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La disputa legal por los Gaiteros de San Jacinto

En San Jacinto Bolívar está sucediendo por estos días un acontecimiento de repercusiones para las tradiciones musicales del país. El asunto va por cuenta de la solicitud realizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de uno de los grupos que utilizan el reconocido nombre para hacerse dueños de una marca que se considera patrimonio cultural de Colombia. Varios músicos se oponen en contienda legal y económica.

Agencia Period… Sáb, 29/06/2019 - 10:36

Una disputa interna entre los miembros de uno de los grupos musicales de mayor tradición en el país tiene en vilo el legado cultural de los Gaiteros de San Jacinto.  La razón, es que cuatro de sus integrantes  solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el pasado 10 de abril, el registro de marca del grupo musical. Petición a la que se opusieron otros músicos de la agrupación quienes consideran que perderían sus derechos y la posibilidad de preservar los beneficios económicos que por décadas han mantenido.   

El registro de marca fue solicitado por Rafael Antonio Castro Fernández, Wilson Rafael Castro Fontelar, Yeison Andrés Fontalvo Castelar, integrantes de la agrupación  y Gabriel Eduardo Torregrosa Romero, este último, quien desde hace varios años ejerce funciones comerciales y de representación artística de los gaiteros. Para este fin delegaron su representación jurídica en el abogado Alexis Perea Sánchez.

Sin embargo, el trámite avanzaba en la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta que otros integrantes de la agrupación y allegados, acudieron a los servicios del abogado Edilberto Peñaloza, con el propósito de lograr que el organismo de control niegue el registro de la marca.

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En un documento de 72 páginas, radicado ante la entidad recientemente y en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, la contraparte argumenta que no se puede entregar la marca a los cuatro integrantes de la agrupación.

El argumento esencial para oponerse es que los Gaiteros de San Jacinto  como agrupación cultural, folclorica y musical tiene una tradición de más de medio siglo que no se puede otorgar con el reconocimiento de una marca.

Expone Peñaloza que primero està San Jacinto un municipio de Bolívar, la creación del grupo en 1950, las generaciones de las familias, Lara, Yepes o Rodríguez que de antaño interpretan en las gaitas y las expresiones musicales de los indígenas Kogui.  

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Desde entonces, los Gaiteros de San Jacinto son un “nombre” cuando los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella decidieron emprender un periplo por el mundo para mostrar y establecer la identidad nacional desde las artes y la cultura.  De su nombre hay una variedad de posibilidades de quien estableció dicho asunto. Algunas versiones cuentan que los Zapata, al nombrarlos como un grupo procedente de una población y otras versiones cuentan que el maestro Toño Fernández -insigne figura del grupo- al preguntarle por su procedencia contestó como buen repentista que …eran Gaiteros de San Jacinto”.

No obstante, las diferencias entre sus integrantes  no son nuevas. En 1974 el grupo se dividió. Los Gaiteros de San Jacinto Hermanos Lara dirigido por Catalino Parra y los Gaiteros de San Jacinto de Toño Fernández. Los primeros grabaron un disco pero su director Juan José Lara falleció y el segundo continúa vigente.

Pero en 1988, también murió Toño Fernández y asumió la dirección, su sobrino Nicolás Fernández, quién a su vez la delegó en su actual director Fredys Arrieta. Una serie de movimientos que son la antesala para fundamentar el litigio, que se centra en una producción discográfica desde 1969 con el disco Hacha y Machete, hasta la producción “Un fuego de sangre pura” que obtuvo el Latin Grammy en 2007 y los derechos y legado que de allí se derivan.

Como sucede en estos casos, no solo se trata de la disputa por el nombre,  trascendió a resultados económicos. De hecho, señala la oposición al registro de la marca, que desde el año 2012, Rafael Castro y Gabriel Torregrosa, vienen haciendo uso del nombre comercial de la agrupación para hacer presentaciones, grabaciones y negocios “dejando por fuera a los integrantes de la agrupación de mi poderdante”. Además se denuncia que Castro y Torregrosa están tocando gaita con interpretaciones diferentes ya que no lo hacen al estilo sanjacintero o indígena.

Así las cosas, la oposición al registro de la marca explica que los músicos que representa, tocan gaita de acuerdo a un saber tradicional, que están protegidos por el tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, CAN y los postulados de la Corte Constitucional, en cuanto a identidad cultural.

 Y hacen referencia además a la sentencia del alto tribunal que ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio que suspendiera el acto administrativo que permitía la comercialización de productos a base de coca, por considerar que atenta contra el conocimiento tradicional indígena para fabricar esos productos.

“Ningún particular podrá abrogarse la titularidad del patrimonio cultural e inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales que las personas y las comunidades tienen para el acceso, disfrute, goce o creación de dicho patrimonio”, refiere el abogado Edilberto Peñaloza, al oponerse al registro de la marca.

Según expertos en asuntos culturales, las repercusiones de querer tomar para un solo grupo la marca son lo bastante complejas y la Superintendencia tendrá que lidiar con la toma de la decisión sobre si ser de un pueblo es una marca registrada pero sobre todo protegible ante los términos de la identidad.

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Los opositores a la petición ante el organismo de control, argumentan que solo un grupo no puede llevar el nombre de Gaiteros de San Jacinto. Un asunto que generaría que otras agrupaciones, desde las escuelas de gaita hasta las agrupaciones pequeñas que viven de presentaciones en municipios, además de compositores, arreglistas y otros grupos que han hecho de Los Gaiteros de San Jacinto una institución musical irían al declive,  ya que ellos también se muestran con este  nombre tradicional y en algunas variedades que no podrían ser usadas.

La Superintendencia tiene la última palabra en una disputa que comenzó desde el ámbito cultural y se transformó a lo jurídico y económico, por un legado que cumple 70 años.

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