El pasado mes de agosto la Contraloría General de la República estrenó la figura de control de advertencia con la Regasificadora del Pacífico. Un negocio que se viene fraguando desde el año 2015 cuando se empezó a hablar de un plan de abastecimiento de gas natural proyectado a diez años.
Desde entonces dicha cartera ha enfilado toda su artillería para entregarle a un privado la construcción de esta obra por US$ 711 millones que en pesos colombianos son $2.7 billones, el equivalente a dos veces el polémico contrato de Centros Poblados y MinTic y que hoy tiene tras las rejas a tres personas.
La diferencia entre el contrato de Centros Poblados para proveer Internet a más de siete mil escuelas y la Regasificadora del Pacífico, es que el primero se adjudicó con recursos públicos mientras que la segunda será pagada directamente por los colombianos en el recibo del gas apenas se construya la obra no cuando entre en funcionamiento.
Un tema relevante, pues la manera de remunerar la planta y el gasoducto de Buenaventura-Yumbo, es decir sin tocar directamente recursos públicos si no el bolsillo de los colombianos generó varias perlas que no pasaron desapercibidas por la Contraloría General de la República.
A diferencia de las concesiones viales que retornan al Estado, con la regasificadora no ocurriría lo mismo y siempre estaría en cabeza del privado que la construya. Adicionalmente, y según lo advirtió la Contraloría delegada de Minas y Energía, se generaría un incremento en la tarifa del gas natural del 32% afectando a los hogares más pobres del país.
También tendría efectos nocivos en la navegabilidad del principal puerto del país, Buenaventura. De hecho, la Dirección General Marítima, Dimar profirió concepto negativo. Además, no se adjudicará mediante licitación pública y como si esto no fuera suficiente el licenciamiento ambiental de la regasificadora y el gasoducto será una misión casi imposible pues atraviesa territorio indígena y zonas selváticas del Pacífico colombiano que el proyecto no contempla.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, desde su puesta en marcha en octubre de 2018, ha realizado tres entregas sobre la Regasificadora del Pacífico advirtiendo de este extraño negocio que han tratado de sacar adelante desde el Ministerio de Minas manejando un doble discurso sobre las cifras del gas del país.
Mientras la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, históricamente ha advertido que el país tiene gas en promedio para siete años y una prospectividad de treinta años más, cada cierto tiempo y cuando han necesitado impulsar la regasificadora, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME ha intentado generar pánico afirmando que el país se quedará sin gas natural en tres años. Es de precisar que tanto la ANH como la UPME son entidades adscritas al Ministerio de Minas.
Luego del primer control de advertencia que profirió la administración del contralor general Felipe Córdoba, la Agencia de Periodismo Investigativo envió un derecho de petición al ministro Diego Mesa y al director de la UPME Christian Jaramillo indagando sobre su posición luego de los riesgos detectados y advertidos por el organismo de control fiscal.
Estos solo se respondieron luego de interponer una acción de tutela que conoció el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Al respecto las respuestas fueron evasivas. Al indagar sobre la postura del ministro de Minas sobre el control de advertencia, este aseguró que el gobierno nacional viene adoptando medidas necesarias para garantizar la demanda de gas natural, que desde el año 2015 se adoptó un plan de abastecimiento de gas natural y que la UPME proyectó un consumo de gas que supera la oferta nacional.
Advirtió que el control de advertencia no es vinculante y para ello resaltó uno de los párrafos del documento de la Contraloría.
Otro de los interrogantes giró en torno al estudio realizado por la firma Poten and Partners contratado por la ANH en el año 2020 en el que no se recomendó la construcción de la Regasificadora del Pacífico.
La respuesta del ministro es que su cartera no es quien adelanta las convocatorias para seleccionar a los contratistas si no que esta recae en la UPME, no respondió la pregunta pero en cambio sí afirmó que el estudio también señala que la producción de gas colombiano y las reservas probadas están en declive pero que el país cuenta con suficiente gas en el suelo.
Así mismo afirmó que por Ley 1712 de 2014 no estaba obligado a publicar en su totalidad el informe de Poten and Partners.
Pero advirtió que este se socializó el 16 y 23 de septiembre de este año, en una se sión de seis horas mediante la plataforma Meet, pero no se hizo entrega del informe completo del mismo.
A su vez, el ministro tampoco respondió al concepto negativo que entregó la Dimar por la afectación en la navegabilidad en cuanto a la profundidad de la bahía y la imposibilidad de recibir los buques que transportar gas licuado, Poten and Partners afirmó algo similar.
La respuesta de jefe de cartera fue que, “en el estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural elaborado por la UPME se identificaron los riesgos de tipo ambiental, socioeconómico y las condiciones técnicas y operativas del puerto para la construcción de la infraestructura de importación de gas del Pacífico”.
Advirtió que en la fase preliminar de este proyecto como es la convocatoria le corresponde a la ANLA y a la Dimar encargarse de ese asunto y concluyó con esta advertencia, “en conclusión, el proyecto debe continuar, en tanto que se ha considerado necesario para garantizar el adecuado abastecimiento de gas”.
En otras palabras, el ministro Mesa en la respuesta al derecho de petición vía acción de tutela advirtió que hará caso omiso a la advertencia de la Contraloría y le traslado el asunto a la Dimar y la ANLA.
En concreto, los usuarios tendrán que prepararse para un aumento del 32% en la tarifa del gas para pagarle a un privado una regasificadora apenas se construya no una vez entre en funcionamiento, esto a pesar de la advertencia de la Contraloría, la Dimar, comunidades indígenas, demandas ante el Consejo de Estado y debates de control político.
Horas después de esta respuesta, el 21 de octubre la UPME, el 21 declaró desierta la invitación para construir la Regasificadora del Pacífico pues no hubo interesados. Según acta firmada por Christian Jaramillo, director de la entidad y Jorge Alfredo Hernández Orduz, representante legal de Deloitte Asesores y Consultores Ltda, indicaron, “ninguno de los usuarios activados en la Plataforma Tecnológica presentó sobres No. 1 y 2”.
Lo evidente es que, como lo ratificó la UPME, a la convocatoria se presentaron siete interesados en el proyecto que al final no entregaron oferta, en el fondo, por las advertencias de la Contraloría General que busca prevenir para que que la obra no se convierta en infraestructura inconclusa o elefante blanco. Se trata de 1.527 obras inservibles o sin terminar financiadas con recursos públicos que suman $23 billones.
Sin embargo, ahora la lupa habrá que ponerla en si se le entregará este regalo de 2.7 billones de pesos a un particular de manera directa, como lo advirtió en el acta la entidad, “procede a declarar desierta la convocatoria pública UPME GN No. 01-2020 y podrá iniciar un nuevo proceso de selección”.
Este viernes 22 de octubre de nuevo se pronunció la justicia al aceptar la impugnación de una tutela, otra vez el Juzgado 23 ordenó al ministerio de Minas y a la UPME, responder de fondo sobre su gestión, acciones e intereses en la entrega de la Regasificadora del Pacifico, una obra que deja más sombras que luces.
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