Finalizada la legislatura hace un mes, el país se indignó por el hundimiento del proyecto de ley que prohibía beneficios o medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria para personas sindicadas y condenadas por delitos asociados a corrupción. Sin embargo, en contraposición, una iniciativa legislativa, logró su aprobación en primer debate. Se trata del proyecto 264, mediante el cual se adoptan medidas para controlar la deforestación en Colombia. De esta forma, los depredadores pagarán desde sanciones administrativas hasta cárcel por la tala y quema ilegal de bosques. Con un elemento trascendental y es que la deforestación en la Amazonía pasaría a ser considerado delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe ante la justicia.
A mediados de esta semana, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, anunció decrecimiento de la deforestación en Colombia. “Le estamos cumpliendo al país. Por primera vez, en la última década se logra evitar una deforestación mayor del 17% comparado con la tendencia del crecimiento de la deforestación estimada para el año 2018. Es decir, se evitó la deforestación de 40.360 hectáreas de bosque natural que estaban amenazadas por esta problemática”, señaló el funcionario.
No obstante, las cifras continúan siendo alarmantes. Solamente, en la Amazonía, pese a que se presentó una disminución en 5.971 hectáreas, las cifras negativas en un país biodiverso como Colombia, continúan. En esta región, considerada el pulmón del país, se pasó de 144.147 hectáreas de pérdida de bosque en el 2017 a 138.176 el año anterior.
Pese a las cifras mencionadas por el ministro Lozano, la meta de control a la deforestación no se cumplió de acuerdo con lo previsto, según algunos especialistas ambientales. Revisado el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que fue objeto de críticas por parte de académicos y ambientalistas fijó como meta 220.000 hectáreas anuales, es decir, 880.000 en el cuatrienio y el indicador entregado para 2018 fue inferior.
Al respecto, el experto ambiental Juan Mauricio Ramírez, ha señalado que la deforestación pasó de 219.000 a 197.000 hectáreas entre 2017 y 2018. Afirma que el modelo del Ideam proyectaba 250.000 hectáreas deforestadas para 2018, “un descache de más de 50.000 hectáreas, razón suficiente para revisar la meta del Plan Nacional de Desarrollo y de paso el modelo”. En otras palabras, ahora el debate se centra en el modelo de medición que utiliza esa entidad para fijar los indicadores, pues utiliza un sistema de pronóstico y convierte un problema global en problema de gobierno.
Un debate frente a las cifras que tiene efectos en el entorno internacional, como quiera que aleja al país de cumplir compromisos internacionales de lucha contra la deforestación y el cambio climático como el Acuerdo de París e incluso la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la Amazonia como sujeto de derechos y ordenó al Estado su protección.
En contraste, el parte de victoria del ministro de Ambiente en cuanto a la reducción en la deforestación, registra indicadores concluyentes. En el año 2017, según el Ideam, se perdieron 219.973 hectáreas de bosque natural. Lo que significó un aumento del 23% de la superficie deforestada, respecto al año 2016. El 81% de esta pérdida se concentró en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó y Santander.
Asimismo, se identificó que una de cada 10 hectáreas deforestadas a nivel nacional se localiza en áreas de resguardos indígenas, identificando en términos generales la efectividad de este tipo de áreas para la conservación del bosque natural y control de la deforestación. Los más afectados son los aborígenes Nukak-Maku con 3.455 hectáreas y los Yaguara II con 3.022 hectáreas.
Las causas de la pérdida de bosque natural evidenciadas por diferentes organismos del sector, muestran que la praderización, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura vial, la extracción ilícita de minerales y la extracción de madera, son los factores determinantes que mantienen altos indices de deforestación en el país.
En este contexto, cobra relevancia el proyecto de ley desarrollado en 26 artículos, en los que se busca definir el concepto de deforestación, prohibir la tala y la quema de bosques en todo el territorio nacional. De igual forma, la iniciativa ordena a los ministerios de las áreas competentes y al gobierno nacional, expedir la denominada Política Nacional Integral de Bosques que debe incorporar directrices de fondo frente a las plantaciones forestales y el control de la deforestación.
Adicionalmente, se incorpora la obligación de realizar un inventario de bosques, públicos y privados, así como aquellos que están en los baldíos que son propiedad de la nación. Otro de los puntos clave de la iniciativa es el establecimiento del sistema de deforestación y emisión de carbono por parte del Ideam. También se imponen condicionamientos a la obtención de subsidios agrícolas y se establecen nuevas obligaciones a la Agencia Nacional de Tierras.
Un aspecto que contempla también el proyecto es las medidas para controlar el tráfico ilegal de maderas y otros productos forestales. El control al registro de viveros y plantaciones. Igualmente se exige al Ministerio de Ambiente revisar y actualizar anualmente el listado de especies vegetales y la inclusión de aquellas que puedan afectarse de manera severa por la deforestación.
También se impone el registro de información en el lucro de operaciones de las empresas forestales y se imponen sanciones administrativas y penales para quienes incluyan información falsa en dichos libros. A través de esta iniciativa se busca establecer como infracción administrativa las acciones de tala o quema ilegal de bosque o deforestación y cómo hecho relevante se propone incluir en el Código Penal el delito de tala o quema ilegal, al constituirse como los principales factores generadores de la pérdida de bosque.
Otro asunto relevante del proyecto que avanza en el Congreso es que se declara la deforestación de la Amazonía como un delito de lesa humanidad, “por considerarse éste un acto inhumano cometido contra un bien considerado patrimonio de la humanidad, que afecta a los pueblos indígenas que allí habitan y atentan contra la vida y la integridad de todos los habitantes del territorio nacional y del planeta” se establece en la exposición de motivos.
El autor de la iniciativa, el representante a la Cámara por Cundinamarca e ingeniero ambiental, José Caicedo, advierte que, “entre los años 1971 y 2015, el país aumentó su temperatura en 0.8 grados centígrados, alcanzando una cifra promedio de 22 grados. La principal riqueza de Colombia es su biodiversidad, las fuentes hídricas y sus bosques naturales. El país debe tomarse en serio la lucha contra la deforestación, porque de esto depende la preservación de las especies, de las fuentes hídricas y de la riqueza natural que caracteriza al país”.
Los hechos más recientes parecen demostrar la urgencia en la aprobación del proyecto en la legislatura que comienza. Hace pocos días en la Isla de Salamaca, un incendió forestal casi acaba con todo. Lo propio sucedió en Santander y La Guajira. Y ni que decir del departamento de Antioquia, en donde en los últimos cuatro años se registraron 1.063 incendios forestales. En muchos de ellos, no se descartan manos criminales. Quizás cárcel y que la deforestación sea declarada delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe, sea la solución de fondo a un crimen ecológico que se comete casi a diario con graves pérdidas para todos en medio de la impunidad.
