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La nueva batalla de los abogados penalistas

Por intimidación a jueces y litigantes, abuso de la detención preventiva, mediatización de procesos para presionar decisiones y avance de proyecto de ley que atenta contra el derecho a la defensa, los penalistas hacen frente común y se agremian. Fiscalía no se pronuncia. En contraste, población privada de la libertad es la más alta de la historia reciente, 124.605 personas. De ellas, 84.187 son condenadas y 38.740 sindicadas, con un hacinamiento del 54.86%.

Agencia Period… Dom, 15/09/2019 - 06:01

Los abogados dedicados al ejercicio del derecho penal no aguantaron más. Aunque desde hace meses venían sentando su voz de protesta, por lo que han denominado el abuso de la detención preventiva, la intimidación a los jueces y litigantes y el exceso de la mediatización de los procesos por parte de la Fiscalía. En las últimas semanas dos hechos rebosaron la copa. 

Un proyecto de ley presentando por el ente acusador en el que dicen se limitarían las actuaciones de los defensores y un trino de Claudia Carrasquilla, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, quien desde su cuenta personal, subió una fotografía de Sergio Zuluaga excontralor de Antioquia, generaron la reacción en conjunto de los penalistas.

La imagen muestra al exfuncionario vestido de piloto, horas después de que un juez no hubiera accedido a la petición del ente acusador de privarlo de su libertad mientras se surtía su juzgamiento. Luego de este suceso, convocaron una reunión a nivel nacional para crear un gremio. “O nos unimos o nos jodemos” aseguró en su cuenta de la red social twitter, el abogado Iván Cancino.

Precisamente, el florero de Llorente fue el trino de Carrasquilla, quien desde su cuenta de Twitter @clacarras1966 escribió, “A quien se les parece el piloto ?. Pues les cuento que es nuestro excontralor Sergio Zuloaga, quien fue puesto en libertad por un Juez de Garantías de Medellín. Será que algo debe que se disfrazó?”

De inmediato, el abogado Francisco Bernate, director de la especialización de derecho penal de la Universidad de El Rosario, preseleccionado al cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y conductor del programa de radio sobre asuntos de derecho, Hora Judicial, escribió “¿puede un funcionario de la @FiscaliaCol hacer este tipo de afirmaciones? Es cierto, es una cuenta personal pero, existe alguna política de la @FiscaliaCol frente al manejo de redes de sus funcionarios ¿Es esto matoneo?”.

Las reacciones de los profesionales del derecho que leyeron el trino no se hicieron esperar y advirtieron de una posible extralimitación de funciones de la fiscal, una violación a la intimidad personal del procesado, seguimientos indebidos e incluso una falta disciplinaria. Aunque Carrasquilla publicó la foto y envió el trino desde su cuenta personal, la controversia giró sobre los deberes de los funcionarios de la Fiscalía frente a las personas que son imputadas o acusadas de un delito, el obrar con lealtad procesal y no resquebrajar la presunción de inocencia.

Justo dos días atrás, la Corte Constitucional anunció el estudio de una acción de tutela de un ciudadano que había acudido a este recurso de amparo porque el senador Álvaro Uribe lo había bloqueado en Twitter, su argumento se basó en jurisprudencia de la misma Corte sobre las cuentas personales de los funcionarios públicos. Al día siguiente el abogado Bernate anunció en su cuenta de Twitter que la fiscal Carrasquilla lo había bloqueado.

Pero este no fue el único trino de la funcionaria. El 31 de agosto, escribió, “La Defensa le sugirió al Contralor y demás indiciados que renunciaran a los cargos y pidieran licencias con el fin de argumentar que como ya no están en contacto las evidencias no obstruirán la investigación, para que el Juez no imponga medida de aseguramiento. Jugadas sucias.”

El abogado Bernate indignado volvió a trinar que le parecía inadmisible no solo el matoneo al que estaba siendo sometido en redes un procesado por la Fiscalía por una funcionaria de alto nivel del ente acusador si no que ahora además arremetía en contra del abogado, “esto es inadmisible” advirtió el catedrático. 

