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El ajedrez económico y legal de la disputa entre futbolistas y directivos

Economistas y actuarios estiman que la pretensión de la asociación de jugadores sería de $8.380 millones al año. Huelga de futbolistas se demandaría ante Tribunal Superior de Bogotá y podría ser declarada ilegal. Trasfondo del conflicto.

Agencia Period… Vie, 11/10/2019 - 08:39

Despiertan pasiones. Se mueven entre el amor y el desamor de los hinchas, dejan el alma, su juventud y su talento en la cancha. En muchos casos, su fama traspasa fronteras. La mayoría gana más de $10 millones al mes. Afuera del terreno de juego, alrededor de 1000 futbolistas, agremiados en Acolfutpro, libran una batalla administrativa, económica y legal para el reconocimiento de derechos laborales y de participación en el negocio del fútbol en Colombia, bajo la amenaza de entrar en huelga.

Sin embargo, sus aspiraciones no parecer tener una solución rápida, pues sus reclamaciones superaron a su empleador natural, los clubes y se encaminaron ante terceros, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. El Ministerio de Trabajo ya sentó su posición advirtiendo que estas entidades no son los empleadores directos de los jugadores.

El pasado sábado 5 de octubre, el calendario del fútbol colombiano tuvo un desarrollo especial. Hubo protesta de los jugadores de los clubes Tigres y Boyacá Chicó de la B. En la ciudad de Valledupar, apenas el central dio inicio al partido, los 22 jugadores en la cancha, durante el primer minuto se pasaron la pelota sin atacar.

También se presentaron protestas en los partidos de la fecha 15 de la Liga Águila, Jaguares vs Once Caldas y Huila vs Envigado. Desde ese momento se habla de un mensaje de huelga de los futbolistas profesionales.

Al respecto, son cuatro las posiciones en el conflicto, expresadas a la Agencia de Periodismo Investigativo, API. Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor considera que “no estamos obligados a negociar con los jugadores como quiera que no tienen un vínculo laboral directo y la ley es clara en cuanto a que la relación es empleador y empleado. Una postura que comparte Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien afirma que la entidad no es el empleador de los futbolistas.

Jesurun


A su vez, Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro indicó, “tenemos toda la legitimidad para presentar peticiones y actuar en nombre de los futbolistas”. En contraste, el viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena intervino inicialmente en el caso, recibió las explicaciones de los directivos y se mostró satisfecho con las respuestas.

Los aficionados también han intervenido en el asunto con diversas opiniones. “Lo que faltaba, que jugadores con salarios de hasta $150 millones al mes, más casa, más premios, hagan huelga. Se ganan en un año lo que un empleado se gana en 42 años”,  afirma Eduardo Rengifo. “El caso de Acolfutpro es muy simpático, nunca habla de los jugadores en bajo o pésimo nivel, de los casos de indisciplina, de los que golpean a sus compañeros, de los que simulan o lo que queman tiempo”, argumenta el hincha Dario Bernal.

Andrei Morales, administrador deportivo y aficionado al fútbol, señaló que “con Acolfutpro nos la jugamos para que el fútbol sea de todos, en especial de los más vulnerados materialmente”. Otro hincha, Luis Beltrán indicó. “lo único que les falta es enviar encapuchados de la Policía para que dañen la protesta pacífica y justa de los jugadores”.
     
Un lío que comenzó  el pasado 11 de septiembre, cuando jugadores profesionales agremiados en Acolfutpro le enviaron una carta a la Federación Colombiana de Fútbol en la que elevaron 12 peticiones a tratar: calendario de competencias profesionales, periodos de descanso y recuperación, concertar estatuto del jugador, el código disciplinario y la minuta única de contrato de trabajo; torneo profesional de fútbol femenino, pólizas complementarias de salud; horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos. 

Así mismo, dos reuniones anuales de Acolfutpro con los y las futbolistas de las selecciones Colombia masculina y femenina en el lugar de concentración y la adopción de protocolos contentivos en las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. 

