En dos semanas llega a Colombia, David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, quien purgó pena en Estados Unidos por lavado de activos. De inmediato, será puesto a disposición del juez octavo de ejecución de penas, quien vigilará el cumplimiento de la sentencia a 22 años de prisión que le impuso la justicia colombiana. Con un detalle adicional y es que el pasado 29 de marzo el funcionario le remitió copia de la sentencia al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, quien lo está requiriendo. En otras palabras, Murcia llega de pagar su condena en Estados Unidos a Colombia y de inmediato será trasladado a la cárcel La Picota a fin de cumplir su sanción y atender otras causas penales que tiene pendientes en el país.
El primer eslabón de la cadena surgió en La Hormiga (Putumayo) en 2003, cuando el supuesto comerciante de 23 años David Murcia Guzmán, resaltando las iniciales de su nombre, creó la empresa DMG. Cinco años después, su misterioso invento económico desconcertó al país. Inicialmente, las autoridades judiciales creían que había algo ilegal pero no sabían qué era; los bancos trataban de descifrar la fórmula mágica para detener su expansión y hasta el gobierno tuvo a varios expertos devanándose los sesos para entender el negocio. Pese a ello, DMG creció vertiginosamente como una bola de nieve.
Formalmente, el 8 de abril de 2005, se constituyó la sociedad Grupo DMG con un capital de $100 millones. Su accionista mayoritario con un 51% de participación fue Murcia. Ocho meses después, sin que la firma hubiera desarrollado su objeto social ni generara ingresos operacionales, lo socios le inyectaron un capital de $1.135 millones, a través de una cuenta del Banco Agrario. La mayoría de consignaciones en efectivo posteriores se hicieron desde Puerto Asis, Mocoa, Orito, La Hormiga, Monte Líbano y Montería.
A 31 de diciembre de 2006, DMG, había recibido la suma de $13.842 millones por la venta de tarjetas prepago a 8.400 personas. Tres meses después, la cifra llegó a $18.545 millones. Un inúsitado crecimiento económico que para la fecha no era detectado por ninguna autoridad. Incluso, el 7 de abril de 2006, David Murcia y sus socios, conformaron otra empresa, DMG Grupo Holding, con un capital de $250 millones. En pocos meses de actividad se registraron ingresos para terceros por $43.723 millones hasta llegar en 2008 a un billón de pesos, algo sin antecedentes en la historia del país.
Según sus registros de comienzos de 2008, la empresa ya contaba con una nómina de 160 empleados permanentes, canceló impuestos por más de $5.000 millones para ese año, comenzó expandirse a Panamá, Ecuador, México y Venezuela y aseguraba que ascendía a 200.000 el número de usuarios satisfechos que daban fe de la rentabilidad de sus inversiones en el modelo planteado por DMG. De hecho, su centro operativo en Bogotá, ubicado en la Autopista Norte con calle 197, se convirtió en el destino diario de centenares de personas que buscaron multiplicar su dinero en pocos meses.
Para la época, era el tema de moda hasta en los círculos sociales más selectos y la pregunta obligada para los hombres de negocio: ¿será que me atrevo a invertir en DMG? En principio lo hicieron personas de estratos bajos que lo arriesgaron todo y ganaron. Después fue subiendo el nivel y nadie fue a denunciar que lo hubieran estafado. Los voceros de la empresa aseguraban que con extremo sigilo lo estaban haciendo colombianos con alto poder económico. "Y también miembros de la Policía y el Ejército y más de un funcionario de importante figuración", según una fuente de la otrora exitosa firma.
En términos concretos lo resumió el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de la empresa para la época: "Con DMG ocurre lo que pasa con las amantes, en el día se les esconde, pero en la noche se les ama". En cambio los clientes satisfechos ya empiezan a darle a la sigla otras interpretaciones. Dios Mío Gracias, Dame Más Ganancias o Diversificación de Mercado Global.
La creatividad de la gente del común que no quiso saber de dónde vino el dinero sino que le duplicaran el suyo. Prueba de ello es que protestaron contra las autoridades que vigilaban a DMG y a los bancos que la criticaron con énfasis. No obstante, pocos meses después el jurista de la Espriella renunció a la defensa de su cliente al detectar que Murcia le había mentido, no le entregó información clara, por lo cual dificultó su defensa técnica.
El tema se volvió de tales proporciones que las autoridades económicas del país le dedicaron varias sesiones para evaluar el caso y se constituyó un grupo de trabajo integrado por la DIAN, la Fiscalía, el DAS, la Dijín y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Ministerio de Hacienda para tratar de descubrir cómo funcionaba. Pero inicialmente, salvo sanciones menores por minucias contables o ausencias de información, los expertos no encontraron nada grave. Sólo indicios de un presunto y gigantesco lavado. DMG se convirtió en una bomba de tiempo que estalló, tal y como lo advirtieron algunos expertos en finanzas, que explicaban que la firma usaba el esquema Ponzi.
