El pasado 8 de junio, los tres presidentes de la Corte Constitucional, Diana Fajardo; la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena y el Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, suscribieron la invitación mediante la cual se informó el inicio del proceso del concurso de méritos para elegir al Registrador Nacional del Estado Civil, en reemplazo del actual Alexander Vega Rocha.
Un proceso que desde entonces ha sido altamente cuestionado y que ha sumado una cadena de errores que pone en entredicho la legitimidad del proceso y el que está a punto de ser elegido, el conservador caldense Hernán Penagos, quien está en el séptimo lugar, en el concurso de meritos.
Tras cinco meses de polémicas que han pasado desapercibidas ante la opinión pública, este lunes 20 de noviembre se llevará a cabo la última de las pruebas, que será valorada de manera subjetiva. Esto porque se trata de la entrevista que realizarán los tres magistrados a los diez aspirantes que lograron las mejores puntuaciones tras presentar pruebas de conocimiento, de experiencia, experiencia adicional, formación profesional avanzada y publicaciones.
Diana Fajardo, presidente de la Corte Constitucional, Fernando Castillo de la Corte Suprema y Jaime Rodríguez del Consejo de Estado
A diferencia de la mayoría de altos cargos del Estado, la elección es un concurso de méritos que obliga a designar a quien logre el mayor puntaje. Sin embargo, la entrevista, al ser una valoración subjetiva, permite que los magistrados impongan un puntaje a cada aspirante de acuerdo a otras consideraciones.
El mejor ejemplo de ello es que los tres presidentes de las Cortes advirtieron que la entrevista será reservada. A pesar de tener una legitimidad en la elección, ya que el Registrador Nacional representa, entre otras cosas, la columna vertebral de la democracia traducida en los procesos electorales, esta se llevará a cabo de manera oculta al país.
No obstante, esta polémica decisión se suma a una cascada de procedimientos extraños que han puesto en entredicho el proceso desde el inicio.
Primeras fallas
El concurso de méritos empezó a torcerse desde el momento en que los primeros 134 inscritos, entre el 27 de junio y el 1 de julio de 2023, adjuntaron su hoja de vida con los soportes.
La admisión de algunos candidatos a ocupar ese alto cargo del Estado, a pesar de no haber aportado un documento que, según expertos, tenía un carácter legal, generó una primera acción de tutela.
El pasado 24 de julio, Sebastián Méndez Toloza, de la firma Abogados Consultores SAS, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en contra de los tres presidentes de las altas cortes, porque a su juicio estos desconocieron la Constitución, violaron el debido proceso, la confianza legítima y la transparencia que debe revestir un proceso de concurso de méritos.
En concreto, los togados, a través del acuerdo 003 de 2016, admitieron a 37 inscritos, a pesar de que 16 de estos no aportaron el certificado especial de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, transgrediendo así el acuerdo 002 de 2023, artículo 5, párrafo 2.
Precisamente, tres de los que serán entrevistados no adjuntaron el certificado especial al que refiere la norma. Estos son: José Joaquín Vives Pérez, Armando Novoa García y Hernán Penagos Giraldo. Estos tres aspirantes, aparecen hasta ahora, ubicados en el segundo, sexto y septimo lugar, respectivamente, entre los 10 elegidos para la entrevista final.
Fascimil de la primera página de la tutela interpuesta por el abogado Sebastían Méndez
Es decir, de cuatro que aún están en la recta final, así como de otros doce aspirantes que se fueron quedando en el camino, el abogado solicitó la exclusión del concurso. Ello al argumentar que la Ley 1952 de 2019, en su artículo 218, en el inciso final, dispone que cuando se trata de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.
Al responder el recurso, los magistrados se salieron por la tangente, advirtiendo que, como en el artículo sexto del Acuerdo 002 de 2023, suscrito por ellos, no se había especificado si se debía aportar el certificado especial o el ordinario, entonces no procedía, y respondieron a un derecho de petición.
Para el litigante, es claro que los magistrados, que se supone son los máximos expertos en derecho en sus respectivos organismos de cierre, olvidaron que la única manera de cumplir con la Constitución, la ley y la jurisprudencia respecto a la manera de probar que se tiene la condición de estar habilitado legalmente para el ejercicio del cargo de Registrador Nacional es con el certificado de antecedentes disciplinarios especial.