Carlos Puche


“Reiteramos, nuestra disposición a tener un diálogo constructivo, sincero y comprometido con la FCF y la Dimayor, en consencuencia, con todo comedimiento, los exhortamos aceptar nuestro llamado, expresando nuestra plena disposición a la cimentación de un acuerdo escrito, a través de nuestra organización, Acolfutpro, para que se cree y consolide una respetada y justa relación entre los trabajadores del fútbol y las instituciones que lo rigen, sin tener que recurrir a otras instancias”, establece la misiva enviada.

También solicitaron otras, que generaron reacciones en los hinchas en las redes sociales. Un partido anual de la Selección Colombia de mayores en favor de Acolfutpro, participación sobre derechos de televisión, concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y las selecciones Colombia.

Según cifras de los clubes reportadas a la Superintendencia de Sociedades, el rango salarial mensual de los futbolistas profesionales oscila entre cinco millones de pesos el que menos gana, hasta $300 millones el salario máximo, como sucede con el portero de un reconocido equipo.

Frente a los derechos de televisión, Caracol Televisión pagó una millonaria cifra a la Federación. Efectuar un partido le cuesta a la entidad en promedio US$300.000 y muchos de ellos dan pérdida. Su utilidad consiste en la preparación del equipo para eliminatorias a mundiales y Copa América, especialmente. En cuanto a la boletería de eliminatorias y torneos locales representa un rubro significativo de ingresos.

Consultado sobre cuales serían las pretensiones económicas concretas de Acolfutpro por estos tres últimos conceptos, Carlos González Puche, señaló, “no hablamos de valores, cuando nos sentemos se hablará de los puntos. Una vez se constituya formalmente una mesa de negociación”.    

hinchada


Pese a ello, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a un economista y un actuario quienes hicieron una cuantificación de lo que representa en cifras al año, por derechos deportivos, un partido anual manejado por Acolfutpro y la boletería que solicitan los jugadores. “Si se suman estos tres conceptos y a esa asociación se le entregara el 5%, sus pretensiones anuales ascenderían a $8.380 millones”.

Según los expertos, un estimativo que se discrimina en $1.700 millones por derechos de televisión, otros $680 millones por concepto de un partido al año y $6.000 millones por boletería de eliminatorias, amistosos y liga local. Según cifras calculadas con base en el valor del contrato firmado por derechos de televisión, los ingresos y gastos de un partido amistoso de la selección y los estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades.

Experiencias en otros países como Francia, Inglaterra, España, Argentina, Brasil o Chile, dan cuenta que las asociaciones de futbolistas reciben un porcentaje pequeño de los derechos de televisión para fondos de retiro y en general mejoramiento de las condiciones de los jugadores activos e inactivos. 


Pero el tema que tiene asombrado a la afición no es nuevo. Trece años atrás, la misma agremiación interpuso una querella en contra del gobierno colombiano ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, argumentando que la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, se negaban a negociar colectivamente.

En la queja que llegó hasta la OIT la agremiación afirmó que el 17 de agosto de 2004 se realizó una reunión entre Acolfutpro, la Federación y la Dimayor con el propósito de discutir el Estatuto del Jugador. “En dicha reunión todas las partes se reconocieron mutuamente como representantes de los futbolistas y de los clubes de fútbol”, y agregaron que en dicha oportunidad también se discutió el ajuste de dicho estatuto a la legislación laboral y la adopción de un modelo de contrato de trabajo.

No obstante, un año después los presidentes de Federación y Dimayor regresaron el pliego del 18 de julio de 2005 argumentando que ellos no podían negociar teniendo en cuenta que no eran los empleadores directos de los futbolistas. A finales de agosto de 2005 se realizó una huelga.

En respuesta a la OIT, el gobierno nacional en el año 2006 señaló que los jugadores de fútbol profesional conformaron una organización civil y no una organización de trabajadores, es decir, a pesar que la Constitución y el Código de Trabajo establecen la posibilidad de agremiarse en un sindicato, no lo hicieron. “(...) la queja es inadmisible, ya que solo pueden presentar quejas las organizaciones de trabajadores o de empleadores.

