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Sombras de intervención del gobierno al fútbol colombiano

Gobierno presenta proyecto de ley de 107 artículos que amplia su poder, vigilancia y sanciones al deporte. Ministro asegura que busca transparencia. Dirigentes califican de intervencionista al balompie y anuncian medidas. Abogados consideran iniciativa no es necesaria. Incluyen polémico artículo.

Agencia Period… Dom, 08/11/2020 - 14:37

La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, los estamentos deportivos nacionales y la dirigencia, toman atenta nota de un proyecto que desde hace varios meses y en secreto viene elaborando el ministerio del Deporte. La iniciativa fortalece a Ernesto Lucena, entre otros aspectos, como jugador determinante en la industria del balompié nacional, una actividad que históricamente se ha caracterizado por estar al margen de intereses públicos y políticos.

Se trata de una iniciativa legislativa de 107 artículos que será presentada esta semana al Congreso, cuyo propósito es “reformar la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre”, pero que dirigentes deportivos consideran es una intervención del gobierno Duque en el Fútbol Profesional Colombiano. Sin decirlo tácitamente, una buena parte del articulado, sí parece estar dirigido al fútbol.

La cereza del pastel que tiene mirando de reojo a la FIFA, Conmebol y los dirigentes deportivos es el artículo 80 del proyecto de ley el cual contempla tres medidas cautelares que podrá interponer el ministerio del Deporte en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, “previo análisis de la gravedad, riesgo y vulneración de la falta cometida”.

Estas son, la suspensión del reconocimiento deportivo, suspensión a los miembros del órgano de administración hasta tanto no resuelva la investigación en curso y nombrar el comité provisional al organismo deportivo.

Al respecto, el ministro Ernesto Lucena, aseguró a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que el proyecto lo que busca es actualizar el Sistema Nacional del Deporte, en lo que tiene que ver con procesos de inspección, vigilancia y control al considerar que en esta materia se presentan fallas en los procesos administrativos sancionatorios.

Articulo 80
Uno de los artículos que genera mayor controversia es el 80, pues faculta al ministerio a remover directivos al iniciar una investigación.

 

El funcionario manifestó además que también se busca vincular a grupos de interés de la actividad que no estaban incorporados y que resulta pertinente hacerlo luego de los efectos generados por la pandemia. Frente a los reconocimientos deportivos indicó que estos serán otorgados por los departamentos a las ligas y el ministerio del Deporte a las federaciones, ya que ello ha traído traumatismos y no se respeta la segunda instancia. En cuanto a los recursos el proyecto busca asegurar mayores dineros para los talentos de la actividad.

Sin embargo, otra visión del tema tienen varios dirigentes deportivos. El abogado penalista y presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, consideró que la inclusión del artículo de medidas cautelares no es conveniente y va más allá, “están buscando que la Fifa intervenga y nos desafilie”.

Consultado sobre el tema, Andrés Charria, abogado de la Universidad Javeriana, con veinte años de experiencia en derecho deportivo, aseguró que el proyecto es innecesario porque ya existe reglamentación suficiente y más bien lo que procede es aplicarla como corresponde y no generar nuevas normas que no tienen utilidad alguna en cuanto al fútbol. “Hay documentos como el reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de Fifa, los procolos de los estadios o el Código de Ética que acá no se respetan, bastaría con hacerlos cumplir”.

A su vez, César Guzmán presidente y propietario del club Patriotas, tampoco ve con buenos ojos el proyecto, al considerar también que representa una clara intervención del gobierno al fútbol. Y en contraste a lo que piensa el ministro Lucena, argumenta que las actuales facultades que tiene el ministerio del Deporte para suspender y retirar el reconocimiento deportivo son inconstitucionales. “He pedido a la Dimayor y a la Federación que hay que demandarlas porque violan el derecho a la igualdad, debido proceso y el derecho a la defensa”.

De izq a derecha Eduardo Méndez, Andrés Charria, Cesar Guzmán y José Fernando Salazar
De izquierda a derecha Eduardo Méndez, Andrés Charria, Cesar Guzmán y José Fernando Salazar

 

El directivo aseguró que le parece muy grave lo que plantea el proyecto de ley que le da más dientes al ministerio para intervenir a los equipos. “Un equipo de fútbol es una empresa, y por el no pago de una obligación pierde el reconocimiento deportivo, esto equivaldría a la cancelación de la matricula mercantil de una compañía en cualquier actividad por acreencias que se deben dirimir en instancias judiciales”.

José Fernando Salazar, accionista mayoritario de Ríonegro, Talento Dorado, señaló que, “es una clara intervención que no podemos permitir, llevé el tema a la Dimayor con las cabezas de nuestra industria y con mis colegas. Ya habrá lugar para esa discusión”. Al respecto, otros presidentes de clubes prefirieron no pronunciarse hasta tanto no sea radicado el proyecto esta semana. A su vez, Ramón Jesurún y Fernando Jaramillo, presidentes de la Federación y la Dimayor no se pronunciaron al respecto.

