Hace casi nueve años, en diciembre de 2009, en medio de su exitosa expansión en América Latina, la constructora Odebrecht logró dos importantes contratos en Colombia: el sector dos de la Ruta del Sol, suscrito con el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y la construcción de un túnel interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas, pactada con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Hoy, esas dos obras son las piezas principales del escándalo de la multinacional brasileña.
Por el capítulo Ruta del Sol II están procesados y presos el exviceministro de Transporte Gabriel García y el excongresista Otto Bula, entre otros “peces gordos” sobre el argumento de que tuvieron que ver con pago de sobornos de Odebrecht para obtener la obra. Por el túnel interceptor Tunjuelo-Canoas fue condenado el contratista Andrés Cardona.
El caso Ruta del Sol II, con el añadido del corredor Ocaña-Gamarra en 2014, la Fiscalía dispuso enviar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta de varios congresistas, entre ellos, el cordobés Bernardo Elías, conocido como Ñoño, quien en el último año mantuvo una actitud discreta en el caso, luego de anunciar que iba a prender el ventilador con una matriz de colaboración, que hasta ahora no se ha hecho efectiva. Respecto a la obra de Odebrecht con la EAAB, lo paradójico del asunto es que desde antes de que se entregara esa obra en diciembre de 2009 en Bogotá, estaban prendidas las alarmas por presuntos actos de corrupción.
En los días previos a la adjudicación de la obra del interceptor Tunjuelo-Canoas, el entonces director del programa anticorrupción de la presidencia, Óscar Ortiz González, le advirtió al gerente de la EAAB, Jorge Enrique Pizano, sobre presuntas irregularidades en el proceso. Sus dudas obedecían a que una fuente de la firma francesa Soletanche Bachy, que también participaba en la licitación, reveló que le estaban pidiendo el 8,5% del total de la obra para ganar el negocio. Ortiz recalcó que existía un trato desigual frente a las propuestas.
De forma adicional, los ingenieros Jorge Achury y Hernando Robles intentaron frenar la licitación a través de una acción popular, argumentando que el proyecto no correspondía a las necesidades del río Bogotá ni atendía las directrices del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en 2004 dio la orden perentoria de descontaminar el río Bogotá. Tanto las denuncias del zar anticorrupción Ortiz González como los reparos técnicos de los ingenieros Achury y Robles, fueron en su momento remitidos a la Procuraduría.
A pesar de estos antecedentes, el 30 de diciembre de 2009 el gerente de la EAAB, Jorge Enrique Pizano, adjudicó la obra al consorcio Canoas, integrado 12 días antes por la constructora Odebrecht y la firma CASS Constructores & y Cía. S.C.A., incluso pese a que se trataba de la oferta más cara. Siete meses después, Pizano renunció a la gerencia de la EAAB y al mes siguiente entró a trabajar con la concesionaria Ruta del Sol II, designado por el socio Corficolombiana.
A pesar de estos antecedentes, el 30 de diciembre de 2009 el gerente de la EAAB, Jorge Enrique Pizano, adjudicó la obra al consorcio Canoas, integrado 12 días antes por la constructora Odebrecht y la firma CASS Constructores & y Cía. S.C.A., incluso pese a que se trataba de la oferta más cara. Siete meses después, Pizano renunció a la gerencia de la EAAB y al mes siguiente entró a trabajar con la concesionaria Ruta del Sol II, designado por el socio Corficolombiana, que tiene el 33% de la obra. Odebrecht tiene el 62% y CASS Constructores el 4,9%.
Por los días en que Pizano dejó la gerencia de la EAAB para irse a la Ruta del Sol, tomaba forma el escándalo que se conoció como el carrusel de la contratación en Bogotá. Aunque inicialmente el caso se limitó a irregularidades y retrasos en la construcción de la tercera fase del sistema público de transporte, Transmilenio, pronto se transformó en un enorme capítulo judicial que involucró a contratistas, políticos y servidores públicos. La vinculación de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule le dio connotación nacional al escándalo.
Por la misma época, el concejal Carlos Vicente de Roux y el excongresista Gustavo Petro dieron a conocer un explosivo documento para develar la forma como los contratistas se habían apropiado de los negocios públicos en Bogotá. Respecto a la EAAB, el informe precisó que seis grupos concentraban el 45% de la contratación en la entidad y tres poseían el mayor porcentaje. La firma Odebrecht, la empresa CASS Constructores –de los hermanos Carlos y Luis Héctor Solarte– y el grupo dirigido por el empresario Orlando Fajardo Castillo.