El gobierno añadió que “Acolfutpro no está inscrita en el registro de organizaciones sindicales y que por lo tanto carece de competencia para negociar colectivamente ya que no puede presentar pliego de peticiones”. 

En la respuesta oficial del gobierno también se indicó que Federación y Dimayor no son organizaciones de empleadores, si no entidades que regulan aspectos del fútbol colombiano y de esa manera se relacionan con los clubes de fútbol, “pero no son empleadores ni los agrupan”. Y agregó que estas entidades habían sido autorizadas por los clubes para elaborar el Estatuto del Trabajador  más no un pliego de peticiones. 

En su momento, la Organización Internacional del Trabajo afirmó haber tomado nota de la solicitud y argumentó que así Acolfutpro no esté constituida como sindicato, según el objeto social de la misma, representa los derechos de los futbolistas profesionales colombianos y recomendó al gobierno atender los convenios 87 y 98.

partido amistoso


Otro es el punto de vista de abogados laboralistas que sostienen que en Colombia no existe el concepto de relación laboral indirecta, pues los trabajadores se vinculan a través de un contrato de trabajo mediante el cual atendiendo las disposiciones legales regulan las relaciones entre el trabajador y el empleador.

El laboralista Carlos Alberto Pereira indica que la figura de la negociación por marco sectorial existe en Europa pero no en Colombia y advierte que en el pais algunos sectores la han aceptado pero de manera voluntaria, es el caso de Sintrainagrario y la Asociación de Bananeros de Colombia. Así las cosas, “se requeriría un acuerdo de voluntades entre todos los clubes y a Acolfutpro para realizar una negociación de marco sectorial”, indicó el abogado.

Otra jurista va más allá e indica que los jugadores al no tener vínculo laboral ni de ninguna otra naturaleza con la Dimayor y la Federación, no existe una obligación a cargo de estas entidades para dar inicio a un proceso de negociación con los jugadores.

En consecuencia, al no constituirse un conflicto colectivo de trabajo, jurídicamente el escenario procedente a la huelga, “si estas personas quisieran promover un cese de actividades, tendría que manejarse como una huelga ilegal y la llamada a adelantarla como tal es la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial”.

Lo que implicaría una demanda especial ante el tribunal y después de declarada, el despido de aquellos que hubieran intervenido en ella, “sin perjuicio del debido proceso disciplinario que la empresa debe adelantar” estableció la abogada laboralista María Lucía Laserna.

arango


Y es que desde el pasado 11 de septiembre, cuando Acolfutpro radicó ante la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, una comunicación suscrita por algunos jugadores vinculados a los 36 clubes profesionales, solicitó sendos conceptos al respecto. 

En uno de ellos conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, se advierte que Acolfutpro no está reconocida formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por no ser una organización de tercer grado, “únicas que tienen la representatividad de un país”

Sin embargo, glorias del fútbol colombiano como Iván Ramiro Córdoba apoyaron la huelga y la agremiación, indicando a través de su cuenta de la red social Twitter, “con @Acolfutpro #NosLaJugamos para que las y los futbolistas tengamos las mismas garantías, para que nuestra voz sea escuchada, para que se respeten nuestros derechos y para que el fútbol sea de todos @Dimayor. 

Por su parte, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, emitió un comunicado respaldando el pliego de peticiones de los futbolistas y advirtiendo que el artículo 54 de la Constitución garantiza la negociación colectiva y realizó un llamado al Ministerio de Trabajo.

Aficionados como Andrés González sentenció, “van a pedir que los contratos tengan cláusula de terminación en caso de mal nivel del jugador? o solo piden y piden sin dar?”. 

El conflicto apenas comienza, las partes estan distanciadas. Lo cierto es que mientras directivos y jugadores ripostan, la asistencia a los estadios se reduce. Los aficionados piden un mejor espectáculo, jugadores relevantes y mayores atractivos para el deporte rey en Colombia.  

aviso

 

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