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Asesinato de porrista de Millonarios, ¿nuevo falso positivo de la justicia por una recompensa?

Han pasado más de cinco años desde la muerte de Luisa Fernanda Ovalle, la porrista de Millonarios. Cuando se creía que se estaba haciendo justicia tras la captura en agosto de 2018 de Hugo Alejandro Zabaleta Sossa sindicado de ser el autor del crimen, se conocen detalles que dejan más dudas que certezas. Testigo clave apareció un año después de los hechos, cuando la recompensa ofrecida llegó a su punto más alto de $70 millones, pero desapareció de repente. Examen médico le dictaminó problemas mentales. Fiscalía sostiene que es el responsable. Defensa dice que es inocente. Familiares claman justicia.

Agencia Period… Lun, 11/02/2019 - 05:39

El juicio en contra de Hugo Alejandro Zabaleta Sossa, tras seis meses de su captura, en agosto del año pasado, aún no arranca. Este lunes, la defensa del sindicado solicitará su libertad por vencimiento de términos, al argumentar que han pasado 120 días desde que la Fiscalía radicó escrito de acusación y aún no se inicia el juicio como ordena la ley. Zabaleta Sossa fue presentando ante un juez de garantías, como el hombre que le arrebató la vida a Luisa Fernanda Ovalle tras propinarle seis heridas con un arma cortopunzante. Un testigo que apareció, casi un año después de los hechos, y que afirmó haber visto lo sucedido al salir de una taberna del occidente de Bogotá, luego de tomarse entre 9 y 12 cervezas, sería la pieza clave del rompecabezas judicial.

Pero desde hace semanas no se sabe nada de él. Hoy se conoce que existe un dictamen que establece que padece problemas mentales, que entró en un programa de protección de testigos, que su testimonio había sido demeritado por la policía en el año 2014 por ser contrario a los relatos de otras cinco personas y que iba a ser el beneficiario de una recompensa económica tras rendir su testimonio en este caso. Más dudas que certezas en un litigio que desde ya advierten se puede tratar de otro falso positivo de la justicia. 

Luisa Fernanda Ovalle, una jovencita de 18 años, fue asesinada el 30 de noviembre de 2013 hacía las 8:00 p.m. luego de un torrencial aguacero. Estudiante de quinto semestre de ciencias políticas de la Universidad San Buenaventura, además de porrista en la institución capitalina, trabajaba como impulsadora en eventos de mercadeo y publicidad. Fue justamente, al regresar de uno de ellos que ocurrió la tragedia. Esa noche, cuando llegaba a su casa en el barrio Castilla, fue ultimada por un individuo que le propinó seis puñaladas, a la altura del tórax y el abdomen. El asesinó huyó. Ella fue trasladada a la Clínica Occidente, pero horas después y en medio de una cirugía que intentaba sanar su pulmón perforado, falleció. De ahí en adelante el clamor de familiares, amigos, hinchada y del país en general, ha sido uno solo: justicia. Que este crimen no quede en la impunidad.

Las investigaciones iniciaron desde el primer momento y la hipótesis manejada por las autoridades es que se trató de un atraco. Lo cierto es que sus pertenencias fueron halladas en el lugar de los hechos, su bolso, las cámaras fotográficas de la marca de electrodomésticos del que era impulsadora y un celular de alta gama, estaban completos. A ello se sumaron 40 videos que tanto la policía metropolitana de Bogotá como la Sijin, recaudaron de las cámaras de seguridad de la zona, como evidencia para establecer los hechos y encontrar al asesino, un hombre que según las autoridades medía 1.70 cm, de contextura delgada y menor de 40 años. Los videos tenían un gran problema, en su mayoría eran oscuros y poco concluyentes, era una misión casi imposible identificar al agresor.

También se manejaron varias versiones extraoficiales que fueron públicas, desde una supuesta relación afectiva con un joven que supuestamente tenía participación en los hechos, hasta la indagación de un vecino del barrio dónde vivía y un compañero de la Universidad. Dichas versiones se diluyeron con el tiempo.

Recaudaron cerca de 40 videos del sector como evidencia clave para determinar lo que sucedió y encontrar al asesino, un hombre que media 1.70 cm, de contextura delgada y edad inferior a 40 años.

recompensa

El caso tomó tanta relevancia que el general Humberto Guatibonza, para esa época comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que acudiría al principal organismo de investigación de Estados Unidos, el FBI, con el propósito de incorporarle toda la tecnología posible al caso. Pero ni este organismo pudo, porque las pruebas que se enviaron como la chaqueta manchada de sangre, estaba mojado y no permitió hacer una lectura adecuada de las huellas y la sangre.