El informe añadió que alrededor de estos grupos existían situaciones críticas, como la obra del túnel Tunjuelo-Canoas, por $243.000 millones, de Odebrecht y CASS Constructores, mientras que la empresa de Orlando Fajardo y sus socios Gabriel y Jairo Nieto tenía más de 30 contratos a partir de 2008. El documento agregó que Fajardo y el empresario Andrés Cardona tenían alta capacidad de gestión ante la EAAB para obtener contratos y que Cardona era otro de los contratistas ganadores, desde su empresa ACC Ingeniería.
A finales de 2010, el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá ya había llegado a la justicia y los organismos de control, pero muchos de los pormenores del documento de Petro y De Roux se quedaron sin explorar. El asunto se concentró en el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno; su hermano Iván Moreno, los primos Nule, el contralor Miguel Ángel Morales Russi, los políticos Germán Olano, Andrés Camacho u Orlando Parada; los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila o los funcionarios del IDU.
El alcalde Samuel Moreno fue apartado de su cargo por la Procuraduría en mayo de 2011 y tuvo que reemplazarlo Clara López. En octubre de ese mismo año, Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá y gobernó hasta el 31 de diciembre de 2015. La mayoría de contratistas, políticos o funcionarios públicos investigados fueron condenados o destituidos. Samuel Moreno fue condenado a 18 años de cárcel en 2016. El pasado enero de 2017 fue aumentada su condena a 24 años. Su hermano Iván fue sentenciado a 14 años.
El alcalde Samuel Moreno fue apartado de su cargo por la Procuraduría en mayo de 2011 y tuvo que reemplazarlo Clara López. En octubre de ese mismo año, Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá y gobernó hasta el 31 de diciembre de 2015. La mayoría de contratistas, políticos o funcionarios públicos investigados fueron condenados o destituidos. Samuel Moreno fue condenado a 18 años de cárcel en 2016. El pasado enero de 2017 fue aumentada su condena a 24 años. Su hermano Iván fue sentenciado a 14 años.
Los debates del proceso de paz con las Farc, las peleas del gobierno con el expresidente Álvaro Uribe y su círculo político, los coletazos de la parapolítica, el escándalo financiero de Interbolsa o las dificultades de Petro y su polémica gestión en Bogotá, acapararon la atención nacional. Sin embargo, los contratistas y sus aliados políticos siguieron haciendo de las suyas a la sombra, hasta que sobrevino el escándalo Odebrecht, que está probando cómo sus tentáculos se entrelazaron con las redes de la corrupción, que siguieron intactas.
Cuando Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, fue capturado en Brasil en junio de 2015, el hecho causó preocupación en Colombia por su presencia en costosas obras de ingeniería. En febrero de 2016 fue condenado a 19 años de prisión y las inquietudes pasaron a ser rumores. La justicia y los organismos del control solo reaccionaron hace dos meses, cuando procesados de Odebrecht, ante una Corte de Estados Unidos, admitieron haber pagado sobornos a cambio de obras públicas en varios países, entre ellos Colombia.
Entonces empezó la redada. Primero cayó el exviceministro Gabriel García. Después el excongresista Otto Bula. Ambos por presuntos sobornos de Odebrecht en la Ruta del Sol II. Luego se supo que Odebrecht pagó una asesoría a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y aún no está claro qué pasó con un millón de dólares que Otto Bula entregó a un tal Andrés Giraldo para que llegara a Roberto Prieto, gerente de la campaña del presidente Santos en 2014. Tampoco, si hay más comprometidos en estos capítulos.
En cambio, reapareció con fuerza la historia del contrato para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel, bajo la modalidad llave en mano, para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas, suscrito por la EAAB con el consorcio integrado por Odebrecht sucursal Colombia y CASS Constructores. Una obra que debió concluirse en agosto de 2012, se prorrogó hasta diciembre del mismo año, tuvo un pleito dirimido en un tribunal de arbitraje y hoy está en la lupa de los colombianos asociado a un escándalo de corrupción.
Lo peculiar es que volvieron a aparecer los mismos nombres y empresas que salieron a relucir cuando el carrusel de la contratación en Bogotá tuvo su momento protagónico. Como el ingeniero civil Andrés Cardona, capturado y condenado a cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho, derivados del negocio del túnel Tunjuelo-Canoas. Vuelven a revivir las denuncias de la época, según las cuales, el ganador de ese contrato tuvo que pagar el 8 % para que le fuera adjudicado, con beneficio para los hermanos Moreno.