También se pronunció el abogado defensor del excontralor Zuluaga, Santiago Trespalacios, “Sigan creyendo que es intimidando a los jueces con cámaras y volviendo los casos mediáticos, sigan creyendo que es diciendo una cosa en las audiencias y otra en los noticieros; y siempre que eso ocurra volveremos con fe a tocar las puertas de los jueces” afirmó. 

Fiscalía General de la Nación

Este episodio en el que se vio comprometida una funcionaria de la Fiscalía señalada de matonear en redes sociales a un imputado y su abogado, no solo despertó la solidaridad de otros profesionales del derecho si no que además evidenció una bomba de tiempo que se viene gestando de tiempo atrás; las falencias de la ley 906 de 2004 conocido como sistema penal oral acusatorio.

Se trata de una ley procesal que se implementó en el año 2005 en Bogotá y el Eje Cafetero y meses después en todo el territorio nacional prometió revolucionar y humanizar los procesos penales. Hasta ese momento los casos eran escritos, eternos y criticados por los superpoderes que tenía la Fiscalía en detrimento de los procesados. Un hecho que se prometió iba a cambiar con el sistema acusatorio.

Aunque las cortes, la Constitución y la misma ley enseñaron que en este nuevo sistema penal habría una igualdad de armas entre Fiscalía y defensa y que la detención preventiva, es decir, antes de una sentencia condenatoria en firme, sería la excepción, el tiempo, a juicio de los expertos, se ha encargado de demostrar que estas metas no solo no se cumplieron si no que el sistema fracasó.

Según cifras del Inpec, consultadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, actualmente la población privada de la libertad es quizás la más alta en la historia reciente, 124.605 personas. De las cuales 84.187 son condenadas y 38.740 sindicadas, con un hacinamiento del 54.86%. 

Los registros oficiales dan cuenta que en 143 cárceles que integran el sistema carcelario y penitenciario, el Estado tiene 80.646 cupos. Esto quiere decir que si se hubiera cumplido el propósito del sistema acusatorio que la detención preventiva fuera excepcional, los índices de hacinamiento serían ínfimos. 

Captura ciudadano

No obstante, para los penalistas consultados, aunque consideran un exceso por parte de la Fiscalía la figura de detención preventiva para comparecer a las audiencias de imputación de cargos y acusación, está no es la única falla del sistema y en este punto es donde empiezan las inconformidades. 

Uno de los abogados penalistas más respetados es Jesús Albeiro Yepes. Para el jurista, es claro que la Fiscalía en algún momento de la historia reciente olvidó que en materia penal es considerada una parte en el proceso y no el superior jerárquico de los jueces o los magistrados. Aunque por mandato constitucional representa la facultad de la acción penal, esta no representa la justicia, lo que implica es su deber de investigar hechos que sean considerados delitos, pero quien representa la justicia son los jueces a través de sus fallos. 

Para el abogado Francisco Bernate, el sistema acusatorio está lleno de falencias. “Permite que el fiscal investigue a jueces y abogados, la Procuraduría terminó siendo una Fiscalía paralela. Acá lo que está ocurriendo es que la Fiscalía primero captura y luego investiga, se vencen los términos para acusar y cuando el abogado defensor acude al juez para evidenciar esta situación se utilizan los medios y el poder del ente acusador para amedrantar y linchar mediaticamente y judicialmente a los jueces y a los litigantes”, advirtió.

Una posición que comparte plenamente el penalista Oscar Sierra quien advierte que una de las pruebas de las fallas del sistema acusatorio y de la Fiscalía es la cantidad de demandas e indemnizaciones que pagan los colombianos anualmente por privación injusta de la libertad, un hecho que se le atribuye al ente acusador por usar en exceso la figura de la detención preventiva como si fuera justicia expres. 

