situación de sus finanzas, Valledupar se acogió a la ley 550 conocida como ley de quiebras. Con un pasivo superior a los $211.000 millones, no tuvo mas remedio que diferir sus acreencias hasta el año 2028. Hoy todos disfrutan la fiesta vallenata pero tras bastidores suenan los acordes de notas desafinadas por litigios derivados de un complicado manejo de los recursos oficiales.