Pero más allá del debate que genera el artículo 80, este no es el único punto de conflicto que trae la iniciativa, que seguramente, tendrá como ponente a un congresista de la Comisión Séptima del partido de gobierno, Centro Democrático. Expertos señalan que el proyecto presenta problemas incluso desde la definición de deporte y deportista profesional.

Mientras que al primero lo define como un competidor remunerado que actúa de acuerdo a la normatividad de la respectiva federación internacional, al segundo se considera toda persona que a partir de la práctica de un deporte sea remunerada, tenga logros significativos o un vínculo laboral con una institución deportiva mediante contrato de trabajo.

En el capítulo segundo referente a los niveles, conformación y funciones se elimina lo referente a las comisiones disciplinarias, comisiones de juzgamiento y técnicas. En cambio se le otorga a las federaciones deportivas nacionales que dentro de su estructura organizacional tengan divisiones, un plazo de doce meses para ajustarse a lo estipulado en la nueva ley en caso de aprobarse.

Cúcuta Deportivo
Celebración por la anotación de un gol del Cúcuta Deportivo

 

Otro de los puntos controversiales es el denominado poder preferente. La Constitución, la ley y la jurisprudencia denominan así a la potestad disciplinaria y correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación en los casos que tiene competencia para hacerlo, es decir, cuando se trata de funcionarios públicos.

A través de esta ley, el ministerio del Deporte intentará aplicar esta misma figura mediante su dirección de inspección, vigilancia y control, asegura un abogado experto en derecho disciplinario, “no es bueno que tenga el mismo poder de la Procuraduría, sin que esta sea su función esencial”. 

También establece el otorgamiento, renovación, suspensión y revocatoria del reconocimiento de asociaciones recreativas y demás asociaciones pero no se define ni establece cuáles son.

En cuanto a la personería jurídica, según lo plantea la iniciativa, es obligatoria para todos los organismos asociados, un tema que prende las alarmas en los municipios, en donde se considera que en vez de promover el deporte y demás actividades sería un obstáculo adicional.

Ahora bien, si un deportista aficionado quiere cambiar de club, prima el tema económico, pues se plantea que el ministerio del Deporte en un plazo de seis meses para que reglamenten lo concerniente a los términos de solicitud, pagos y autorización.

Resolución
Resolución de sanción con suspensión de reconocimiento deportivo al Cúcuta.

 

En el capítulo de inspección, vigilancia y control el ministerio tendrá la facultad de solicitar, verificar, revisar y analizar la información administrativa, jurídica, contable y económica de, “cualquier organismo deportivo que integre el Sistema Nacional del Deporte”. En cuanto a la vigilancia podrá hacer seguimiento y evaluación. Esto incluye a organismos públicos y privados incluso queda en el aire si la facultad de inspección, vigilancia y control también recaerá en las asociaciones.

Con respecto a las sanciones no queda claro cuáles serán y si se mantendrán las del decreto 1228, es decir amonestación pública, multa hasta por cien salarios, suspensión o cancelación de la personería jurídica y suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo.

Frente al procedimiento administrativo sancionatorio, éste tendría varios vacíos jurídicos, según lo manifestaron expertos. El primero tiene que ver en lo relacionado con el artículo 68 que establece que éstas podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona y que cuando como resultados de averiguaciones preliminares, “la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio”, pero no se desarrolla el concepto de averiguaciones preliminares.

También se tipificó como falta gravísima un acto que desde ya es considerado como desproporcionado, no acatar las recomendaciones e instrucciones del ministerio del Deporte, no presentar el calendario deportivo para la aprobación por parte de la asamblea de afiliados y no desarrollar las actividades deportivas establecidas en ese calendario aprobado por la asamblea de afiliados.

De la misma manera se considera como falta gravísima no reportar la información en el Sistema Único de Información del Deporte, pero no se conoce cómo funcionará dicho sistema.

Plenaria del Congreso
Esta semana se conocerá el ponente del proyecto de ley en el Congreso de la República.

 

El otro punto de controversia recae en considerar como falta una regulación propia estatutaria de los organismos deportivos, el no convocar a la asamblea de afiliados dentro de los diez días hábiles siguientes a la renuncia de algún miembro de la estructura funcional del organismo deportivo con el propósito de elegir el reemplazo, si es del caso.

En la iniciativa legislativa se determina una falta gravísima de los clubes deportivos de carácter profesional el incumplimiento de los acuerdos económicos relacionados con los certámenes y eventos deportivos organizados por la respectiva federación y divisiones.