Lo peculiar es que volvieron a aparecer los mismos nombres y empresas que salieron a relucir cuando el carrusel de la contratación en Bogotá tuvo su momento protagónico. Como el ingeniero civil Andrés Cardona, capturado y condenado a cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho, derivados del negocio del túnel Tunjuelo-Canoas. Vuelven a revivir las denuncias de la época, según las cuales, el ganador de ese contrato tuvo que pagar el 8% para que le fuera adjudicado, con beneficio para los hermanos Moreno.
En octubre de 2012, cuando Andrés Cardona estaba en el ojo del huracán por el carrusel de la contratación, dio una entrevista en la que admitió que hizo muchas gestiones para la licitación del túnel Tunjuelo-Canoas y que durante el segundo semestre de 2009 concentró totalmente su tiempo en ese proyecto. Cardona resaltó que desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón en Bogotá tuvo contratos en la EAAB. En esa administración, ocho contratos por $7.666 millones y, en la de Samuel Moreno, otros siete por $10.900 millones.
El martes 21 de febrero de 2017, durante la imputación de cargos en su contra, el fiscal Juan Vicente Valbuena fue más allá y le dijo a Andrés Cardona que “en conjunto con el gerente Jorge Enrique Pizano, el gerente corporativo Julián Montoya Guzmán y el director de contratación Jaime Díaz Ortiz, se interesó indebidamente en provecho del consorcio Canoas de Odebrecht y CASS”. Luego agregó que con instrucciones de Iván y Samuel Moreno, junto a Emilio Tapia intermediaron para seleccionar al contratista al que se le dio la obra.
De paso, el fiscal Juan Vicente Valbuena sacó a relucir la importancia del contratista Orlando Fajardo Castillo y sus socios en el mismo negocio. Un enlace que explica por qué la Fiscalía allanó sus oficinas el pasado primero de febrero, en busca de documentación, lo mismo que hio a la sede de la constructora CASS, de Carlos Solarte, y a la empresa Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe (Contelac), que adelantó la interventoría de la obra junto a la empresa mexicana Consultoría Integral en Ingeniería (Coniisa).
La empresa de Andrés Cardona ha cambiado desde 2005 en que se constituyó en Bogotá. Él mismo admitió que arrancó con $37 millones y en 2012 ya tenía $2.160 millones. Al principio se llamó ACC Ingeniería Ltda. A partir de 2009 pasó a ser una sociedad por acciones simplificadas. En 2013 cambió su nombre por Azacán SAS. Desde 2009 hasta hoy, junto a su socio Gustavo Giraldo Uribe, ha tenido una alta contratación con la EAAB, lo mismo que la empresa de Orlando Fajardo Castillo y H2O Consulting SAS, asociada a Emilio Tapia.
La empresa de Andrés Cardona ha cambiado desde 2005 en que se constituyó en Bogotá. Él mismo admitió que arrancó con $37 millones y en 2012 ya tenía $2.160 millones. Al principio se llamó ACC Ingeniería Ltda. A partir de 2009 pasó a ser una sociedad por acciones simplificadas. En 2013 cambió su nombre por Azacán SAS. Desde 2009 hasta hoy, junto a su socio Gustavo Giraldo Uribe, ha tenido una alta contratación con la EAAB, lo mismo que la empresa de Orlando Fajardo Castillo y H2O Consulting SAS, asociada a Emilio Tapia.
El pasado 20 de febrero de 2017, la veeduría nacional Recursos Sagrados, presidida por el abogado Juan Carlos Calderón, presentó un derecho de petición al fiscal Néstor Humberto Martínez para que le aclare qué investigaciones quedaron pendientes en el tema del carrusel de la contratación en Bogotá, respecto a políticos como Édgar Torrado, Javier Palacios, Jorge Losada, Darío Cepeda, Severo Correa o Antonio Sanguino, y funcionarios como Yuri Chillán, María Margot Martínez, Hernando Páez, Mauricio Solano o Javier Hernández, su respuesta es desconocida.
El único condenado clave es Andrés Cardona, quien hace cinco años comentó que se sentía en una piscina de tiburones. Luego aclaró: “la piscina es el carrusel de la contratación y los tiburones los que han salido en medios. Dirán que soy el tiburón mayor, pero la verdad, soy un pececito”. Aunque Andrés Cardona fue sentenciado, luego del escándalo por la polémica muerte de Jorge Enrique Pizano en noviembre pasado, su historia se vueve relevante de nuevo y la ampliación de testimonio en el proceso puede resultar clave para que entregue nuevos detalles en un caso en el que en medio del escándalo mediático que generó el deceso de Pizano, pocos hablan de Cardona.