Incluso así lo establece la Resolución 393 de 2005 en su artículo primero y el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. Paradójicamente, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa, es decir, consideró que el abogado no tenía ninguna calidad o condición para interponer una acción de tutela, pues no era aspirante al cargo de registrador.
Insólita suspensión
Pero el tema se enredó aún más el 26 pasado de agosto cuando los candidatos que habían superado la etapa de admisión por haber cumplido requisitos académicos y de experiencia se desplazaron a la sede de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ubicada en la calle 11 con la carrera 9. Allí fueron divididos en dos grupos.
Extrañamente, minutos después se suspendió la prueba de conocimientos y competencias. Un cuestionario de 50 preguntas que debían responder los candidatos. Esto ocurrió posterior a argumentar una supuesta falla en el sistema.
Allí se tejió el otro gran manto de duda en el concurso, porque para entonces ya se podía saber quién iba punteando en la prueba.
Causó curiosidad que horas antes de llevarse a cabo el examen frustrado, uno de los más fuertes aspirantes, Alfonso Pórtela Herran, a través de una carta desistió de continuar en el concurso.
El abogado Pórtela se había desempeñado como registrador Delegado en lo Electoral en la administración del polémico Carlos Ariel Sánchez.
El abogado Alfonso Portela, uno de los favoritos renunció repentinamente al concurso
Cuatro días después, la Agencia de Periodismo Investigativo, API remitió un derecho de petición tanto a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, así como a los presidentes de las altas cortes, indagando sobre la falla en el sistema. Las respuestas fueron no menos que sorprendentes.
La directora de la Escuela, Mary Lucero Novoa Moreno, mediante el oficio 23-1230 del 4 de septiembre, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, solo prestó un apoyo logístico consistente en poner a disposición de los profesionales delegados de las altas cortes dos aulas, con 60 equipos de cómputo, en óptimas condiciones y el suministro del servicio de Internet para el día de la realización de las pruebas el 26 de agosto de 2023.
Por su parte, los magistrados Diana Fajardo, Fernando Castillo y Jaime Rodríguez Navas respondieron en un solo oficio las 29 preguntas realizadas por esta Agencia. Indicaron que el software del cuestionario se encontraba alojado en un equipo de cómputo tipo servidor interno de la Rama Judicial, ubicado en el Data Center de la Corte Constitucional.
En cuanto a la pregunta de si el uso de la aplicación era exclusivo en ese servidor o si, en cambio, había otras aplicaciones, ellos respondieron que el sitio web fue exclusivo para la prueba con acceso limitado a la red de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y compartió hosting con otras aplicaciones. La versión del sistema operativo del servidor donde estaba alojada la prueba fue Windows Server 2019.
Así mismo, al indagar sobre la arquitectura de la aplicación, framework, base de datos y versiones, indicaron que la base de datos fue en SQL Server 2019 y enfatizaron en que no se usó framework.
Comportamiento de la red
Otra de las preguntas que se les realizó a los presidentes de las cortes fue sobre el comportamiento informático en el momento de la prueba, si hubo un comportamiento anormal en la red, como exceso de peticiones o consultas de la aplicación. Estos indicaron que "en el momento de la prueba no se observó un comportamiento anormal de la red".
Al indagarse sobre el plan de manejo y mitigación de riesgos anti ataques o fallas para la aplicación utilizada durante el concurso, los togados informaron que se usaron algoritmos de encriptación para los datos almacenados, el backend y el frontend estaban en diferentes servidores, se implementó un control de transacciones mediante Hash, se configuró la autenticación y el control de acceso exclusivo para cada participante.
De la misma forma, según ellos, se limitó y segmentó el acceso a la red en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, aunque es de recordar que su directora advirtió que únicamente prestó la sede, los computadores y suministró el servicio de Internet.
Los magistrados indicaron que se llevó a cabo una revisión, por parte de los funcionarios de tecnología de la información de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de los computadores a ser utilizados en la prueba, con el propósito de que tuvieran las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y antivirus. También se manifestó que la Rama Judicial contaba con sistemas de seguridad perimetral 24/7.
Facsimil de la primera pagina de la respuesta de seis páginas, de los presidentes de las cortes al derecho de petición enviado
Dentro de esa misma respuesta se aseguró que el cargue de las preguntas y respuestas se hizo una a una, horas antes de la prueba, "por parte del equipo responsable".