Con referencia al numeral cinco del artículo 78 se establece falta leve no atender los requerimientos del ministerio del Deporte. Es decir, a una misma conducta se le da la característica de falta gravísima y leve.

Otro capítulo de debate es el tercero, referente a las impugnaciones, pues no es claro si una de las pretensiones del proyecto es quitarle competencia a la Superintendencia de Sociedades, en el parágrafo del artículo 83 donde se establece que los miembros de los órganos de administración no podrán impugnar cuando estos hubieran sido propuestos en la asamblea o reunión de órgano de administración para hacer parte del organismo deportivo.

En cuanto a las pruebas en los procesos sancionatorios, se disminuye de cuarenta a diez hábiles la práctica de las mismas y la decisión el término disminuyó de treinta a quince días hábiles para que el ministerio del Deporte expida un acto administrativo poniéndole fin al trámite de impugnación.

Toma de pruebas Covid-19
Los equipos profesionales aplican estrictos protocolos de bioseguridad frente al Covid-19.

 

Con esta iniciativa legislativa, una calma chicha ronda las relaciones entre el gobierno nacional y los directivos del fútbol profesional colombiano. Y es que desde la declaración de la pandemia de Covid-19 en el mes de marzo, la histórica relación entre el deporte más popular entre los colombianos, el fútbol y el gobierno de Iván Duque empezó a resquebrajarse.

Todo se inició con los protocolos de bioseguridad para reactivar la liga nacional. A pesar de ser uno de los protocolos más detallados y estrictos, pues contemplaba la toma precisa de pruebas moleculares de Covid-19, fue de los últimos sectores en autorizar su regreso.

Una decisión que no se vio reflejada en las estadísticas, pues hasta antes de iniciarse la segunda ola del virus en Europa, Colombia se mantuvo en el quinto lugar en mayor número de contagios.

La demora en la aprobación de los protocolos de bioseguridad y crìticas por el contrato de televisión internacional derivaron en la salida de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor. De hecho, varios dirigentes lo señalaron de no tener buenas relaciones con el gobierno nacional. En medio de la pandemia votaron en favor de su relevo del cargo.

En su reemplazo llegó Fernando Jaramillo reconocido porque en el pasado manejó las relaciones públicas y corporativas en la vicepresidencia de Bavaria. Sin embargo, con poco menos de sesenta días al frente del timón la luna de miel entre los dirigentes y él se empieza a acabar por cuenta de la decisión del ministro del Deporte, Ernesto Lucena de suspender el reconocimiento deportivo del Cúcuta.

Dimayor
Jorge Enrique vélez y Fernando Jaramillo, expresidente y presidente de Dimayor.

 

Al directivo le reprocharon que guardó silencio frente al hecho. Su actitud fue cuestionada por varios dirigentes de los clubes quienes lo nombraron bajo la premisa de sus excelentes relaciones con el gobierno nacional. Al respecto, Jose Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, aseguró que le violaron el debido proceso al tomar la decisión contra el equipo pese a que pagó parte de las obligaciones y que era competencia de la Dimayor certificarlas.  

Pero lo sucedido con el Cúcuta parece ser la antesala de la apuesta del gobierno de Iván Duque a través de su ministro del Deporte frente al fútbol profesional colombiano. Incluso, causó sorpresa que pocas horas después de la polvareda que levantó el caso de ese equipo, el primer mandatario responsabilizó a los dos partidos contra Venezuela y Chile de la Selección Colombia como causante del incremento de contagios de Covid-19 en el país.

Hoy, a pocas semanas de finalizar el año más duro para el mundo y para el fútbol, quienes debieron sortear campeonatos sin públicos y en difíciles condiciones económicas, la embestida del gobierno parece unirlos nuevamente, dicen que no admitirán que hagan política a costa del fútbol.

No obstante, el ministro Lucena sigue firme en sus convicciones y asegura que no se trata de una intervención al fútbol colombiano, “lo de Fifa no tiene nada que ver con el fútbol profesional colombiano, Conmebol ha sido clara en esos temas”. El directivo manifestó que su función es vigilar lo que hacen los clubes profesionales de fútbol. Frente a la Dimayor precisó que el ministerio no tiene ningún tipo de competencia. Lucena ratificó que es su deber vigilar el comportamiento financiero y laboral de los clubes profesionales de fútbol y de cualquier otro deporte.

“Yo trabajo con la mayor transparencia, con el mayor cariño por el deporte y se que hay dirigentes que les molesta mucho mi labor, como todo en la vida, pero lo respeto y ante todo lo que busco es que nuestro deporte progrese, porque hay demasiado talento en Colombia”.  

Son 32 disciplinas olímpicas las que tiene el país, pero de nuevo el debate gira en torno al fútbol. Será el Congreso de la República y la Fifa, si el asunto pasa a mayores, quienes a la postre entreguen su veredicto final sobre el polémico proyecto.

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