Hace tres semanas en medio de absoluto sigilo, Félix Augusto Guedes Matins Filho, director regional en Colombia y Ecuador de la constructora, Norberto Odebrecht, presentó a los organismos de control una nueva Propuesta de Reparación Integral, (ARI), con el propósito de saldar cuentas dentro del proceso por pago de sobornos para construir obras que tiene judicializadas a más de cincuenta personas. El negocio que plantea la multinacional es el aumento del monto de la reparación en 10 mil millones de pesos, es decir, un pago total de 106 mil millones de pesos y, a cambio, la terminación inmediata de todos los procesos penales, administrativos, fiscales y disciplinarios que cursan en el país contra Odebrecht y sus funcionarios.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó todos los procesos que actualmente se adelantan en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Superintendencias de Sociedades, Industria y Comercio y de Puertos y Transporte con el propósito de verificar los alcances de la propuesta presentada por Odebrecht a la justicia colombiana. En esencia, en la mayoría de los expedientes se avanza; no obstante, el proceso en la mayoría de éstas instancias, aún tiene camino por recorrer para decisiones de fondo. Se trata de un caso que se inició en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, evidenció el pago de sobornos en varios países de Latinoamérica, a través de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora, en el proceso de corrupción más trascendente de la región de los últimos tiempos.
Los estimativos de la justicia norteamericana, dan cuenta que Odebrecht pagó sobornos en doce países de Latinoamérica por 788 millones de dólares. En el caso de Colombia, se calcula que pagó 11 millones de dólares en coimas. No obstante, la Fiscalía descubrió que el pago de dádivas fue de casi 30 millones de dólares. En contraposición, la multinacional demandó recientemente al Estado colombiano ante tribunales internacionales por 3.8 billones de pesos argumentando que el país le hizo una expropiación ilegal de sus intereses.
En este contexto, y con el agua al cuello por múltiples procesos ante la justicia, obras en desarrollo, contra las cuerdas por la justicia de Estados Unidos, con dificultades económicas y con la imagen corporativa pulverizada, el 12 de julio de 2018 la multinacional hizo la primera propuesta oficial para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la oferta económica y jurídica presentada a la vicefiscal María Paulina Riveros, al entonces contralor, Edgardo Maya y al procurador Fernando Carrillo, fue rechazada de plano.
Ante la propuesta que se consideró paupérrima frente a la gravedad de la situación, los propietarios de la firma en Brasil, su representante en Colombia Félix Augusto Guedes y los abogados acaban de entregar otra propuesta, que según ellos, “supera apreciablemente la radicada el pasado 12 de julio de 2018. De la misma forma, la multinacional solicitó reinstalar a la mayor brevedad posible con la participación de Guedes y su equipo técnico una mesa de negociación. De igual forma, dejó clara su voluntad de conciliar todas las diferencias con el Estado colombiano.
La nueva propuesta radicada la semana pasada tiene muchas perlas. Comienza afirmando la multinacional que esta no podrá ser interpretada o utilizada en perjuicio de las empresas de Odebrecht o de sus funcionarios o exfuncionarios, por ninguna parte, incluyendo sin limitación entidades de control o autoridades colombianas, bajo el entendido de que se trata de información reservada que debe ser utilizada exclusivamente para la negociación.
Facsímil de la primera página de la propuesta del Acuerdo de Reparación Integral
Los dos puntos clave de la propuesta plantean el cese de toda acción frente a todos los procesos que actualmente adelanta la justicia colombiana. También un monto integral de indemnización que pasó de 96 mil millones a 106 mil millones de pesos. Una cifra que desagrega en 32 mil millones por los principios de oportunidad acordados con la Fiscalía y otros 74 mil millones para las demás controversias diferentes a causas penales. Un pago que se haría en cuotas hasta el 31 de enero de 2020. El saldo restante se pagaría con los dineros que reciba del mismo Estado por la terminación de la Ruta del Sol. En otras palabras, baja indemnización, pago por cuotas y una parte con los mismos dineros oficiales.
En lo que tiene que ver con los procesos que cursan en los estrados judiciales, la multinacional Odebrecht dice en su propuesta confidencial que se deben terminar y que con la reparación económica, basta. En concreto, cesarían las actuaciones penales que están en etapa de indagación e investigación. También una acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se terminaría. En el caso de la Contraloría la petición es que no continúen los procesos fiscales que se adelantan. En lo que tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio, un caso en averiguación preliminar debe cerrarse.