En cuanto a la pregunta de quién era el proveedor de tecnología de esa aplicación y cuáles eran sus ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios), los magistrados aseguraron que el proveedor provenía de las oficinas de sistemas de las altas cortes y que los ANS fueron, según ellos, de alto nivel, "ya que existió una disposición inmediata del equipo técnico y funcional ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse".
En otra respuesta sobre a qué autoridad de control de protección de datos se le notificó del incidente, estos respondieron que no se presentaron incidentes de seguridad durante la práctica de la prueba.
Ahora bien, en cuanto a los responsables del tratamiento de datos de seguridad, los magistrados se rehusaron a entregar los nombres de los funcionarios de las oficinas de sistemas de la Corte Constitucional y Consejo de Estado que desarrollaron el software por petición de los organizadores del concurso de mérito.
Como los magistrados indicaron que no hubo incidentes de seguridad, se les preguntó sobre qué computadoras habían resultado afectadas durante la presentación del examen.
Aspirante reubicado
Sin embargo, aseguraron que ningún computador se vio afectado a nivel de aplicación y que únicamente al momento de presentar la prueba de conocimientos, "un computador presentó problemas de tarjeta de red, por lo que fue necesario reubicar al participante en otro computador".
El aspirante al que fue necesario reubicar fue Leonardo Augusto Torres Calderón, ya que fue su computadora la que registró dicho inconveniente.
Otra de las preguntas que se les hizo a los magistrados fue sobre el número de pruebas que realizaron antes del día de la prueba frustrada.
A ello respondieron que se habían realizado cuatro pruebas de carga, 20 de presentación de exámenes con preguntas y respuestas ficticias, 5 pruebas de generación de reporte final, diversas pruebas al cargue y presentación del examen.
También se indicó que no se realizaron pruebas adicionales el día anterior a la realización del examen, pero sí se introdujeron ajustes para efectos de darle seguridad a la plataforma. Así mismo, se informó que al aplicativo se le introdujeron 100 preguntas de base para que seleccionara al azar 50 preguntas.
Leonardo Augusto Torres Calderón, aspirante reubicado el dia de la prueba fallida
Según los magistrados, el reporte entregado por los ingenieros desarrolladores indicó que en el momento del acceso al aplicativo se hizo el lanzamiento del examen, es decir, alrededor de las 8:25 a.m. del 26 de agosto, pero el aplicativo mostró el mensaje "no es posible ejecutar la consulta".
El mensaje indicó que el aplicativo, en su intento de conectar con la base de datos, no recibió una respuesta positiva. "(…) la oficina de sistemas dio inicio al proceso de auditoría sobre el aplicativo, encontrando que efectivamente faltó por validar que el proceso de lanzamiento de la prueba no sucediera más de una vez, lo que finalmente afectó el algoritmo que distribuye y contempla sus respectivas respuestas", respondieron al derecho de petición presentado por esta Agencia.
Otro de los puntos paradójicos fue la instrucción que se les dio a los participantes de llevar audífonos inalámbricos, pero extrañamente estos no se usaron.
Al preguntarle a los togados la razón, estos indicaron que dicha solicitud fue para garantizar concentración y evitar ruidos externos, y advirtieron que, como las aulas asignadas por la Escuela Judicial garantizaban el aislamiento, por ello se decidió no usar dicho accesorio.
Un hecho extraño, pues los participantes indagados por esta Agencia coincidieron en manifestar que el ruido proveniente de la céntrica calle era alto. Así que esto no coincidiría con lo respondido por los tres magistrados.
Ingenieros rajan a magistrados
Ingenieros consultados sobre las respuestas de carácter técnico específico que entregaron los presidentes de las cortes establecieron que no haber usado un framework, que en palabras rutinarias es una caja de herramientas tecnológicas que facilitan la implementación, "no usarlo en estos momentos es una falla a nuestro parecer", indicó uno de los ingenieros.
También se advierten varias incoherencias. La primera es que se indica que lo que ocasionó la falla fue un error de lógica en la aplicación que no permitió la continuación de la prueba; pese a ello, se contradicen al indicar que el backend y el frontend estaban en servidores distintos, es decir, había dos servidores para la prueba.
Un aspecto adicional que es inexplicable es la cantidad de pruebas que aseguran hicieron previamente a la aplicación del examen. Se deduce que si estas realmente fueron exhaustivas, no se hubiera presentado la falla tecnológica.
Lo cierto es que días después, el 10 de septiembre, el examen finalmente se realizó, pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.
