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Cemex y dos caras de la justicia

Mientras exdirectivos negocian ante las autoridades de Estados Unidos delación de actividades indebidas en Colombia por la construcción de planta cementera, a nivel local, tres procesados por el manejo de más de US$20 millones gozan de libertad y otros beneficios. Entre tanto, Procuraduría y Sociedad de Activos Especiales, SAE, avalan construcción de la obra mediante conciliación, pese a sus antecedentes.

Agencia Period… Dom, 21/04/2019 - 06:10

Al tiempo que desde hace varios meses exdirectivos de la multinacional Cemex, accedieron a testificar en contra de la cementera ante la justicia de Estados Unidos, para evidenciar que presuntamente la compañía autorizó prácticas de cartelización de los precios del cemento y que una conducta similar efectuó en la  negociación de un terreno en Antioquia para la construcción de la planta de cemento, hoy en extinción de dominio, en Colombia la situación es diferente. 

El pasado viernes 12 de abril, la compañía en Colombia informó que llegó a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación mediante el cual, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, CI Calizas y Minerales SA, Cemex Colombia y Central de Mezclas SA, suscribieron un contrato de operación minera y producción cementera por 21 años en el municipio de Maceo, Antioquia. Se trata de la reactivación de un polémico negocio que se había paralizado en medio de un proceso penal contra dos exdirectivos de la multinacional y un particular. Un caso salpicado por vínculos con José Aldemar Moncada, alias ‘El Chatarrero’ asesinado por sicarios en 2016 y señalado de negociar la mina con Cemex.

Todo marchaba bien para la compañía multinacional. Luego de décadas de consolidar su operación en México y otros países de Latinoamérica enfiló baterías en Colombia. Así las cosas, el 20 de agosto de 1996, adquirió Cementos Samper, en una operación cercana a los US$300 millones. De igual manera, la compañía compró Cementos Diamante y desde entonces se convirtió en la segunda empresa más grande del sector.

Pero vendrían retos adicionales para Cemex en su proceso de crecimiento y consolidación de su actividad en el país y con proyección en Latinoamérica. Por ello empezó a buscar terrenos para construir una planta cementera que ampliara la capacidad de producción.

Exdirectivos

 

La misión quedó en cabeza de Carlos Jacks Echavarría, un ingeniero mexicano quien llevaba 24 años en la compañía, como un reconocimiento a su labor fue designado como director ejecutivo de Cemex en Colombia. El reto de construir la planta quedó en su cabeza y como apoyo a la iniciativa fueron designados Camilo González Téllez, representante legal de la firma en Colombia y Edgar Ramírez Martínez, vicepresidente de Planeación Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios de la multinacional en el país.

El reto era mayúsculo porque se trataba de construir la segunda planta de cemento más grande de Cemex en el mundo. Ya era el año 2012, y los tres designados empezaron a gestionar la adquisición de los terrenos, en una zona que resultó, según los estudios y determinaciones de los directivos, ideal por su ubicación, calidad de los terrenos y precio aparentemente razonable.

En medio de las negociaciones, apareció Eugenio Correa Díaz, un particular quien terminó siendo señalado como el intermediario para la compra de los terrenos ubicados en un predio de 162 hectáreas denominado Finca Monterrey y ubicado entre los municipios de Maceo y Yolombó en Antioquia.

La operación empezó a cristalizarse a través de la negociación del predio que estaba a nombre de la Comercializadora Internacional Calizas y Minerales, empresa a la que la cementera le arrendó el predio donde funcionaría la planta. En medio del convenio, se encontró que el verdadero propietario del terreno era José Aldemar Moncada, conocido como ‘El Chatarrero’, quien fue asesinado en mayo de 2016, cuando era procesado por un millonario desfalco a la Dian.

Eugenio

 

Mientras ello sucedía, los directivos de la multinacional informaban a la casa matriz en México que el negocio de la adquisición del terreno para la construcción de la planta iba viento en popa. Con un particular detalle y es que indicaron que el predio costaba cerca de US$20.6 millones.

Así las cosas, y de manera poco usual, la millonaria cifra autorizada por Edgar Ramírez Martínez, vicepresidente de Planeación y Camilo González Téllez representante legal, llegó, según las investigaciones a los bolsillos de Eugenio Correa Díaz. Registros dieron cuenta que se trataba de un supuesto comerciante inmobiliario, nacido en Cartago, Valle, quién vivió gran parte de su vida en Envigado, Antioquia, y que a sus 33 años de edad fue el receptor de la millonaria cifra.

Con su empresa Profit Marguín, miembro de junta de Biolodos del Caribe, integrante de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, así como propietario de casas, fincas, vehículos y del criadero San Marcos Rozo, fue el eje de la operación. Un asunto adicional, mostró que hizo varios viajes al exterior en compañía de directivos para ese entonces de la multinacional.

De manera sorpresiva, a finales de septiembre de 2016, la propia compañía hizo público un comunicado en donde reconoció pagos irregulares a un particular para gestionar la adquisición del terreno en Maceo, Antioquia y responsabilizó a los directivos Carlos Jacks, Camilo González y Edgar Ramírez de la situación.