“La Fiscalía no representa a la justicia es solo una parte del proceso, pero como tiene el apoyo del Estado muchas personas creen que es la voz de la justicia y se aprovechan de ello, obran de manera antiética porque ejercen presión en la judicatura y cuando pierden en los estrados salen a mover la indignación de la ciudadanía o a denunciar a los jueces que no les hayan la razón, no entienden su rol de sujeto procesal y se valen de su poder y de los medios para atacar las decisiones judiciales”, asevera Sierra.

Declarados inocentes por los jueces

Esta es precisamente otra de las preocupaciones y de los cuestionamientos de los abogados penalistas del país a la Fiscalía, todos los consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo API, coincidieron en afirmar que la Fiscalía obrando en contra de la ley que les exige a sus funcionarios obrar con lealtad procesal, acuden a los medios de comunicación para mover a la opinión pública en favor de sus intereses al tiempo que en los estrados no llevan las pruebas ni realizan las investigaciones como la ley exige.

Otro de los juristas consultados, el abogado Wilson Andrés Cadena, reconocido porque ha salido avante en dos de los casos más emblemáticos de los últimos años, también tiene reparos. Ganó en primera y segunda instancia el polémico caso de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera y el de Luis Alfonso Hoyos, el asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, en primera instancia, a quien la Fiscalía acusó en el caso del hacker Sepúlveda. El penalista afirmó que son muchas las preocupaciones de los litigantes sobre el sistema acusatorio y el papel del organismo acusador.

Sin titubear Cadena afirma que la Fiscalía está realizando un ejercicio imprudente de la accion penal, pues acude a la lapidación mediática de los ciudadanos que están inmersos en un proceso penal así como a los jueces cuando no fallan como la entidad acusadora pretende.

Un aspecto en el que coincide el penalista Alejandro Sánchez, “de un tiempo para acá la Fiscalía viene acudiendo a los cerramientos mediáticos para presionar a los jueces con el fin de que les concedan las medidas de aseguramiento o legalización de capturas. Si no consiguen sus objetivos utilizan los medios masivos de comunicación para cuestionar la labor de los jueces y de los abogados penalistas que intervienen en estos casos”.

En este mismo sentido, muestra su descontento el abogado Jesús Albeiro Yepes quien incluso va más allá. Advierte que la Fiscalía abusa de la mediatización de los procesos penales, como una forma de ambientar los casos y de presionar a los jueces para que fallen en el sentido que requiere el ente acusador y de esta manera se abstengan de ordenar libertades o decretar absoluciones. “La Fiscalía abusa del despliegue mediático de las investigaciones con violación del principio de presunción de inocencia. Seguimos teniendo funcionarios que hacen del despliegue mediático una oportunidad para su exposición pública y para ofrecerse a cargos de mayor importancia”, argumenta, Yepes.

En libertad por vencimiento de términos

Lo cierto, es que en los últimos días la labor de la Fiscalía ha sido puesta en entre dicho por varios jueces quienes han advertido una deficiente investigación de los procesos. Es el caso del taxista al que en el año 2016 el ente acusador afirmó que era alias “El Cojo” quien pertenecía a un grupo subversivo y que había instalado tres artefactos explosivos en Bogotá. En juicio se demostró que a este ciudadano se le involucró en el proceso por una llamada que recibió y por usar un operador móvil que no tiene antenas propias. Lo señalaron públicamente de ser terrorista pero las pruebas demostraron lo contrario.

Idéntica situación ocurre con Hugo Zabaleta el acusado por la Fiscalía como autor del asesinato de Luisa Fernanda Ovalle la porrista de Millonarios. El ente acusador usó como testigo estrella una persona que recibió una recompensa, que el día de los hechos tomó 20 cervezas y que su relato no coincide ni con los informes forenses ni con el de los demás testigos. El próximo 4 de octubre, el juez de conocimiento emitirá sentido de fallo y todo indica que Zabaleta será declarado inocente. 

Lo mismo ocurrió con el caso del  coronel de la Policia, Gustavo Chavarro, al que luego de acudir a un llamado de auxilio por un asalto, le disparó a uno de los asaltantes y durante nueve años la Fiscalía lo acusó invocando unas leyes que en su caso no procedían por ser posteriores a los hechos y acudiendo a testigos desmentidos por pruebas forenses. Hechos que derivaron en la absolución del oficial. 

