No son las más encumbradas. En el ranking de la educación superior son invisibles. Su infraestructura no va más allá de lo básico. El costo del semestre es intermedio. Sus estudiantes pertenecen en su mayoría a estratos uno, dos y tres. Pagan con dificultad su capacitación. Sus docentes y alumnos padecen la falta de gestión. Se agrupan como fundaciones y corporaciones en su mayoría. Poco se sabe de sus verdaderos dueños. Lo cierto es que 20 de ellas están actualmente en la mira del Ministerio de Educación, porque su administración tiene líos y se buscan correctivos a fin de evitar males mayores.
Los registros oficiales muestran que en el país tienen autorización para prestar el servicio de educación superior privada 107 corporaciones y 108 fundaciones. De estas, 20 instituciones están en dificultades, al punto que se adelantan 40 actuaciones administrativas con fines sancionatorios. Se trata de centros universitarios que agrupan alrededor de un millón de estudiantes y que ante los elevados costos son la alternativa académica.
Justamente, el manejo de recursos de las instituciones de educación superior, de naturaleza privada, constituidas como fundaciones o corporaciones, es el talón de Aquiles de estas universidades. De hecho, desde 2016 a la fecha, el ministerio ha recibido 282 quejas relacionadas con la situación financiera de estas entidades.
Un indicador económico muestra las diferencias. Mientras que en universidades como Los Andes o la Javeriana, un semestre en la facultad de Medicina cuesta cerca de $30.000.000 millones, en estas corporaciones y fundaciones, el promedio de semestre, en otras carreras, no supera los $4.000.000 millones.
La lista con investigaciones que avanzan es amplia. La Corporación Universitaria de Colombia Ideas, con sedes en Bogotá, Villavicencio e Itagüi, encabeza el listado. Afronta 14 indagaciones. Una institución académica fundada por el exsenador Jairo de Jesús Tapias Ospina, hermano de Gustavo Tapias, alias ‘Techo’, quien hizo parte de los 12 del patíbulo, un grupo de narcotraficantes que colaboró en la persecución contra Pablo Escobar y fue indultado en 1993 por la justicia.
Con otro antecedente y es que Ideas otorgó el título de abogado a 22 internos de la cárcel La Picota de Bogotá, de los cuales 11 eran poderosos jefes exparamilitares. El ministerio encontró además que el centro docente firmó nueve convenios que nunca se ejecutaron.
Un caso relevante, al punto que el 16 de diciembre de 2015, el ministerio de Educación ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial sobre esa institución, al encontrar 62 hallazgos. Por ejemplo, en la sede de Itagüi, se estableció que la facultad de derecho, no tenía designado un decano que atendiera los temas propios de estudiantes y docentes.
Además, se detectó que estaba incumpliendo los pagos a seguridad social, salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores; el material bibliográfico aparecía desactualizado, los equipos de cómputo de la biblioteca eran deficientes; la infraestructura física presentaba deterioro y falta de mantenimiento en paredes, pisos y techos, “humedad, desprendimiento de placas, pintura, suciedad, grietas, instalaciones eléctricas a la vista, ventanas sin vidrios y en estado de oxidación, canaleta de instalaciones desprendidas”.
Un informe en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, establece que incluso, había basura, luminarias fundidas, telarañas en el auditorio y hasta encontraron un muro que amenazaba ruina. En cuanto a la situación financiera, esta no era la mejor. El valor de la hora cátedra era remunerada sin tener en cuenta la formación del docente, tampoco se aplicaba el escalafón y a los profesores se les adeudaba salario y prestaciones de tres meses. Una de las cuentas de ahorros de la institución presentaba un embargo.
En la sede de Bogotá, de la Corporación Universitaria de Colombia-Ideas, se encontraron hallazgos similares. En la facultad de derecho, se detectó el caso de un estudiante que aparentemente fue matriculado sin haber cumplido los requisitos de admisión. Tampoco aparecieron registros de notas de los estudiantes aceptados por transferencia.
Igualmente se detectó que se ofrece una jornada denominada Concentrada C, pero esta no estaba establecida en el registro calificado de diciembre de 2009. También, se encontró que un estudiante cursó 25 asignaturas en un solo semestre. Asuntos similares se registraron en la sede de Villavicencio.
Frente a su difícil situación, Ideas diseñó un plan de mejoramiento para superar los hallazgos y así garantizar la continuación en la prestación del servicio, sin embargo, una visita posterior realizada por el inspector delegado, evidenció más hechos irregulares que avances.
“Es evidente que los recursos o rentas de la Corporación están siendo conservados, aplicados y arbitrados indebidamente, manejándolos incluso en una cuenta que no es de la institución y que existe un riesgo financiero que afecta gravemente la viabilidad económica y la resolución del servicio”. Esta y nueve investigaciones más en contra de esta Corporación están en etapa de descargos.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, está en la mira de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN. La investigación, está en etapa preliminar, según proceso 18422 de 2017, en razón a posibles irregularidades frente a la ampliación de cupos del programa de Trabajo Social, con sede en el municipio de Bello, Antioquia y que se ofrece en el municipio de Itagüi, en ese mismo departamento. Una indagación que además se inició contra el representante legal, el rector y sus directivos. Al respecto, Uniminuto, ha expresado en su defensa que cumple con lo dispuesto en las normas vigentes.