Al examen fallido del 26 de agosto no asistieron José María Armenta, Daniel Augusto Saleh Sánchez, Jorge Luis Lobo y Alfonso Portela, lo que redujo el número de postulados a 39.
Calificación inicial
El 11 de septiembre, los presidentes suscribieron el acuerdo 008 de 2023, en el que indicaron el puntaje en la prueba de conocimientos específicos y de competencias. Esta osciló entre cero y 250 puntos.
En la de conocimientos se formularon 50 preguntas, es decir, que para aprobarla se debían tener al menos 30 correctas, equivalente a 150 puntos. Así mismo, se reiteró que únicamente aquellos que habían acreditado al menos esos 150 puntos procedian para calificar pruebas de competencias.
Así las cosas, de mayor a menor en las pruebas de conocimiento específico, los magistrados indicaron que el primer puesto lo había obtenido José Joaquín Vives con 38 correctas y 190 puntos, Virgilio Almanza con 37 correctas y 185 puntos, Orlando Muñoz con 36 correctas y 180 puntos.
Virgilio Almanza y José Joaquin Vives, lideran las calificaciones en el concurso.
A ellos les siguieron Armando Novoa con 170, Hernan Penagos con 165, William Ochoa 160, Neiro Alvis 155, y José Darío Castro con 155.
En consecuencia, solo a estos se procedió a calificarles entonces la prueba de competencias, lo que volvió a barajar el ajedrez y cambiaron las posiciones de los aspirantes.
El considerado candidato del actual registrador Alex Vega, Virgilio Almanza se ubicó en el primer lugar con 382,6 puntos. José Joaquín Vives, cuestionado por sus vínculos con el narcotraficante Jose Rafael Abello Silva conocido como “ El Mono” Abello”, otrora jefe del cartel de la Costa y enviado el pasado 27 de octubre a la cárcel por amenazas a una magistrada, pasó al segundo lugar con 381,4 puntos.
A su vez, Carlos Mario Isaza ocupó el tercer puesto con 360.9 puntos, seguido por Jaime Suárez Bayona con 360.9, Armando Novoa 360.4, Orlando Muñoz 354.6, José Darío Castro el secretario general de la Registraduria de Alex Vega con 350.3, Hernán Penagos con 344 puntos, William Ochoa con 342,2 y Neiro Alvis con 155 puntos, pues no finalizó la prueba de competencias dentro del tiempo asignado y por lo tanto no se le calificó.
Reclamos y cambio de calificaciones
Sin embargo, la gran mayoría de los postulados quedaron con el sinsabor de haber presentado un examen con preguntas mal formuladas desde el punto de vista técnico y radicaron recursos para poder tener acceso a sus exámenes.
La primera acta de exhibición de exámenes a cada uno de los reclamantes se suscribió el 14 de septiembre, allí el secretario ad hoc Hugo Alejandro Sánchez les recordó el protocolo a seis postulados: no podían fotografiar los exámenes, únicamente tendrían una hora para revisarlos y solo podían sacar una hoja en blanco y un esfero, es decir, posteriores reclamaciones sólo podrían hacerlas con lo que alcanzaran a copiar de preguntas eternas y sus respuestas en ese término.
Lo mismo ocurrió el 18 de septiembre con otros siete aspirantes, entre ellos José Darío Castro. Al día siguiente acudieron otros tres.
Tras revisar los exámenes, veinte aspirantes interpusieron recurso de reposición contra el acuerdo 008, en el que se publicaron los puntajes y, en consecuencia, los resultados de las pruebas de conocimiento y competencias.
Alex Vega, actual Registrador Nacional del Estado Civil
Esta Agencia contactó a quince de los reclamantes, quienes se quejaron de la falta de técnica en la formulación de las preguntas; había preguntas cuya respuesta no tenía relación con las indicadas y otras cuya respuesta, “el concurso asegura que es de una manera, pero la realidad legal indica otra”, explicó uno de ellos que prefirió su anonimato.
Y vino lo impensable: una respuesta a esos recursos en 71 páginas en las que se volvió a barajar puntajes y posiciones dentro del concurso. Así mismo, se acrecentaba el rumor de que los presidentes de las Cortes habían dejado en manos de sus magistrados auxiliares el desarrollo del mismo, que hasta ese punto era, por más caótico.