Jaime Granados, abogado de Cemex, sintetizó el caso en su momento, “la gran sorpresa en esta negociación fue que se le pagó a un tercero ajeno a la compañía, a un señor que se llama Eugenio Correa, varios giros cuyo monto asciende a los US$20.6 millones. Es importante precisar que estas operaciones financieras nunca fueron informadas a través de los conductos correspondientes de la organización y es posible que entre directivos y Correa pudieron existir diferencias”.

Dólares

 

De igual forma, la misma compañía Cemex indicó que el tema se empezó a investigar en febrero de 2016, en razón a que a la casa matriz en México llegó una denuncia anónima detallando los hechos. Desde ese momento, se inició la indagación interna que llegó a la conclusión de que los US$20.6 millones se habían usado indebidamente y no se adhirieron a los protocolos establecidos por Cemex.

Además de un caso de infidelidad empresarial, el asunto, por solicitud de la propia multinacional, llegó a la justicia penal. En noviembre de 2016, el caso empezó un lento trasegar en los estrados judiciales. Luego de algunas actuaciones de la Fiscalía y algunos juzgados penales de garantías, el primero de agosto de 2017 se citó a audiencia de imputación contra el particular Eugenio Correa y los exdirectivos de Cemex, Camilo González y Edgar Ramírez, pero la defensa de uno de los procesados solicitó aplazamiento.

Entre agosto de 2017 y junio de 2018, y pese a la transcendencia del caso, en varias oportunidades, la audiencia de imputación de los indiciados no se pudo hacer porque no asistieron a la citación de la justicia o en otros citaciones no apareció el fiscal del caso. Incluso, inicialmente, se solicitó declarar en contumacia, o ausentes, al particular y los exdirectivos, pero la petición fue negada.

Finalmente, el 12 de junio de 2018, se pudo hacer la audiencia de imputación a los procesados. Con varias particularidades. Eugenio Correa Díaz, ya estaba en Estados Unidos. El exrepresentante legal de Cemex en Colombia, Camilo González asistió a la audiencia. Por su parte, el exvicepresidente de Planeación de Cemex, Edgar Ramírez, de nuevo, no asistió y fue declarado contumaz. A estas tres personas les fueron imputados los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado, lavado de activos y administración desleal.

Nueve días después, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los imputados. En el caso de Eugenio Correa y Edgar Díaz, se ratificó que viven en Estados Unidos y se ordenó librar órdenes de captura. En cuanto a Camilo González se le otorgó detención domiciliaria en la hacienda Potrerito del municipio de Chía.

Audiencia

 

Pese a estar fuera del país, tanto Correa como Ramírez solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento que les fue negada por un juez. Sin embargo, el procesado Camilo González también contó con buena suerte, el 15 de febrero de 2019 le fue modificada su detención domiciliaria y a cambio se decidió decretarle medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, esto es, presentarse cuando sea requerido ante autoridad, prohibición de salir del país y la presentación de una caución. Hace dos semanas, González, fue notificado de su boleta de libertad.

Una determinación que causa polémica, toda vez que abogados penalistas consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, señalaron que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, están determinadas en el artículo 315 de la ley 906 de 2004 y se imponen en aquellos delitos cuyas penas no sean privativas de la libertad, en tipos penales querellables y cuando el mínimo de la sanción determinada en la ley sea inferior a cuatro años. Es decir, es un beneficio para conductas que no sean tan gravosas, no es el caso de uno de los delitos imputados como es el lavado de activos cuya pena mínima es de 10 años.

El caso Cemex, tiene hoy tres aristas diferentes. Los tres principales procesados por el presunto manejo irregular de más de US$20 millones están en libertad, dos en Estados Unidos y uno en Colombia. Han pasado más de nueves meses sin que la Fiscalía hubiera formulado acusación y llamado a juicio a los implicados.

Eugenio Correa y Edgar Ramírez avanzan en negociaciones con la justicia de Estados Unidos, porque afirman que están dispuestos a demostrar que la dirigencia de la multinacional en Colombia y México sabían y autorizaron sus cuestionados manejos.

Acuerdo

Entre tanto, la construcción de la nueva planta de Cemex en Maceo, Antioquia, la segunda más importante a nivel mundial para esta empresa, pese a todos los cuestionamientos penales, comienza una nueva etapa con el aval de la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales, organismos que conciliaron el asunto. La multinacional pagará un arriendo de $49 millones y entregará un 0.9% de las ventas netas del cemento que produzca la planta.

Solo resta la modificación de la licencia ambiental, que fue negada por Corantioquia en 2017 para ampliar la producción de 250.000 a 950.000 toneladas de cemento. Además, el cambio del uso del suelo, los permisos para la construcción de la vía a la planta y la sustracción parcial del distrito de riego integrado del Cañón del Río Alicante. Un proyecto que generará 300 empleos directos e indirectos. Según Cemex, “reafirma su compromiso de continuar aportando a la construcción de un mejor futuro de Colombia”.

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