Cuando se pensaba que el consumo de cigarrillos en Colombia, estaba disminuyendo, un reciente estudio señala que en el país hay cerca de tres millones de fumadores, en un 60% de los estratos 1 y 2, con compradores que en un porcentaje significativo son universitarios. Un mal que no solo está afectando la salud de la población, si no también las finanzas de los departamentos. En 2018, el contrabando de cigarrillos creció siete puntos con respecto a los dos últimos años y las cajetillas ilegales se venden principalmente en departamentos de la Costa Atlántica.
Tres organizaciones se han encargado en el último tiempo de estudiar un fenómeno que parece olvidado por la población, el consumo de tabaco y la optimización de los recursos con destino a la salud y el deporte. La Andi, la Fundación Anaás y la Federación Nacional de Departamentos, realizan acciones diversas con el propósito de generar actividades de prevención y mayores recursos para el sector de la salud.
En cuanto a la Fundación Anaás detalló que para el año anterior por concepto de impuestos, los consumidores y las tabacaleras giraron al fisco cerca de un billón de pesos. Sin embargo, precisó que la cifra resulta insuficiente porque atender enfermedades asociadas al consumo, como cáncer o accidentes cerebrovasculares, le cuestan al sistema de salud, alrededor de cinco billones de pesos.
Según la ONG, el problema para la salud y la economía no solo se deriva por la asistencia a los pacientes, si no por las discapacidades, la disminución en la productividad, el impacto en reducción de la pobreza y el surgimiento de enfermedades entre la población joven.
A este factor se adiciona el costo que representa un paciente enfermo por el consumo de cigarrillos, que según los indicadores de la fundación y el Ministerio de Salud, le representan al sistema 16 veces más frente a un paciente convencional. Una situación que se agrava por el tratamiento a los fumadores pasivos.
Mientras este panorama resulta inquietante desde las áreas de la salud y la economía, la Asociación Nacional de Industriales, Andi y la Federación Nacional de Departamentos, tienen una visión asociada a este fenómeno frente al mejoramiento del recaudo y la lucha contra el contrabando, que en el último tiempo ha perdido varias batallas con los efectos en la salud y la economía de las finanzas regionales.
En el último año se evidenció los países de donde provienen los cigarrillos de contrabando. Un mercado en el que se estima que el 25% de cajetillas que entran al país, son ilegales. Uruguay, encabeza esta lista con el 7.6%. Le siguen en porcentajes significativos Indonesia, India, Filipinas, Dubai, China, Corea del Sur, Paraguay y Vietnam.
Según una investigación de mercado, elaborada por la firma Invamer, con una muestra de 1.647 encuestas, efectuada a hombres y mujeres mayores de 18 años en cinco zonas del país de todos los niveles socioeconómicos y fumadores de zonas urbanas y rurales, arrojó varios resultados. Según el sondeo, la marca ilegal que más se consumió el año pasado en Colombia fue Rumba con el 7%. A ella le siguieron, Golden Deer con el 2.9%; Última, 2.3%; Win, 2.2%; Brass, 1.7%; D&J, 1.5%; entre las más referenciadas.
Frente al hábito, se encontró que por semana se aumentó con respecto a los dos años anteriores. Señala la investigación que el consumo disminuyó en los cigarrillos ilegales, mientras que en los legales aumentó, reduciendo la brecha existente que todavía está en favor de los ilegales.
Pero quizás lo que más inquieta del estudio es el resultado sobre el contrabando de cigarrillos. Se determinó que en el año 2018 creció en siete puntos porcentuales con respecto al 2017, incluso un aumento mayor al registrado entre 2016 y 2017. “Este porcentaje es el valor más alto en todas las mediciones realizadas desde el año 2011”, destaca el informe conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Otro aspecto relevante, es el crecimiento de la ilegalidad en cuatro departamentos: La Guajira, Cesar, Sucre y Córdoba. Un consumo indebido que se materializa con la distribución de cajetillas ilegales en tiendas de barrio en donde se adquiere un 78% de los cigarrillos de contrabando, especialmente en la presentación de 20 unidades de la marca Rumba.
Los precios, son el punto fundamental entre lo legal y lo ilegal. Mientras que para 2018, el precio de compra de una cajetilla legal en presentación de 20 unidades fue de $5.198, la ilegal, tiene un costo de $2.740. En otras palabras, concluye el estudio, que los cigarrillos ilegales son un 53% más baratos.
La investigación de la Andi e Invamer señala que las tres principales razones para comprar cigarrillos ilegales son el precio, el sabor y la disponibilidad. En cuanto a los legales, las personas encuestadas respondieron que se inclinan por el sabor, precio y disponibilidad.
Según las cifras más recientes del Ministerio de Salud, los jóvenes inician el consumo de cigarrillo a los 12 años. Un hábito que adquieren en el colegio y en la casa. El organismo encontró que uno de cada cuatro estudiantes se fumó un cigarrillo en los últimos 30 días. Por ciudades, Medellín es la de mayor consumo y Barranquilla, la de menos.
En este contexto, el reto sigue siendo mayúsculo frente al consumo de tabaco en Colombia. Se trata de buscar mecanismos efectivos de prevención por parte de las autoridades de salud. También debe persistir la lucha contra el contrabando que redunda directamente en el mejoramiento de las rentas de los departamentos que busca