La propuesta de la constructora, también incluye las superintendencias de Sociedades y de Puertos y Transporte. En estos organismos de control se pide revocar las ordenes de control de las empresas en donde Odebrecht tiene participación accionaria y también revocar la resolución que determinó la unidad empresarial entre las distintas sociedades colombianas y la holding de empresas Odebrecht en Brasil. En cuanto a lo disciplinario, requieren que los procesos en contra de funcionarios y exfuncionarios de las empresas Odebrecht, finalicen. Frente a la Ruta del Sol, afirman que para que se llegue a un acuerdo, el Estado debe reconocer todos los pagos. En resumen, la firma aspira a que con el pago de 106 mil millones de pesos el Estado colombiano realice borrón y cuenta nueva, en todo aspecto.
Según Odebrecht, esta propuesta tiene como antecedente la negociación que se ha hecho con autoridades de Estados Unidos, Brasil, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala. Explican que esta implementación ha sido reconocida de las mejores practicas internacionales de ética, transparencia e integridad, denominadas compliance. Además señala, que destacan su eficacia en la cooperación de las empresas en el ámbito penal para la aplicación de justicia en el combate contra la corrupción, y destacan que ya ha sido comprobada en diversas jurisdicciones incluyendo Colombia.
La multinacional partió de unas premisas para presentar el nuevo acuerdo. Reconocimiento de actos ilícitos, ofrecimiento de excusas y cesación de conductas. A ello se suma, que consideran que hay ambiente de colaboración formal, seguro y confidencial. También disponibilidad plena de colaboración de las personas naturales y jurídicas, cooperación continuada y la opción de seguir compartiendo informaciones y pruebas con las autoridades desde diciembre de 2016.
Félix Augusto Guedes Martins Filho, director regional de Colombia y Ecuador, reitera en la propuesta de acuerdo, que lo esencial es la sobrevivencia de las empresas Odebrecht, el reconocimiento de la inversión privada realizada para la ejecución de la infraestructura de la Ruta del Sol y que de firmarse el acuerdo, este se convertiría en ejemplo, agente y guía de readecuación de los mercados en que actúa a estándares internacionales que estimulan la realización de inversiones nacionales e internacionales.
De igual manera, si se firma el acuerdo, dice el directivo, “serviría de convenio marco entre el Estado colombiano y empresas Odebrecht para poner fin a través de una transacción a todas las controversias judiciales y administrativas existentes y futuras bajo el concepto de cooperación continuada, respecto a hechos anteriores a febrero de 2017 relacionadas con las conductas de sus exfuncionarios objeto de indagaciones o investigaciones penales o administrativas”.
Otro aspecto que solicita Odebrecht en el acuerdo, es que el gobierno asuma el compromiso de apoyar a la multinacional frente a la banca colombiana a fin de que pueda monetizar de forma continua recursos a Colombia a través del sector financiero a fin de pagar, impuestos y demás obligaciones financieras existentes asumidas con autoridades colombianas, deudas con proveedores y abogados y nómina y demás gastos corrientes relacionados con la operación de la compañía en el país.
En contraposición dice Odebrecht que renuncia o hace el desestimiento de acciones o medidas de la naturaleza que estas sean, contra el gobierno, de eventual acción civil por daños y perjuicios relacionados con la terminación anticipada del contrato de concesión. La multinacional insiste que los montos y las partes involucradas serán públicas pero que este Acuerdo de Reparación Integral (ARI), tendrá carácter confidencial.
Facsímil de la carta de Odebrecht dirigida a la vicefiscal en donde la multinacional entrega la nueva propuesta de Acuerdo de Reparación Integral
A mediados de esta semana, en la cumbre andina anticorrupción, celebrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, Margalida Smith, directora de cumplimiento de la firma Odebrecht dio detalles del proceso de recuperación de reputación de la compañía luego del escándalo internacional. Pocas horas después, se conoció que la empresa está interesada en licitar el metro de Bogotá. De inmediato, el procurador Fernando Carrillo cuestionó esta participación. De paso denunció, que el ministerio público indaga si Odebrecht está participando en una cuestionada construcción de escuelas en el Valle del Cauca.
El Acuerdo de Reparación Integral, (ARI), ya está en manos de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Los jefes de estos organismos de control se abstienen de pronunciarse en detalle al tratarse de un tema confidencial. Pero serán estos tres organismos los que determinen si definitivamente la propuesta es viable o solo se trata de un documento más que le permita a Odebrecht seguir haciendo negocios en Colombia.