Con las hipótesis y los elementos de prueba, también llegaron las recompensas. El 1 de diciembre de 2013, se ofreció la primera de $5 millones. Al día siguiente y ante la indignación del país, esa cifra se dobló a $10 millones y así continuó, incrementándose, hasta finales de diciembre de 2014 cuando la recompensa llegó a los $70 millones. El dinero ofrecido, a cambio de información, sería un detalle menor, si no hubiera coincidido con la aparición, casi un año después de los hechos, de una persona que afirmó haber visto lo sucedido y que según les reveló a las autoridades se había animado a atestiguar porque lo había conmovido ver en los medios de comunicación, a la madre de Luisa Fernanda, entre lágrimas.

Con el testigo en el proceso, la Fiscalía le solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal, que, a través del área de psiquiatría, le realizara una valoración forense para establecer sus facultades mentales. En dicho peritaje se estableció que tiene problemas cognoscitivos.

Con el testigo en el proceso, la Fiscalía le solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal, que, a través del área de psiquiatría, le realizara una valoración forense para establecer sus facultades mentales. En dicho peritaje se estableció que tiene problemas cognoscitivos. El dictamen generó que la defensa de Hugo Zabaleta Sossa, un tatuador de 31 años, sindicado de ser el autor material de la muerte de Luisa Fernanda Ovalle, solicitara que al testigo le fuera practicado un nuevo peritaje psiquiátrico, teniendo en cuenta la ambigüedad del mismo, pero se llevó una sorpresa. Las autoridades le informaron que se encontraba en un programa de protección de víctimas y testigos.

Pachón

Luego, la abogada Miriam Pachón, elevó una solicitud ante un juez de control de garantías para que el ente acusador y las autoridades a cargo de la investigación informaran oficialmente si al testigo se le había ofrecido o había recibido alguna recompensa o cuál era la razón del porqué no podía comparecer a un peritaje requerido por la defensa. La respuesta de la policía judicial, es que efectivamente después de rendir testimonio, el testigo recibiría una recompensa. Al indagar nuevamente, le informaron a la defensa que esta persona había desaparecido. “Un testigo que se supone tiene problemas psiquiátricos, que aparece un año después y que va por una recompensa, es un testigo sospechoso”, insiste la defensa de Zabaleta Sossa.

La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó las actuaciones del proceso, que cursa en el juzgado 37 penal del Circuito de Bogotá. Se han efectuado 58 actuaciones entre noviembre de 2013 y las previstas para el 11 de febrero solicitando la libertad del procesado y 15 de febrero de 2019 que anuncia un recurso de apelación.

La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó las actuaciones del proceso, que cursa en el juzgado 37 penal del Circuito de Bogotá. Se han efectuado 58 actuaciones entre noviembre de 2013 y las previstas para el 11 de febrero solicitando la libertad del procesado y 15 de febrero de 2019 que anuncia un recurso de apelación.

Los hechos relevantes del asunto es que el homicidio se perpetró el 30 de noviembre de 2013 y el 3 de agosto de 2018, casi cinco años después de los hechos, se ordenó la captura de Hugo Alejandro Zabaleta Sossa, sindicado e imputado por el presunto delito de homicidio agravado. Un juez de garantías lo envió a la cárcel Modelo de Bogotá.

Desde entonces, el proceso avanzó. El 20 de septiembre pasado, Zabaleta fue acusado formalmente por la Fiscalía. Su defensa solicitó casi un mes y medio después la revocatoria de la medida de aseguramiento, pero no fue aceptada. Vino después la audiencia preparatoria y tres actuaciones restringidas dentro del proceso.

El juicio aún no inicia. Las partes, esperan ansiosas la aparición del testigo clave del expediente, del que desde ya se pone en entredicho la verdadera motivación se su testimonio tardío, si colaborar con la justicia o la recompensa ofrecida. Lo cierto es que su testimonio poco a poco empieza a ser cuestionado en lo jurídico, lo técnico y lo médico. Entre tanto, el sindicado pide libertad ante la demora de la justicia. La defensa de Zabaleta insiste en la inocencia de su cliente. La familia de Luisa Fernanda Ovalle sigue clamando justicia, como un paliativo a su espíritu, que no descansa por la impunidad que ronda el macabro crimen de una joven de 18 años que tenía un futuro prometedor por delante.

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