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En dos semanas Corte Suprema decide si condena a gobernador por compra de votos

Luis Alberto Monsalvo Gnecco, actual gobernador del Cesar lleva seis meses en el cargo, es procesado por canjear votos a cambio de permitir invasión ilegal de tierras. Defensa del mandatario insiste en su inocencia.

Agencia Period… Mié, 01/07/2020 - 13:24

El destino judicial de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, actual gobernador del departamento del Cesar e integrante del poderoso clan político de los Gnecco Cerchar está a pocos días de conocerse. 

En dos semanas, el 14 de julio, la Corte Suprema de Justicia decidirá si lo condena o absuelve como responsable de los delitos de corrupción de sufragante. Es decir, si prometió dádivas a los pobladores de una de las invasiones ilegales más controvertidas de Valledupar a cambio de votos en su primer periodo como gobernador.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando Monsalvo Gnecco, quien ya había conocido las mieles del poder como representante a la Cámara por el Partido Liberal, enfilaba su maquinaria política y lo mejor de su discurso para ser elegido gobernador del Cesar para el periodo 2012-2015.

En efecto, en octubre de 2011 llegó hasta una de las 20 invasiones ilegales que componen el cordón de pobreza de Valledupar.  En medio de publicidad política, arengas y gritos de victoria llegó hasta la “Tierra Prometida”. Un naciente asentamiento ilegal ubicado en el sur occidente de la ciudad, compuesto de 800 familias.

Los cálculos electorales indicaban que en aquel polvoriento lugar, al menos dos adultos por familia era apto para votar. Por ello, el 16 de octubre de 2011, Luis Alberto Monsalvo Gnecco suscribió un documento con personas que aseguraron ser representantes de esa comunidad.

INVASIÓN

 

La transacción electoral era sencilla. A cambio de votar por él a la gobernación  el entonces candidato se comprometía a no molestarlos, es decir, a permitir que ellos continuaran viviendo en ese lote.

Otro de los compromisos consignados en un documento, señala que el eventual mandatario acataría las sentencias de los juzgados de Valledupar que ampararán derechos fundamentales a la vivienda digna de aquellos invasores ilegales.

Además, incluiría a esas familias en los proyectos de construcción de vivienda digna que se hicieran en ese sector. Un respaldo de los invasores se sumó a otros actos de campaña polémicos en su momento. 

En ese mismo año durante el Festival de la Leyenda Vallenato fue señalado de trasgredir reglas electorales, pues entre paseos, merengues, puyas y sones de los juglares en tarima, se repartieron volantes, camisetas, abanicos y otros elementos alusivos a su campaña política.

También sumó respaldos. Su primo y entonces aspirante al Senado, José Alfredo Gnecco, Fernando de la Peña del extinto partido PIN, el exalcalde de Valledupar Ciro Pupo y también del polémico asesor político venezolano JJ Rendón.

CAMPAÑA

 

Con 172.064 votos el hijo de Cielo Gnecco y Luis Alberto Monsalvo, comerciante y propietario de más de 25.000 cabezas de ganado y primo de Jorge Gnecco Cerchar asesinado en el 2011 y de José “Pepe”Gnecco firmante del Pacto de Ralito con las autodefensas y de Juan Francisco Gómez Cerchar, el exgobernador de La Guajira, privado de la libertad por homicidio y señalado de ser el socio del narcotraficante Marquitos Figueroa, se posesionó el 1 de enero de 2012 como el primer mandatario de los cesarenses.

Pero meses después, el 23 de junio de 2012, se corrió la voz entre los habitantes de Tierra Prometida que serían desalojados. Molestos decidieron marchar desde el terreno invadido hasta la gobernación. Allí donde sacaron su as bajo la manga;  un documento firmado por el gobernador Gnecco como candidato en el que se comprometió a no desalojarlos. Le exigieron cumplir su promesa de campaña y dejarlos tranqhulid

Tras el escándalo y con una denuncia de Mauricio Pimienta Naranjo, la Fiscalía inició la investigación en contra de Monsalvo Gnecco por el documento en el que presuntamente se comprometía a no perturbar los invasores ilegales a cambio de votos en un predio ajeno.

Seis años después se formalizó la acusación. “Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que esos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él para gobernador del departamento del Cesar, esto es lo que permite afirmar que la conducta es dolosa” afirmó en su escrito el ente acusador.

En este también se afirmó que el mandatario permitió la permanencia de la invasión en el terreno del señor Oscar Guerra Bonilla, con “provecho directo a los firmantes del pacto y los demás invasores, derivado de la posesión irregular que continuaron ejerciendo con el respaldo activo y omisivo del Gobernador”.

C SUPREMA

 

El proceso continuó ante la Corte Suprema de Justicia por ser un funcionario con fuero constitucional. 

A la par, Monsalvo Gnecco terminó su periodo como gobernador sin problema. Luego hizo un alto en el camino para dedicarse a negocios privados, pero retornó a la política y  el año pasado resultó electo por segunda ocasión.

En el entretanto el Tribunal Administrativo del Cesar condenó a la alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del César a pagarle a uno de los propietarios del predio $56.000 millones por la afectación padecida durante años, al permitir la invasión ilegal de dicho terreno, a pesar que desde el 8 de mayo de 2012 hay sendas órdenes de desalojo.

“La demanda interpuesta afirma que con la invasión del predio y no realizar un desalojo oportuno se dejó de construir un proyecto de vivienda para el cual ya se tenía la correspondiente licencia de urbanismo y construcción, trayendo pérdidas millonarias” reza la sentencia del tribunal. 

Por su parte la defensa del gobernador, en cabeza del abogado Alejandro Sánchez, dice estar confiado en que la Corte absolverá a Monsalvo Gnecco. Según el jurista a través de una acción de nulidad se tumbó uno de los delitos, invasión de tierras y el veredicto solo será por corrupción al sufragante.

PROTESTAS

 

Un delito que se le frustró a la Fiscalía porque se requería de una querella para demostrar la invasión de terrenos o edificaciones.

“Una persona puede avalar que alguien ocupe sus tierras, si eso quiere, por eso el legislador dijo con buen tino que quien quiera reportar ese delito debe interponer una querella, de lo contrario la Fiscalía no puede actuar”, indicó el jurista.

Si la Corte Suprema de Justicia decide condenar al gobernador, debe ser suspendido del cargo y el presidente Iván Duque tendrá que designar un reemplazo temporal. Luego entregará una terna, del cual el partido que ganó la gobernación elegirá a uno provisional.   Posteriormente se convocarán nuevas elecciones. De lo contrario, el mandatario regional podrá seguir en el cargo en el que apenas cumplió seis meses.

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