Por eso, las autoridades, y detrás de ellos los bancos, le apostaron a dos vías: que la Fiscalía encontrara algún viso de ilegalidad en el negocio o que los legisladores apuraran una reglamentación a la actividad de las tarjetas prepago, la base del negocio de DMG. Pero, de otro lado, estába creciendo un problema social, de incalculables proporciones porque cada día eran más los clientes que invertían, las grandes empresas que aceptaron ser proveedores de su cadena de bienes y servicios y el número de ciudadanos que le apostaron a ganar dinero sin mayor esfuerzo.
A la luz pública, el asunto parecía una sugestiva novedad que tuvo hablando a todo el mundo de ella, pero en los círculos económicos y judiciales la pelea estuvo al rojo vivo y una sanción que le impuso la Superintendencia de Sociedades a DMG por $92 millones, constituyó apenas el primer aviso. La Superintendencia Financiera ya había ordenado controles a DMG y a su sistema de tarjetas prepago y hasta los abogados de la empresa replicaron anunciando que estaban dispuestos a llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin solución a la vista, el tema quedó en manos de la Fiscalía. Concretamente y para el año 2008, cuatro procesos vigentes en la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva e ilegal de dinero, con pesquisas no propiamente contra DMG, sino contra personas asociadas a actividades de la controvertida empresa surgida en el departamento del Putumayo.
El primer proceso tuvo que ver con la incautación de un camión con $7.370 millones en efectivo en el departamento del Putumayo. Según los investigadores del ente acusador, buena parte de los billetes estaban húmedos y con rastros de tierra, como si hubieran estado ocultos en algún refugio. Por eso pasaron a un trámite de extinción de dominio. El hecho ocurrió en agosto de 2007, con un expediente abierto contra David Murcia Guzmán por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Un segundo proceso fue por los presuntos nexos entre DMG y la empresa de servicios financieros Cambios y Capitales S.A., que en 2007 fue incluida por las autoridades estadounidenses en la llamada Lista Clinton, porque sus capitales compartieron negocios con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Aunque el propio fundador de DMG negó sus contactos con Cambios y Capitales, se presentaron pruebas que demostrarían que la empresa señalada por la justicia norteamericana debatió internamente sus inversiones con DMG.
El tercer proceso se originó en un reporte del Banco Agrario, según el cual detectó una posible captación masiva de dineros del público por el grupo DMG por cuantía cercana a los $3.000 millones. La denuncia fue formulada por la Superintendencia Financiera. A la investigación fueron adicionados varios reportes de indagaciones administrativas, es decir, de las superintendencias.
La última acusación provino del decomiso de $4.760 millones en efectivo, el 20 de septiembre de 2007 en el aeropuerto de Manizales, en el momento en que eran trasladados de una avioneta a un vehículo particular y que resultaron pertenecientes a DMG. La explicación de los voceros de la empresa en su momento fue que como el sistema financiero les había cerrado las puertas, se vieron obligados a mover grandes sumas de dinero en efectivo.
Todo se materializó finalmente, el 20 de noviembre de 2008, cuando la Fiscalía le imputó a Murcia los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos agravado. Fue condenado por un juez el 16 de noviembre de 2009 a 30 años de prisión, que fue reducida en recurso de casacion ante la Corte Suprema de Justicia a 22 años.
El 5 de enero de 2010, Murcia fue extraditado a Estados Unidos para responder por el delito de lavado de activos. Allí fue condenado a nueve años de prisión que purgó mayoritariamente en la cárcel Moshannon Valley en Pensilvania. Posteriormente, pidió asilo en ese país argumentando razones de seguridad pero no le fue concedido.
Este 28 de abril, David Murcia, regresa a Colombia, en uno de los dos vuelos de deportados que hace mensualmente la justicia norteamericana. Debe pagar por la condena a 22 años de prisión. Irá a la cárcel La Picota. Allí debe esperar otros procesos que tiene vigentes en el país. Las autoridades están alerta y hasta un juez de Cartagena ya pidió su expediente. Hoy a sus 38 años, tiene por delante una larga vida en prisión. Muchos quisieron replicar el modelo DMG en Colombia pero no funcionó. Sin embargo, lo que si sigue en pie, es el esquema de pequeñas empresas, que ofrecen altos intereses a los inversionistas que con el paso del tiempo terminan sin el capital ni los jugosos dividendos.