La Universidad San Buenaventura Seccional Cali, que el próximo año cumple 50 años de existencia también tiene problemas. Todo surgió el 11 de agosto de 2014 cuando se denunciaron ante el Ministerio posibles irregularidades en el programa de Derecho.
Al respecto, la universidad expresó que estaba facultada para matricular estudiantes nuevos, amparados por el registro calificado antiguo. En otras palabras, el punto de la discusión es que, al parecer, se estaba ofertando el programa de derecho sin registro calificado. En este contexto, el 22 de mayo de 2015 se decretaron pruebas.
A finales de ese año, se practicó una visita administrativa. En nueve casos,aparece que se tituló a estudiantes como abogados sin contar con el registro calificado, en cuatro cohortes. Una situación por la cual el ministerio de educación, formuló pliego de cargos, contra el cual se interpuso recurso.
En lo que tiene que ver con otra de las instituciones educativas con mayor tradición, como La Gran Colombia, entidad fundada en 1951. Mediante resolución 084 de 2018. se inició una indagación, en estado preliminar, en razón a que pudo haber infringido algunas normas expedidas por el gobierno nacional.
En marzo de 2017, se registró un debate porque se denunció que desde hacía 17 años, la universidad estaba ofreciendo a profesionales, un programa exprés de derecho en cinco meses que no tendría registro oficial. Al respecto, hubo gran polémica porque se habló de 700 títulos de abogado que no cumplirían con los requisitos. Al respecto la institución, aseguró que tenía las correspondientes autorizaciones del Icfes y el Ministerio de Educación.
Causa particular atención, lo que viene sucediendo desde 2012 con la Corporación Universitaria Remington. Se trata de una institución académica de la familia Vásquez Posada de Medellín, que se creó en 1996. El eje de la investigación, que está en etapa de descargos aún, surge de la firma de 19 convenios con igual número de personas jurídicas que no fueron puestos en conocimiento del MEN. Entre ellos, colegios, corporaciones, cámaras de comercio presentes en 29 departamentos con 98 centros de atención tutorial, en su mayoría a distancia, según un informe de visita practicado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, presentado el 8 de mayo de 2012.
Aunque en la mayoría de los casos las investigaciones hasta ahora están avanzando, hay otras en las que se ordenó medidas preventivas o de vigilancia especial. Es el caso de la Universidad Innca de Colombia, en donde el pasado 3 de abril se designó un inspector in situ para la vigilancia especial, al detectar presuntas irregularidades académicas, financieras y administrativas.
Otro caso relevante es el de la Fundación Universitaria San Martín, en la cual, durante los últimos tres años se adelantaron igual número de investigaciones administrativas y sancionatorias por deficiencias institucionales relacionadas con el personal docente, oferta y desarrollo de programas académicos sin registro calificado y suspensión del servicio educativo.
Dos procesos más recientes generaron medidas de choque en instituciones académicas. En la Universidad Autónoma del Caribe que incumplió órdenes del ministerio, en cabeza de su rector Ramses Vargas, así como, presuntas deficiencias del orden administrativo, financiero y contable. Además posibles fallas en el procedimiento de entrega de becas, nombramiento de directivos y asignación de viajes y comisiones a trabajadores de la institución.
En el largo listado aparecen además la Fundación Real de Colombia, el Instituto de Educación Empresarial, el Centro de Educación de Cómputos y Sistemas, Cedisistemas, la Fundación Agraria de Colombia, la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal y la Corporación Jhon F Kennedy, con investigaciones en trámite que están en etapa probatoria, alegatos, recursos, pliego de cargos o etapa preliminar.
Presuntos cuestionamientos académicos y administrativos tienen en la mira a la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Corporación y Escuela Artes y Letras, la Corporación Politécnico Colombo Andino, la Universidad CES y la Escuela Superior de Ciencias Empresariales.
Una situación que retomó relevancia por lo que viene sucediendo en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, FUAC. Esta institución educativa completa un mes de cese de actividad de su personal docente y administrativo. Son más de 4.500 estudiantes los que tienen en entredicho su semestre. Ni una tutela fallada en favor de los educandos permitió empezar a subsanar la situación. Y un déficit superior a los $10.000 millones. Por ello la semana pasada, el MEN ordenó vigilancia especial a la institución.
Un panorama preocupante para la educación en Colombia, “En este sentido y mientras subsistan las situaciones que generaron la crisis, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su competencia, adelantará las acciones correspondientes con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad y el adecuado uso de las rentas de conformidad con las normas constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias y que permitan la superación de las situaciones evidenciadas en las visitas adelantadas”, aseguró la ministra de Educación, María Victoria Angulo, al responder a los cuestionamientos a las fundaciones y corporaciones autorizadas para prestar el servicio de educación superior.
