El exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales fue condenado a cinco años y dos meses de prisión por los delitos de cohecho impropio e interés ilícito en la celebración de contratos. En el año 2010 recibió un soborno de Odebrecht por US$6.5 millones para la adjudicación de la concesión Ruta del Sol tramo II. Luego de purgar 31 meses en la cárcel La Picota de Bogotá y redimir pena sembrando hortalizas, solicitó su libertad condicional.
Argumentó que por haber cumplido las tres quintas partes de la condena, era tiempo suficiente para volver de nuevo a la calle. Pero luego de un análisis jurídico, en donde entre otros aspectos, nadie se explicaba como la pasaba la mayor parte de su tiempo en el huerto, recibía visitas de sus abogados y de sus familiares cada semana casi simultáneamente, el juez hizo cuentas, analizó la gravedad de la conducta y determinó que García Morales deberá continuar en prisión.
Una decisión a la que antecedió el trámite que el pasado 28 de junio efectuaron sus abogados, quienes le solicitaron al juez 15 de Ejecución de Penas, la libertad condicional de su cliente. Cinco días después radicaron un nuevo memorial complementando la solicitud. Según ellos, por buen comportamiento y resocialización del interno a través del trabajo en la granja del penal.
Los defensores de García Morales, argumentaron que el exviceministro también colaboró con la justicia, delatando a algunos involucrados en el proceso de Odebrecht, sumado a que superó el término indicado en la ley de las tres quintas partes, para acceder a la medida sustitutiva.
Pero todo se enredó. Cuando se creía que el exservidor ya tenía un pie en la calle y se daba por descontado que el juez le otorgaría la libertad condicional vinieron las sorpresas. Así las cosas, el pasado 29 de agosto, funcionarios del Juzgado de Ejecución de Penas se trasladaron hasta la penitenciaria La Picota en Bogotá para entrevistar a García Morales, ver sus condiciones de reclusión y evaluar el tema, extrañamente, el exviceministro no salió de su celda a atender la visita oficial.
Días después, los apoderados judiciales le solicitaron al juez reprogramara una nueva visita carcelaria. Esta no se realizó aunque el despacho emitió un auto en el que advirtió que tendría en cuenta la solicitud de entrevista. Ese mismo día, el juez solicitó al despacho que lo condenó se le informara si se había iniciado en contra de García Morales el incidente de reparación integral, es decir, si las víctimas habían iniciado el proceso pertinente para lograr la indemnización por parte del exviceministro por haber incurrido en estos delitos.
Pero este no fue el único oficio que emitió el juez. También requirió a la Fiscalía 80 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el principio de oportunidad en favor del exviceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe.
Pasaron casi dos meses de la solicitud de libertad. El pasado 25 de septiembre el juzgado se pronunció mediante dos autos. El primero, reconociéndole a García Morales redención de pena por trabajo y el segundo negándole horas que certificó la cárcel La Picota como trabajadas, pero que presentaban un problema. Estas correspondían a domingos y festivos.
Y es que al despacho no le cuadraron las cuentas. La granja de la cárcel La Picota, en la que redimen pena los aforados constitucionales, es decir, los congresistas y altos funcionarios públicos condenados por parapolitica o por corrupción, son dos lotes. Uno de 85 x 45 metros y otro de 120 x 69 metros. Allí trabajan entre 40 y 50 internos.
Los exfuncionarios redimen pena sembrando hortalizas de tierra fría como lechugas, cilantro, repollo, cebolla y criando conejos. El horario estipulado por el reglamento de la cárcel, revisado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, señala que para trabajar es de 8:00 a.m a 4:00 p.m. En concreto, cada interno del pabellón Ere Sur cuenta con 216 metros cuadrados para sembrar.
Sin embargo, no parece posible que estos exfuncionarios trabajen de lunes a domingo, superando las 48 horas semanales que permite la ley 65 de 1993 y además reciban visitas los días viernes, sábado, domingo y lunes y también salgan del penal a remisiones médicas y judiciales.
En el caso de García Morales significa que él desde la fecha de su captura, el 13 de enero de 2017, trabajó de manera ininterrumpida y sin descanso durante 24 meses. Esto sin asistir a audiencias, citas médicas, ni recibir visitas de amigos y familiares.
Por esta razón, el juzgado emitió un auto solicitándole a la oficina jurídica de la cárcel La Picota, remitiera a ese despacho, “el acto administrativo mediante el cual el sentenciado fue autorizado para laborar domingos y festivos con la debida justificación y programación semestral.
Aunque la prisión envió los oficios, el juzgado no le reconoció a García Morales las horas en la que supuestamente trabajó correspondientes a domingos y festivos. Pero ahí no finalizaron la malas noticias para el exviceministro. En otro auto, que se le notificó el pasado 4 de octubre, el juez le negó la libertad condicional. Entre tanto, los ciudadanos siguen clamando justicia en el caso Odebrecht que en el último tiempo se frenó en seco.
