En agosto de 2015 cansado de tener que pagar porcentajes, comisiones y dar lujosos regalos como subcontratista de una obra pagada por el Invías, el ingeniero, Henry Calderón Ortiz, decidió hacer pública su desgracia. Hoy, tres años después, su caso que evidenció los costos indebidos de la intermediación en la construcción de obras públicas se convirtió en su debacle. Cuando esperaba justicia por su caso, sus denuncias terminaron congeladas, su empresa cesó operaciones, quedó en la quiebra y fue vetada en su sector para hacer nuevos negocios.
Todo comenzó en 2004 cuando Henry Calderón Ortiz y su hermana María Catalina, se dedicaron a importar repuestos, a alquilar maquinaria pesada, explotación de canteras y finalmente a la construcción de obras civiles. Fue en esta última actividad que empezaron a tener negocios significativos. Por ello, constituyeron su empresa Consorcio Rockex SAS y casi de inmediato lograron ser contratistas en la construcción de la represa de El Quimbo.
Como persona jurídica obtuvieron otro importante negocio. Para ese entonces se estaban adjudicando los denominados “corredores viales de la prosperidad” que a través del Invías y durante la administración Santos buscaban desarrollar la infraestructura del país mediante la construcción de nuevas vías
Tiempo después, Calderón a través de su empresa, contactó al director de la obra denominada Transversal del Libertador Fase II, una carretera que se construía para comunicar a los departamentos de Huila y Cauca. Oficialmente, se firmó un contrato entre el Invías y el Consorcio PCP por 236 mil millones de pesos. Con su pequeña empresa se volvió subcontratista para construir un tramo de la obra. Para ello firmó un convenio con la firma Grodco Ingenieros Civiles que hacía parte del referido consorcio.
Llegó a la zona y montó su campamento de obra. Estaba ubicado en el kilometro 44 entre Puerto Valencia e Inzá, (Cauca) zona de difícil orden público y nulas comunicaciones. A ese sitio llegaron 60 trabajadores, cinco excavadoras, dos buldóceres y una motoniveladora, además de volquetas, picas, palas y un sinnúmero de herramientas de trabajo.
Ya era diciembre de 2014 y todos esperaban dinero. La operación había requerido una alta suma para una empresa pequeña. Por eso, Calderón le exigió el pago al ingeniero Miguel García, quien, según lo denunció el mismo Calderón, empezó a hacerle propuestas. “De frente me pidió el 10% del dinero del contrato. Yo supe de entrada que era una propuesta extorsiva, pero decidí someterme. Ya hacía el mes de febrero del año siguiente, de un giro de $245 millones por un anticipo que me pagaron, me tocó darle $24.5 millones en efectivo. Él a su vez los consignó en una cuenta suya, en una sucursal del banco Davivienda en Neiva”. Calderón relató en su momento que con eso todo se solucionaría, pero empeoró.
Entonces los ingenieros residentes empezaron a hacerle exigencias mayores en cuanto a la obra. Acudió de nuevo a Miguel García para que intercediera en su favor, pero no tuvo éxito y las exigencias continuaron. A ello, se suma que le retardaban los pagos, no le cancelaban los valores adicionales por el tipo de material extraído en la obra, pero recuerda que le seguían exigiendo el 10% de lo que facturaba.
Dice que García seguía presionando y le propuso alternativas. Darle dinero al interventor, entregarle $10 millones al mismo García, otros dos millones a un topógrafo, hasta que se cansó de los pedidos y reaccionó. Al mejor estilo de un espía, Calderón decidió grabar todas las conversaciones que tenía con García. Allí, varias veces, luego de atenderlo en su finca, invitarlo a unos tragos, presentarle mujeres bonitas y hablar de dineros, recopiló en más de diez grabaciones con su teléfono celular como pruebas.
Hacia mayo de 2015, el contratista Calderón recibió un giro de $220 millones pero con las conversaciones grabadas aspiraba a no tener que girar más dinero a García ni a quienes él recomendaba hacerlo. Pasaron varias semanas, y en el mismo sitio en donde estaba adelantando las labores de ingeniería para la obra empezó a aparecer maquinaria de otros contratistas. A mediados de junio, fue notificado por el grupo empresarial Grodco de la terminación del contrato y de un plazo para retirarse de la obra el 17 de junio de 2015.
Sin obra, sin liquidez, con deudas operativas y laborales no tuvo más remedio que desistir de su negocio. Con reclamaciones superiores en su momento a $3.600 millones, se fue por la vía jurídica, contratando abogados, haciendo denuncias, presentando las grabaciones y buscando solución a sus dificultades.
Empezó así, su periplo por la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría e Invías. Durante tres años como judío errante, repleto de memoriales, oficios, fotocopias, contratos, grabaciones, de despacho en despacho, entregando pruebas de cómo había sido coaccionado para pagar dádivas.
Una revisión a las denuncias que presentó Calderón hace tres años en Fiscalía, Contraloría y Procuraduría muestra que no han tenido avances significativos. En el caso de la Fiscalía se entregó una denuncia inicial de más de 25 páginas con argumentos, fotografías, documentos anexos y cálculos contables que, según el denunciante, no han tenido mayor desarrollo. Dentro de este caso también se informó al ente acusador de las supuestas extorsiones de las que fue objeto el empresario por parte de los interventores. En este sentido, se hizo énfasis en la situación de los subcontratistas, quienes generalmente hacen el trabajo a precios mínimos.
De igual manera, en la Fiscalía se ampliaron las denuncias en dos ocasiones. De hecho, en agosto del año pasado se presentó un nuevo informe con evidencias del caso. Al respecto, funcionarios del ente acusador respondieron que la investigación está abierta y sigue vigente en la fiscalía 212 seccional de la Unidad de Administración Pública.
En cuanto a Contraloría y Procuraduría, también fueron informados de la situación advirtiendo que la compañía Grodco que subcontrató a la empresa de Calderón tiene vínculos con el Consorcio Yuma que hace parte de la construcción conocida como La Ruta del Sol, por estos días popular por el tema de Odebrecht. Con respecto a la Contraloría, el caso cambió. Estaba en el nivel nacional, pero por tratarse de hechos que se originaron a nivel regional la investigación fue trasladada a la oficina de Popayán en donde reposa en un anaquel repleto de documentos, al borde de la prescripción.
Respecto de la Procuraduría, la suerte no fue muy diferente de lo sucedido en Fiscalía y Contraloría. En varias ocasiones entrevistaron al contratista Henry Calderón, quien entregó decenas de documentos, pero el caso tampoco avanzó Frente al Invias, a comienzos del año 2016 sancionó al Consorcio PCP, integrado por Grodco con una multa argumentando subcontratación ilegal.
Hoy, el sueño empresarial de los hermanos Calderón terminó. No están en operación. Su firma entró en quiebra. Varios de sus colegas contratistas tanto en el sector público como privado los recriminaron por hacer públicas sus denuncias y por acudir a los organismos de control. La compañía quedó vetada para hacer obras y por ello está en proceso de liquidación. La única esperanza que tienen es recuperar una pequeña parte del dinero si prospera una demanda civil. Entre tanto, Grodco, una de las denunciadas en el caso, sigue firmando millonarios contratos de obra pública y privada y su presidente es objeto de condecoraciones por su labor.