Esto en el caso de ciudadanos que durante años estuvieron privados de la libertad y fueron señalados públicamente de hechos atroces, pero luego los fiscales no pudieron demostrar estas acusaciones en los estrados. 

Otro de los puntos de la polémica ha sido la libertad de personas a los que se le imputaron cargos y luego se pasó el tiempo determinado por la ley sin que la Fiscalía presentara el escrito de acusación, a esto se le llama vencimiento de términos. 

Proyecto dele 059 Senado

Los penalistas advierten que este aspecto no es menos que tenebroso pues a su juicio el ente acusador asumió como directriz capturar y luego investigar y al pasar el tiempo establecido en la ley sin presentar la acusación o iniciar el juicio, al juez que decrete la libertad lo constriñen judicial o mediáticamente, “es decir quieren ganar en los micrófonos y la prensa lo que no pueden en los estrados” advierten los abogados. Sobre este punto, aseguran que en el momento de hacer el cálculo el juez descuenta los aplazamientos de los abogados, es decir, un vencimiento de términos que es generado por la extemporaneidad de la Fiscalía. 

Pero la polémica no finaliza ahí. Otro de los puntos, es un proyecto de ley que modifica el Sistema Penal Acusatorio y que a juicio de los abogados merma aún más la defensa. Se trata del proyecto de ley 005 de 2019 Senado, el cual califican de adefesio, pues a su juicio, se incluyen artículos regresivos que atentan directamente contra el legítimo ejercicio del derecho a la defensa. 

“Por ejemplo, busca evitar la libertad provisional al denominar como maniobras dilatorias el uso de los recursos legales, de las nulidades, de las impugnaciones de competencia, entre otras figuras; o establece, en contra del derecho fundamental a la presunción de inocencia, figuras como la suspensión de servidores públicos desde la imputación” indica el abogado penalista Marlon Díaz.

Al respecto, el jurista Oscar Sierra afirma que la Fiscalía quiere ganar a toda costa, limitando el ejercicio de la legítima defensa, destruyendo garantías. “No es la primera vez que busca criminalizar la profesión de abogado defensor y que se aprovecha de casos mediáticos e indignación para hacer un retroceso, a este punto sería más consecuente que eliminaran la defensa y los jueces y que la Fiscalía decida todo y nos dejamos de hipocresía, están atacando a todo aquel que ejerza su defensa” 

Por su parte, el abogado Alejandro Sánchez advierte que la Fiscalía quiere imponer legislativamente lo que no puede ganar en los estrados. “No pueden evitar que la gente salga de las cárceles y van a volver las detenciones indefinidas, No pueden evitar que la gente salga por libertad por vencimiento de términos y van a sancionar las estrategias legítimas del litigio, interponer recursos por ejemplo”.

Audiencia Paloquemao

Precisamente, por esta razón decidieron agremiarse. Esta semana se reunieron en Bogotá y los que no pudieron hacerlo de manera presencial se conectaron vía internet desde otras partes del país, el propósito es consolidar una agremiación que permita tomar acciones y ser escuchada como cuerpo colegiado. “Decidimos unirnos para hacerle frente al acoso sistemático que sufrimos los abogados penalistas” aseguró Francisco Bernate.

El propósito de la colegiatura es capacitación permanente, ayuda mutua, ser juzgados por pares de la barra, composición de las cortes con una participación de litigantes, colaboración en proyectos de ley y representación de miembros en procesos penales y disciplinarios, entre otras iniciativas. 

Es la nueva batalla que emprendieron los abogados penalistas. Agobiados por la falta de garantías de la Fiscalía y las deficiencias de un sistema acusatorio, se unieron esta vez para enfrentar a la institución más poderosa del país que tiene contra las cuerdas a muchos jueces y a procesados que con el paso de los años terminan inocentes, sin derecho alguno a reivindicar su nombre y su vida. 

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