Así las cosas, José Joaquín Vives en la prueba de conocimiento pasó de 38 a 41, Virgilio Almanza de 37 a 39, Orlando Muñoz de 36 a 38, Carlos Mario Isaza de 33 a 34, Hernán Penagos de 33 a 34, William Ochoa de 32 a 34, José Polanía de 29 a 30, Orlando Beltrán de 28 a 30, entre otros.
Es decir, al menos 37 de 39 postulados les fue variada su calificación, un escándalo para un examen de apenas 50 preguntas en el que ni siquiera se pudo realizar el 26 de agosto por una supuesta falla técnicamente contradictoria, según ingenieros expertos consultados.
Aspirantes con otro puntaje y un consentido
Tras el caos en las calificaciones y las presuntas correcciones en las respuestas, los presidentes de las Cortes divulgaron un nuevo listado con los que avanzaban en el proceso, es decir, aquellos a los que se les examinaría y calificaría la hoja de vida en cuanto a estudios específicos y publicaciones, entre otros aspectos.
En este punto pasaron trece aspirantes: José Joaquín Vives con 400.6 puntos, Virgilio Almanza 391.5, Jaime Suárez 374.5, Carlos Mario Isaza 369.6, Orlando Muñoz 368.5, Armando Novoa 363.9, William Ochoa 355.7, José Darío Castei 353.5, Hernán Penagos 352.5, Leonardo Torres 345.8, José Neiro Alvis 344.8, Orlando Beltrán 337.6 y José Polanía 334.
A mediados de octubre, fuentes consultadas con mucha cercanía a los tres magistrados señalaron que tuvieron fuertes discusiones por cómo hasta el momento se estaba manejando el concurso de méritos.
En efecto, para ese momento y sin aún analizar las hojas de vida, ya se hablaba de un cierre de filas por parte de dos de los tres magistrados en torno a un nombre; Hernán Penagos, quien es conocido y recordado más por su etapa política que académica.
Los presidentes de las cortes tenían una consigna adicional: no elegir a nadie cercano al actual registrador Alex Vega, quien terminó con muchos detractores a su paso.
Historia del favorito
Hernán Penagos Giraldo nació el 12 de agosto de 1971 en Samaná. Es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene tres especializaciones, una en derecho administrativo en la Universidad de Caldas, otra en servicios públicos domiciliarios del Externado y una tercera en justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia.
Curiosamente, la especialización y la maestría las obtuvo en la misma universidad en marzo de este año, con apenas siete días de diferencia. La maestría es también en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.
Hernán Penagos, es el aspirante considerado como favorito para ser el nuevo registrador
En cuanto a su experiencia profesional, la inició en el año 2000 como secretario de gobierno de la Alcaldía de Fresno. Luego fue asesor jurídico de la misma municipalidad. Tres años después, fue asesor jurídico de la Alcaldía de Mariquita, Tolima, y de la Alcaldía de Fresno.
En el año 2007 le ofrecieron ser candidato a la alcaldía de Samaná; sin embargo, días después le propusieron lanzar su nombre a la Asamblea, aceptó y ganó con un poco más de 8.000 votos. Sus mentores en ese momento fueron el exministro de Hacienda y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y la exsenadora Adriana Gutiérrez. De allí pasó a la oficina de abogado penalista Mauricio Pava, actualmente abogado del presidente Gustavo Petro en algunos procesos.
Para 2010, Penagos fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Caldas para el período 2010-2014. En 2014, con el aval del Partido de la U, fue reelegido con 28.599 votos.
Allí se desempeñó como integrante de la Comisión Segunda, donde realizó debates en contra de la Federación Nacional de Cafeteros. También hizo parte de la comisión de Investigación y Acusación dentro del proceso de la ‘Yidispolítica’ que exoneró al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En su segundo período en el legislativo, migró del Uribismo al Santismo. Se hicieron públicas cuotas suyas en la dirección departamental del DPS con Jorge Orlando García, así como en el Sena, según reveló La Silla Vacía.
Luego, desde el 3 de septiembre de 2018 al 3 de septiembre de 2022, se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral. A finales de 2022, trabajó como asesor jurídico de la Vice Defensoría del Pueblo para el seguimiento jurídico y legislativo de la Paz Total.
Penagos parece tener el camino despejado con dos de tres magistrados, quienes ya le habrían dado el guiño. Lo cierto es que este lunes cuando los diez aspirantes seleccionados de los 134 que se postularon presenten su entrevista, casi que será un asunto de trámite, en un concurso de mèritos con más sombras que luces.
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